España: 20 centros de IA y chips con deducciones del 15%

España tendrá una red de hasta 20 centros públicos de investigación con estatus de «interés nacional» en inteligencia artificial, semiconductores y computación cuántica, y las empresas que innovan pagarán menos impuestos: la deducción fiscal sube del 12% al 15%. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el real decreto-ley de soberanía científica y tecnológica, un paquete de medidas urgentes que llega a poco más de una semana de las elecciones generales del 29N y que toca de lleno la factura fiscal y la burocracia de cualquier startup que haga I+D en España.

¿Qué incluye el real decreto-ley de soberanía tecnológica?

El texto se apoya en cuatro bloques de medidas, según el detalle publicado tras el Consejo de Ministros:

  • Red de hasta 20 centros públicos de «interés nacional» en 10 áreas estratégicas, con más autonomía para contratar, comprar equipos y llevar resultados al mercado. El estatus dura cinco años, prorrogables hasta diez.
  • El Barcelona Supercomputing Center (BSC) se convierte en fundación pública adscrita a la Administración General del Estado y podrá crear una empresa para comercializar sus resultados.
  • Menos trámites en convenios de I+D+I y contratos, retribuciones más altas para investigadores financiados con fondos externos y eliminación de autorizaciones previas en ciertos contratos.
  • Incentivos fiscales: la deducción por innovación tecnológica pasa del 12% al 15%, las empresas sin beneficios podrán monetizar hasta tres millones de euros al año en deducciones en lugar de uno, y las bonificaciones por contratar personal de I+D duran cinco años en vez de tres.

El presidente Pedro Sánchez presentó el paquete con una frase que resume la intención: «Soberanía es no depender de multinacionales ni intereses extranjeros».

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¿Qué son los centros de «interés nacional» y en qué sectores competirán?

Las diez áreas contempladas son las que la Comisión Europea y las estrategias nacionales de innovación consideran críticas: semiconductores avanzados, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, biotecnologías, conectividad y navegación, tecnologías avanzadas de detección, tecnologías espaciales y de propulsión, tecnologías energéticas, robótica y sistemas autónomos, y materiales, fabricación y reciclado avanzados, según recoge ABC.

El régimen especial podrá aplicarse a consorcios y fundaciones del sector público y a entidades ya acreditadas como centros Severo Ochoa o unidades María de Maeztu. La selección la hará una comisión interministerial integrada por 14 ministerios, y la incorporación final deberá aprobarla el Consejo de Ministros, según Diario de Sevilla.

Para quien investiga, el cambio relevante no es la creación de centros nuevos —la mayoría ya existen— sino su estatus: podrán recurrir al derecho privado para transferir resultados, constituir sociedades mercantiles y participar en ellas. Es decir, se abre la puerta a spin-offs y licencias desde infraestructura pública.

El Barcelona Supercomputing Center cambia de forma jurídica

El BSC es una de las principales infraestructuras europeas en supercomputación e IA y pasa a operar como fundación pública, con más capacidad de gestión y margen para colaborar con empresas. La ministra de Ciencia, Diana Morant, lo justificó señalando que el centro necesita «una estructura jurídica más adecuada» para seguir desarrollando proyectos científicos y colaboraciones con el sector empresarial.

Conviene recordar el contexto: ABC recuerda que el centro estuvo en el foco mediático en mayo de 2025, cuando la Fiscalía Europea abrió una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para adquirir un ordenador cuántico de 9,8 millones de euros financiado con fondos Next Generation. El centro defendió entonces que actuó conforme a la legislación de contratación pública y que colaboraba con las autoridades.

Deducciones fiscales: ¿cuánto puede ahorrar tu startup?

Este es el bloque que impacta directo en la caja de una empresa pequeña. Tres cambios concretos:

  • Deducción por innovación tecnológica del 15% (antes 12%) en el Impuesto sobre Sociedades.
  • Monetización de hasta 3 millones de euros al año para empresas sin beneficios pero con actividad innovadora certificada, frente al límite anterior de 1 millón.
  • Bonificación del 40% en las cotizaciones sociales por contratación indefinida de investigadores, que pasa de tres a cinco años.

Para dimensionarlo: las deducciones por proyectos de I+D pueden llegar hasta el 42% del gasto, y hasta el 59% si el gasto en I+D crece respecto al año anterior, según el análisis de la consultora Leyton recogido por La Razón. La novedad del decreto es que mejora la vía de la innovación tecnológica, un concepto más amplio que el I+D clásico y que muchas pymes nunca reclaman.

¿Por qué España parte en desventaja?

El punto de partida es el que explica la urgencia. España invierte menos en I+D que la media europea: 1,50% del PIB en 2024 frente a cerca del 2,2% europeo, según los datos citados en el propio análisis del decreto. La brecha no es solo de volumen, también de estructura.

El Español documentó que la inversión en I+D alcanzó los 22.379 millones de euros en 2023, un 15,8% más que el año anterior, pero que para cumplir el objetivo del 2,12% del PIB en 2027 haría falta superar los 34.000 millones. El Mundo añade que el presupuesto público en I+D se mantiene estancado en el 0,60% del PIB desde 2012, frente al 0,73% de la UE y al 1,08% de Alemania. Y La Razón, citando el European Innovation Scoreboard, sitúa a España como «innovador moderado», en el puesto 17 de la UE, con un tejido donde el 99,8% son pymes.

La Fundación COTEC calcula que harían falta crecimientos anuales de la I+D cercanos al 24% para llegar al objetivo de 2027, muy por encima del ritmo actual. El real decreto-ley, en ese sentido, ordena y abarata el sistema, pero no pone dinero nuevo sobre la mesa.

El calendario político es el mayor riesgo

Con las Cortes disueltas, el decreto debe convalidarse por la Diputación Permanente en un plazo de treinta días, según el artículo 86 de la Constitución. El próximo Gobierno podría modificarlo o derogarlo. Ese es el motivo por el que ninguna startup debería construir su plan financiero a cinco años confiando en estos incentivos.

Vale la pena mirar la semana completa: el mismo Consejo de Ministros aprobó otra norma distinta, el real decreto de centros de datos, que obliga a las instalaciones de 10 MW o más a cubrir el 80% de su consumo con renovables hora a hora, según El Mundo. La patronal SpainDC cifró en 67.000 millones de euros las inversiones en riesgo y varias comunidades ya anunciaron recursos judiciales. Dos señales opuestas en siete días: más incentivo fiscal para innovar, más fricción regulatoria para desplegar infraestructura.

¿Qué significa esto para tu startup?

1. Audita si calificas para la deducción del 15% por innovación tecnológica. La mayoría de las startups asume que no aplica porque «no hacemos I+D de laboratorio». El concepto de innovación tecnológica cubre mejoras sustanciales de procesos, productos o software. Revisa con tu asesor los ejercicios no prescritos: si tienes actividad certificable, el salto del 12% al 15% se suma a lo que ya podrías estar reclamando.

2. Si no tienes beneficios, planifica la monetización. El límite sube de 1 a 3 millones de euros anuales. Eso convierte la deducción en caja real en lugar de un crédito fiscal que se acumula sin usarse. Es dinero que puede financiar contrataciones sin diluir capital.

3. Modela la bonificación del 40% a cinco años. Si vas a contratar perfiles de I+D en indefinido, el ahorro en cotizaciones se extiende dos años más. Es un argumento concreto para cerrar contrataciones que antes no cuadraban.

4. Prepara la relación con los centros públicos. Si trabajas con centros Severo Ochoa o María de Maeztu, los convenios tendrán menos trámites y los centros podrán crear empresas y participar en sociedades. Eso habilita figuras de licencia, spin-off conjunto o joint venture tecnológica que antes eran un laberinto administrativo.

5. No dependas del calendario electoral. Convalidación en 30 días y un Gobierno que puede cambiar tras el 29N: trata estos incentivos como upside, no como línea base de tu modelo.

Conclusión

El real decreto-ley de soberanía científica y tecnológica es la apuesta más ambiciosa de España por ordenar su sistema de innovación: menos burocracia, más autonomía para los centros punteros y una fiscalidad algo más amable para quien innova. Para un founder, el valor inmediato está en los tres números fiscales —15% de deducción, 3 millones monetizables, cinco años de bonificación— y en la puerta que se abre para colaborar con infraestructura pública.

El límite es evidente: sin presupuesto nuevo y con un horizonte político de semanas, el decreto es una mejora del marco, no un cambio de escala. La brecha con la media europea seguirá ahí hasta que la inversión, pública y privada, suba de forma sostenida.

Fuentes

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