Chile prepara filtro a inversión extranjera: qué se debate

Qué es el investment screening y por qué Chile lo discute ahora

A más tardar a comienzos de noviembre, el Ejecutivo chileno abrirá una ronda de conversaciones prelegislativas para tramitar un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras, conocido como investment screening. De no mediar imprevistos, en diciembre ingresará una indicación sustitutiva que modificará sustancialmente un proyecto que duerme en la Comisión de Hacienda del Senado.

Para un founder, la pregunta no es académica. Si el mecanismo queda mal diseñado, puede convertirse en una nueva capa de permisología que alargue cierres de ronda, ventas de activos o joint ventures con capital extranjero. Si queda bien diseñado, ordena un vacío regulatorio que hoy existe.

El nervio político de la discusión es la posición de Chile como el pastrami del sándwich en la contienda comercial entre Estados Unidos y China. El tema tomó vuelo con el escándalo del cable submarino Chile China Express en febrero. Al mes y dos semanas de asumir, el Gobierno anunció que presentaría un proyecto de ley.

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Los hechos que empujaron el debate

Desde entonces se acumularon señales que cruzaron la discusión con la geopolítica:

Reiterados emplazamientos del embajador de EEUU Brandon Judd para que Chile adopte una legislación de este tipo.
La sobretasa arancelaria del 12,5% impuesta por Trump en julio.
Las dudas sobre la continuidad del TLC y la negociación para destrabar ese conflicto.
La adhesión de la administración Kast al Escudo de las Américas, que pide "explorar" este tipo de filtros.

El Gobierno sostiene que no es una medida arbitraria ni un mecanismo político, que la mayoría de los países de la OCDE ya lo tienen, que es un asunto de seguridad nacional y que no apunta a los intereses chinos en el país. Lo han reiterado el canciller Francisco Pérez Mackenna y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, quien lleva el proceso preparatorio y es además la cara visible en la negociación con Washington por los aranceles.

Los precedentes que se citan puertas adentro

En reuniones reservadas con asesores de senadores, la Subrei presentó tres casos anteriores como precedentes que grafican la necesidad de un mecanismo:

El propio cable chino.
El "Caso Pasaportes" de 2021, cuando el Registro Civil anuló una licitación ya adjudicada a un consorcio liderado por la firma china Alsino para fabricar cédulas y pasaportes por 10 años. EEUU advirtió el riesgo de que los datos personales cayeran en manos chinas y La Moneda temió por el programa Visa Waiver.
Un episodio vinculado a la Compañía General de Electricidad (CGE), cuyo 97,145% pertenece a State Grid Corporation of China a través de State Grid Chile Electricity SpA.

Un informe de la Universidad Adolfo Ibáñez (Juan Carlos Jobet y Juan Obach, septiembre de 2026) suma otros antecedentes: la compra de Chilquinta por State Grid en 2019, la de CGE en 2021 y la presencia de la china Tianqi Lithium como accionista del 23% de SQM. El texto destaca que la FNE solo revisó la lógica de libre competencia porque carecía de atribuciones en seguridad nacional.

El dato que tensiona todo: China concentra el 33,1% de las exportaciones chilenas, según el último Informe mensual de Comercio Exterior de la Subrei, casi el doble que EEUU.

Qué contiene el borrador que prepara el Ejecutivo

El proyecto original (Boletín N°18.105-05) fue presentado justo antes del cambio de mando de marzo por un grupo de senadores y modifica una ley de 2016, el marco para la inversión extranjera. Plantea revisar solo inversiones en sectores "estratégicos definidos por ley", infraestructura crítica y operadores vitales, con tres salidas posibles: no hay riesgo; se condiciona a medidas de mitigación; o excepcionalmente no hay cómo subsanarlo.

El problema es que ese texto tiene vacíos: no fija plazos ni define qué órgano estatal evaluaría y resolvería. Por eso el Gobierno optó por indicar el proyecto existente en lugar de enviar uno nuevo.

Según la Subrei, la redacción en curso contiene una "revisión focalizada" en riesgos para la seguridad nacional, con "criterios técnicos y objetivos", sectores "previamente delimitados" y procedimientos con "plazos definidos". También considera "nuevas inversiones" y se orienta por proporcionalidad, transparencia, no discriminación y debido proceso. Una mesa interministerial sesionó cinco veces entre marzo y agosto para delimitar los sectores estratégicos.

Cómo lo hacen otros países

El argumento oficial de que "la mayoría de la OCDE ya lo tiene" es correcto, pero incompleto. Según Asset Servicing Times, más de 100 jurisdicciones exigen hoy revisiones de inversión extranjera. El FIRRMA estadounidense, el marco de cooperación de la UE de 2020 y la National Security and Investment Act británica de 2022 marcaron el ritmo.

El caso del Reino Unido es ilustrativo del volumen: el gobierno reportó 1.143 notificaciones entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, cerca de un 26% más que en el período anterior. Y la UE aprobó una revisión de su regulación en diciembre de 2025 que obligará a los 27 Estados miembros a tener un mecanismo nacional, con entrada en vigor prevista para comienzos de 2028.

Hay una advertencia práctica en esos datos. En Irlanda, desde que el régimen entró en vigor en enero de 2025, aproximadamente el 65% de las transacciones notificadas no cumplían los criterios de notificación obligatoria, según la misma publicación. Es decir: la incertidumbre empuja a las partes a presentar expedientes innecesarios, con costo en tiempo y dinero.

Esa es exactamente la alerta que levanta Libertad y Desarrollo en su informe de julio sobre Nueva Zelanda, Canadá, México y Australia: no replicar modelos foráneos de manera directa, porque nacieron en los '70 en una era de fuerte proteccionismo. El estudio de la UAI va más lejos y plantea que "el default debiera ser no intervenir".

Qué significa esto para tu startup

Aunque el mecanismo apunte a infraestructura crítica, energía, telecomunicaciones o data centers, sus efectos se derraman sobre cualquier compañía que levante capital o venda activos con contraparte extranjera.

Tres acciones concretas:

Mapea tu cap table por jurisdicción. Si tienes inversores o socios en sectores que podrían quedar dentro del perímetro (energía, telecom, datos, puertos), conviene identificar ahora quién es el beneficiario final de cada vehículo. Los regímenes de screening exigen cada vez más "look-through" sobre estructuras multinivel.
Anticipa el calendario de cierre. Si el mecanismo incluye plazos de revisión, un cierre puede estirarse. Documenta desde el inicio del proceso de due diligence y reserva tiempo extra en los term sheets.
Sigue las licitaciones portuarias. Varias concesiones en Chile vencen hacia 2030 y pasarán por el TDLC. El precedente del puerto peruano de Chancay, controlado en un 60% por la estatal china COSCO Shipping, ya está en la conversación.

El riesgo real que advierte Libertad y Desarrollo es que el espacio de negociación previo al rechazo de una inversión —exigir cupos en el directorio, por ejemplo— abra la puerta a "tratamiento diferenciado entre empresas, discrecionalidad de los funcionarios y corrupción". Ese es el flanco que un founder debería vigilar en el texto final.

Conclusión

Chile va camino a tener un filtro de inversiones, y la discusión de fondo no es si debe existir sino qué tan acotado y predecible será. La definición de "seguridad nacional" y de "sectores estratégicos" es el punto que trabará el debate legislativo y el que definirá si esto es una regla clara o una nueva fuente de incertidumbre para quien invierte.

Para el ecosistema emprendedor, la lectura es práctica: los mecanismos de screening ya son parte de la ejecución de transacciones a nivel global, no un tema nicho de M&A. Prepararse antes de que la norma exista es más barato que reaccionar cuando llegue.