Apple, demandada por US$2.700M en Reino Unido por ATT

Una exreguladora lleva a Apple al CAT por US$2.700M

Ann Pope, ex directora senior de competencia en la Competition and Markets Authority del Reino Unido, presentó el jueves en el Competition Appeal Tribunal (CAT) de Londres una demanda colectiva de 2.000 millones de libras (unos US$2.700 millones) contra Apple en representación de desarrolladores de aplicaciones británicos. La acción, vehiculada a través de ATT Collective Action Limited, acusa a Apple de aplicar el estándar de privacidad de App Tracking Transparency (ATT) con un rasero distinto para sus propios servicios publicitarios que para los de terceros, según recogió Reuters y replicaron medios como Yahoo Finance y AppleInsider.

El mecanismo que permite agregar una demanda de este tamaño es el régimen opt-out del CAT: todos los desarrolladores que encajen en la definición de la clase quedan cubiertos automáticamente, salvo que salgan expresamente. En la práctica, eso convierte a miles de PyMEs que jamás litigarían solas en una sola acción con peso institucional.

¿Cuál es exactamente la asimetría que denuncia la demanda?

La pieza central del caso no es la privacidad como principio, sino su aplicación. ATT exige desde abril de 2021 que cualquier desarrollador tercero pida consentimiento explícito antes de rastrear al usuario entre aplicaciones o sitios web de otras empresas; ese prompt redujo drásticamente las tasas de opt-in y, con ellas, los ingresos de los editores que dependían de la atribución publicitaria. En los primeros seis meses tras el lanzamiento de ATT, las redes sociales reportaron una caída cercana a los US$10.000 millones en ingresos, según datos citados por AppleInsider.

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La demanda sostiene que Apple, en paralelo, permitió que su propia plataforma publicitaria recopilase datos comparables dentro de sus apps sin pasar por la misma fricción de consentimiento. La consecuencia operativa para un anunciante tercero es directa: sin un identificador cruzado entre apps no se puede atribuir de forma fiable qué anuncio trajo una compra, así que cada venta resulta más cara de conseguir. Esa brecha entre lo que puede hacer el negocio publicitario propio de Apple y lo que se le exige a un editor independiente es, en el lenguaje de la demanda, un abuso de posición dominante en el mercado del smartphone.

Un patrón europeo que ya tiene antecedentes

El caso británico llega después de una cascada de decisiones europeas que apuntan en la misma dirección:

Francia multó a Apple con 150 millones de euros en abril de 2025 por la implementación de ATT, según Reuters.
Italia sancionó a la empresa en diciembre de 2025 con más de 98,6 millones de euros, según la cobertura de Yahoo Finance.
Alemania: la Bundeskartellamt concluyó en agosto de 2026 que los prompts de ATT estaban diseñados para obtener consentimientos más favorables para los servicios de Apple que para los de terceros, y obligó a un rediseño que elimina el lenguaje disuasorio. Apple aceptó los cambios, que se aplicarán también en la mayoría de mercados de la UE.
Polonia mantiene una investigación abierta sobre el mismo marco.

La demanda británica incorpora explícitamente estos fallos como evidencia de un patrón sistémico, no de incidentes aislados.

Lo que dice Apple y lo que viene en el calendario procesal

En su respuesta a 9to5Mac, Apple defendió que ATT ofrece "protecciones de privacidad importantes", que está sujeta a los mismos requisitos que cualquier otro desarrollador y que la herramienta ha sido respaldada por reguladores y defensores de la privacidad. La compañía discrepa de las acusaciones y adelantó que seguirá defendiendo ATT en los tribunales.

Antes de que el caso avance, el CAT debe certificar la acción colectiva, fase en la que se discute la definición de la clase, la homogeneidad del daño y el método de cálculo de pérdidas. Apple impugnará esa certificación. No hay calendario publicado para la audiencia: el caso iCloud que ya tramita el CAT contra Apple no se verá hasta finales de 2028, según AppleInsider, lo que da una idea de la duración típica de estos procedimientos.

En paralelo, la compañía sigue litigando el fallo del CAT de octubre pasado que la condenó por cobrar de más a desarrolladores entre 2015 y 2020 en un caso valorado en unas 1.500 millones de libras, y la disputa con Epic que ya suma seis años en tribunales. Google, en cambio, eligió cerrar su propia acción colectiva sobre la Play Store con un acuerdo de 260 millones de libras antes de llegar a fallo.

¿Qué significa esto para tu startup?

Si tu producto depende de ingresos por publicidad móvil, ATT ya estaba en tu P&L desde 2021; lo que cambia con esta demanda es que el riesgo regulatorio deja de ser un tema solo europeo de autoridades de competencia y pasa a manos de tribunales civiles con capacidad de fijar daños. Eso acelera el calendario de presión sobre cualquier feature que aplique reglas distintas a servicios propios frente a servicios de terceros en una plataforma cerrada.

Acciones concretas que puedes tomar este trimestre:

Audita tu stack de atribución móvil. Si todavía confías en el IDFA o en señales equivalentes, asume que el coste por adquisición seguirá subiendo; evalúa migrar a SKAdNetwork y a modelos de modelado de conversiones tipo conversión probabilística.
Mide el coste de oportunidad de no estar en iOS. Para productos consumer con monetización publicitaria, compara el LTV por usuario iOS vs. Android post-ATT y decide si tiene sentido redirigir presupuesto a web, Android o canales directos.
Prepara un dossier de consentimientos. Con la regulación europea convergiendo hacia los estándares de la Bundeskartellamt, conviene documentar cómo y dónde pides consentimiento para tratar datos publicitarios en cada mercado: te servirá si un regulador o un socio corporativo te pide acreditar compliance.

El caso británico es solo una arista de un tablero mucho más amplio que incluye la DMA europea, los movimientos de Apple con agentes de IA en el App Store anunciados en WWDC 2026 y la larga cola del litigio con Epic. El patrón es claro: en plataformas cerradas, la asimetría entre lo que el operador se permite a sí mismo y lo que exige a terceros se ha vuelto el flanco favorito de reguladores y demandantes.