Panamá aprueba ley contra deepfakes: hasta 7 años de cárcel

De qué se trata el anteproyecto que prohijó la Comisión de Gobierno de Panamá

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá prohijó este miércoles 26 de agosto el anteproyecto 51, impulsado por la diputada Dana Castañeda, que busca sancionar con penas de 5 a 7 años de prisión la creación y difusión con inteligencia artificial de contenido falso que dañe la honra o reputación de una persona, según reportó La Estrella de Panamá.

El texto original de la propuesta —recogido por La República— contemplaba una pena base de 3 a 6 años de prisión, que se eleva al rango de 5 a 7 años cuando se cumple al menos una de tres condiciones agravantes: que el contenido se difunda por redes sociales, plataformas digitales o sistemas de mensajería masiva; que exista ánimo de lucro, represalia, intimidación, coacción o discriminación; o que la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor o esté en condición de vulnerabilidad.

La iniciativa también modifica el artículo 196 del Código Penal panameño para terminar con la exención de responsabilidad penal que hoy protege a servidores públicos, funcionarios de elección popular y gobernadores en los delitos contra el honor, siempre que se les atribuya de manera deliberada un hecho falso difundido por redes sociales o plataformas digitales.

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Qué excepciones contempla y qué queda fuera del anteproyecto

El anteproyecto 51 incluye excepciones explícitas para contenidos artísticos, educativos, periodísticos, académicos, científicos o de interés público, siempre que no tengan una finalidad denigrante y que puedan identificarse razonablemente como ficticios, dramatizados, recreados, editados o no auténticos, de acuerdo con el texto reportado por La República.

El contenido íntimo, sexual o de desnudez generado por IA queda fuera de esta propuesta porque ya está regulado por la Ley 478 de 2025, según el mismo reporte. Esto deja al anteproyecto 51 enfocado en difamación y daño a la reputación, no en pornografía no consensual.

Durante la discusión en comisión, la propia diputada Castañeda aclaró que la norma no busca restringir la caricatura política ni la crítica a funcionarios: "Nosotros tenemos que aguantar caricatura, eso no tiene nada malo, eso es parte del debate político y eso no es lo que nosotros estamos tratando de legislar", declaró, según La Estrella de Panamá.

Por qué importa este debate más allá de Panamá

Panamá se suma así a una ola legislativa regional y global contra los deepfakes y el uso malicioso de IA generativa, aunque con un enfoque propio: el combate a la difamación política, no la protección de imagen íntima. La Estrella de Panamá recogió que diputados de distintas bancadas reconocieron ser víctimas frecuentes de ataques coordinados en redes, muchos originados dentro de la propia Asamblea —el diputado Luis Eduardo Camacho denunció la existencia de "despachos que tienen personal pagado dedicado para usar las redes sociales para atacar a los otros diputados"—.

Para founders hispanohablantes el movimiento importa por dos razones. Primero, porque cada nueva jurisdicción que tipifica el uso dañino de IA obliga a las plataformas SaaS, herramientas de generación y apps sociales a revisar sus términos de servicio, sistemas de detección y políticas de moderación para evitar responsabilidad. Segundo, porque la velocidad regulatoria en LATAM va muy por detrás de Estados Unidos y Europa: en mayo de 2025 entró en vigor el House Bill 757 de Florida, que penaliza con hasta 15 años de prisión la distribución de altered sexual depictions, y en mayo de 2025 se firmó a nivel federal el TAKE IT DOWN Act, según reportó The Source. Panamá apenas está prohijando su primer proyecto; la presión por marcos federales supranacionales en Centroamérica y el resto de la región seguirá creciendo.

Qué significa esto para tu startup

Si tu producto genera, aloja o distribuye contenido generado por IA —imágenes, voz, video, avatares digitales, clones conversacionales— la noticia es una señal de que la regulación latinoamericana de IA viene, y viene rápido. Aunque el anteproyecto panameño aún debe pasar el pleno de la Asamblea y ser sancionado por el Ejecutivo para convertirse en ley, las empresas que operan en Panamá o que ofrecen servicios a usuarios panameños deberían:

Mapear los flujos de creación y distribución de contenido IA dentro de su producto e identificar los puntos donde un usuario podría subir o generar material difamatorio. Documentar controles internos (consentimiento, watermarking, trazabilidad) antes de que una fiscalización los exija.
Actualizar términos de servicio y cláusulas de indemnidad para incluir explícitamente prohibiciones sobre uso de la plataforma para generar material difamatorio o deepfakes contra terceros, con causales claras de suspensión.
Monitorear el avance legislativo en LATAM (Panamá, Colombia, Brasil, Chile, México) para anticipar requisitos de detección y remoción de contenido. En la legislación comparada —como el House Bill 757 de Florida— ya se imponen plazos de 48 horas para retirar contenido reportado, un estándar que podría replicarse.
Crear un canal de reporte y respuesta rápida ("notice-and-takedown") alineado con estándares como el TAKE IT DOWN Act estadounidense, que desde mayo de 2025 obliga a plataformas a actuar sobre reportes de imágenes íntimas no consensuadas, según The Source.

El anteproyecto todavía no es ley. Como recordó La República, ambas propuestas —el anteproyecto 51 y el anteproyecto 48 sobre derecho al olvido penal— deberán superar el análisis de la Comisión de Gobierno y luego las siguientes instancias legislativas antes de poder ser promulgadas.