Housers: 57 millones sin justificar y el giro a Crowpire

Qué pasó con los 57 millones que Housers no explica

Housers captó 167 millones de euros de inversores particulares y asegura haber devuelto 110. Los 57 millones restantes no tienen explicación pública, ni siquiera un año después de que la compañía se rebautizara como Crowpire. Para cualquier founder que levante capital de terceros o que opere un marketplace donde el dinero de otros pasa por sus manos, el caso es una clase magistral sobre lo que ocurre cuando la gobernanza se diseña para diluir la responsabilidad.

La versión oficial de la nueva dirección es que el desfase corresponde a una etapa anterior. Según su relato, la mayoría de los proyectos siguen en desarrollo o construcción, y el resto están en fase de recobro o directamente en los tribunales. La empresa sostiene que no puede facilitar cifras concretas hasta que el dinero se vaya repartiendo entre los inversores.

El problema es que las cifras tampoco cuadran entre sí. Mientras la compañía presume de 167 millones captados y 110 devueltos, laSexta cifra en 150 millones el dinero invertido y en 66 millones lo no devuelto. La propia Crowpire, en su presentación pública recogida por Intereconomía, habla de casi 150 millones de capital financiado y más de 72 millones devueltos. Tres relatos, tres huecos distintos y ninguna reconciliación pública.

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A eso se suma el detalle que más irrita a los afectados: varias decenas describen comisiones del 10% detraídas sin factura nominativa, lo que les impedía deducirse el gasto en el IRPF. La firma responde que esa práctica corresponde a etapas anteriores a la dirección actual.

«Si el promotor fracasa o quiebra, el inversor pierde su dinero», resume Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), en declaraciones a laSexta. Un inversor consultado por ese medio lo pone en números: hace ocho años le vendieron proyectos de 12 meses y hoy tiene 114.000 euros atrapados.

El entramado societario: quién respondía cuando el proyecto se paraba

Sobre el papel, la responsabilidad de Housers terminaba en cuanto se cerraba la financiación de una promoción. La plataforma se presentaba como un simple intermediario que desaparecía al terminar su trabajo. En la práctica, esas promociones acababan gestionadas por un administrador supuestamente independiente que, en buena parte de los casos, era Atrium Lex.

El rastro se enreda rápido. El responsable de Atrium estaba vinculado a Housers a través de varias empresas radicadas en el mismo piso del barrio madrileño de Peñagrande. Ese mismo administrador era apoderado de Firsthom Properties, la firma que en 2019 compró las filiales de Housers en Italia y Portugal por casi un millón de euros. Y el presidente de Firsthom presidió a su vez Lemon Key, una sociedad que uno de los fundadores de la startup, Antonio Brussola, usó para desviar más de 55.000 euros, según una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Atrium acumula además quejas y denuncias judiciales de decenas de inversores que la acusan de llevar años sin presentar cuentas ni convocar juntas en promociones paralizadas. En una promoción de Barcelona, la gestora aseguró a los inversores que el edificio estaba tapiado cuando en realidad se encontraba en perfecto estado. La Agencia Española de Protección de Datos la multó con 100.000 euros por tratar datos financieros sin base legal, y llegó a tener el NIF revocado por insolvencia durante unos meses entre 2021 y 2022.

Tres reguladores y un marco que se convirtió en paraguas

España diseñó su marco de financiación participativa con la Ley 5/2015, que obligó a plataformas como Housers a operar bajo supervisión de la CNMV. La norma llegó más tarde que en otros mercados europeos y con un sesgo claro: protegía al inversor exigiendo que el intermediario no gestionara directamente los proyectos. Esa separación, pensada como garantía, terminó funcionando como paraguas: el administrador independiente que debía vigilar la promoción solía tener lazos con quien la promovía.

El balance sancionador retrata esa fragilidad. La CNMV multó a Housers con 215.000 euros en 2019 y el supervisor italiano CONSOB hizo lo propio con 100.000 euros ese mismo año. Pocas semanas antes de asumir la presidencia, Juan Guruceta recibió una sanción de 54.000 euros del Banco de España junto a Divilo, la fintech que preside. La dirección actual sostiene que todo ello pertenece al pasado y es ajeno a Crowpire.

La nueva etapa, eso sí, llega con capital. Según Intereconomía, Crowpire arrancó con 4 millones de euros de nuevos inversores que se suman a los 11 millones de la etapa anterior, para un total de 15 millones, y con la plataforma de pagos de Divilo integrada en su propuesta. También declara 456 proyectos financiados, más de 72 millones devueltos, una rentabilidad anual media superior al 7% y 10.000 inversores con wallets activos.

Un mercado que crece mientras la confianza se rompe

El caso Housers no es la foto completa del sector. Según la CNMV, el 72,2% de la financiación captada por las plataformas de crowdfunding en España durante 2023 se destinó al sector inmobiliario. Y según el informe de Universo Crowdfunding recogido por Intereconomía, la recaudación del crowdfunding inmobiliario español alcanzó los 366,2 millones de euros en 2024, frente a algo más de 219 millones en 2023: un crecimiento superior al 65%.

Hay plataformas que operan con números muy distintos. Urbanitae, supervisada por la CNMV, ha financiado proyectos por más de 590 millones de euros y más de 8.200 viviendas entre España y Portugal, según El Español. Civislend permite entrar desde 250 euros con una rentabilidad media histórica en torno al 10% en proyectos finalizados, y Wecity acumula más de 293 millones financiados en más de 221 proyectos con una rentabilidad media superior al 12%, según el recopilatorio de Estrategias de Inversión.

La conclusión incómoda es que el problema no fue el modelo de negocio, sino la gobernanza. El crowdfunding inmobiliario funciona cuando el vehículo que gestiona el proyecto rinde cuentas. Cuando ese vehículo es una sociedad vinculada al promotor, el inversor descubre el problema demasiado tarde.

Qué significa esto para tu startup

Si tu empresa toca dinero de terceros —crowdfunding, crowdlending, marketplaces de inversión, incluso pagos— el caso deja cuatro lecciones operativas:

Define quién responde con nombre y apellidos. Si el vehículo que gestiona el proyecto es una sociedad distinta de la tuya, asegúrate de que no comparta administrador, domicilio ni apoderado con el promotor. La independencia formal sin independencia real es el agujero por donde se pierde la confianza.
Documenta cada euro que pasa por tu plataforma. Comisiones con factura nominativa, cuentas presentadas y juntas convocadas. La opacidad es lo que convierte un retraso de obra en un escándalo reputacional.
No uses el rebranding como borrador. Cambiar de nombre no extingue el pasivo reputacional, las demandas ni las sanciones. Si vas a rebautizar una compañía con historial, comunica explícitamente qué se asume y qué no: el silencio se interpreta como ocultamiento.
Haz due diligence inversa. Si vas a levantar capital de una plataforma o a invertir a través de ella, revisa quién administra el vehículo, si presenta cuentas y si comparte domicilio con el promotor. Son diez minutos de registro mercantil que evitan años de litigio.

Conclusión

Housers fue una de las primeras plataformas de financiación participativa autorizadas por la CNMV en España y llegó a promocionarse con un reclamo potente: invertir en promociones inmobiliarias con la misma lógica que un gran fondo. Lo que queda es un mercado que prometió democratizar el ladrillo y ha dejado a miles de pequeños inversores atrapados en promociones paralizadas.

El próximo hito será comprobar si las demandas en curso aclaran el rastro del dinero y si las sociedades gestoras presentan por fin las cuentas que llevan años debiendo. Hasta entonces, los 57 millones seguirán sin dueño conocido. Para el ecosistema emprendedor español, la lección es sencilla y cara: la transparencia no es un valor de marca, es infraestructura.