Por Esteban Ruiz Omegna, Director Ejecutivo de la Asociación Gremial de Legaltech de Chile (ALTECH).
Hay una pregunta que me hacen con frecuencia cuando viajo a conferencias en Ciudad de México, Buenos Aires, Lima o Bogotá: ¿por qué Chile? ¿Por qué un país de 19 millones de habitantes, con un mercado legal relativamente pequeño comparado con el de Brasil, Argentina o México, se ha convertido en un referente regional para la innovación en servicios jurídicos? La respuesta no es simple, pero tampoco es un accidente. Es el resultado de años de política pública coherente, inversión en infraestructura digital y, sobre todo, de una comunidad de emprendedores y abogados que decidieron no conformarse con el statu quo.
Chile no es la promesa del legaltech latinoamericano porque tenga el mercado más grande. Lo es porque tiene las condiciones más maduras para construir, probar y escalar soluciones que después pueden viajar al resto de la región.
La infraestructura como habilitante silencioso
Hay un factor que no aparece en los rankings de ecosistemas emprendedores pero que tiene un impacto enorme: la infraestructura digital del país. Chile tiene una de las coberturas de internet más altas de América Latina. Tiene un sistema de identidad digital (la clave única del Registro Civil) que permite autenticar personas en línea de manera confiable. Tiene firma electrónica avanzada con valor legal. Y tiene un nivel de adopción de servicios digitales que hace viable construir productos que dependan de esa base.
Un hito que marcó un antes y un después fue la digitalización del Poder Judicial y la implementación del expediente electrónico. No porque haya sido un proceso perfecto, sino porque transformó estructuralmente la forma en que el derecho se practica. Hoy, la tramitación de causas civiles, laborales, de familia y otras se realiza en línea. Eso parece obvio en 2025, pero hace menos de más de una década era impensable para buena parte de la judicatura chilena. Y ese cambio abrió la puerta a algo concreto: hoy existen startups que conectan con el sistema del Poder Judicial para automatizar el seguimiento de causas, reducir el trabajo manual de los equipos jurídicos y mejorar la experiencia de abogados y clientes.
De la automatización al acceso
Lo más interesante del ecosistema legaltech chileno es que está abordando múltiples capas del sistema legal al mismo tiempo. En el ámbito corporativo, hay soluciones de gestión de contratos que permiten redactar, negociar, firmar y archivar documentos desde una sola plataforma —eliminando de una vez las versiones de Word circulando por correo— y herramientas de compliance que ayudan a gestionar obligaciones regulatorias, desde la Ley de Responsabilidad Penal hasta la normativa de protección de datos.
También existen iniciativas para resolución de conflictos en línea entre partes (consumidores-empresas, empresa-empresa, etc.) sin necesidad de acudir a tribunales físicos, o también infraestructura que opera al interior de empresa para manejar procesos legales, tanto de sus áreas, como para responder de forma automática oficios o reclamos.
En el ámbito del acceso a la justicia, donde el legaltech tiene su potencial más transformador y menos explorado, están emergiendo plataformas que acercan el derecho a personas y pequeñas empresas que hoy no pueden costear asesoría jurídica de calidad. Y en inteligencia artificial aplicada al derecho, varias startups chilenas desarrollan chatbots legales y análisis de jurisprudencia con modelos adaptados al contexto latinoamericano. No es una copia de Silicon Valley: es una adaptación con identidad propia.
Los desafíos que no podemos ignorar
Sería deshonesto no hablar de los problemas reales. El primero es la falta de interoperabilidad del Estado. El SII, el Conservador de Bienes Raíces, el Registro Civil, el Poder Judicial, la CMF: cada uno tiene sus propias interfaces y sus propias lógicas de acceso. Para una startup que quiere ofrecer una solución integral, esa fragmentación es un obstáculo enorme. Invertimos meses de ingeniería en integraciones que deberían ser triviales, porque el Estado no ha priorizado la arquitectura de datos como un bien público. Lo que necesitamos es una cultura de APIficación de los servicios públicos: que el Estado libere sus datos a través de interfaces estándar que los privados podamos usar para construir. Eso ya ocurre en Estonia, en el Reino Unido, en algunos estados de Brasil. Chile tiene la infraestructura. Le falta la voluntad.
Y hay algo más preocupante: hoy vemos iniciativas que van exactamente en la dirección contraria. El acceso a datos públicos se está volviendo más difícil, y encontramos poca disposición institucional para dialogar de forma seria y responsable con el ecosistema. Eso es una señal de alerta que no podemos ignorar.
El segundo desafío es cultural.
También el mercado legal sigue siendo, en su mayoría, conservador frente a la tecnología. La resistencia al cambio es el principal freno del sector: abogados escépticos, firmas que ven la innovación como un riesgo y no como una oportunidad, clientes poco exigentes. Eso ha ido cambiando en el último tiempo, sobre todo con la adopción de IA, pero el camino es largo. La adopción tecnológica en el mundo jurídico no se decreta; se construye con casos de uso concretos, con confianza y con resultados demostrables.
El derecho que viene
El mercado de servicios legales en América Latina mueve miles de millones de dólares al año. No es un nicho: es una industria crítica para empresas, familias e instituciones, y una de las menos permeadas por la tecnología. Eso, visto con los ojos correctos, no es un problema: es una oportunidad enorme.
Lo que hace a la región especialmente interesante es que comparte una historia jurídica única. La mayoría de nuestros países heredaron sistemas de derecho civil de raíz romana y estructuras procesales similares. Eso significa que una solución legaltech bien construida en Chile puede adaptarse y escalar a Colombia, Perú o México sin reinventarse desde cero. Esa ventaja comparativa es real y todavía está siendo subutilizada. Las facultades de derecho también tienen una responsabilidad aquí: formar abogados para el mundo que viene, no para el que ya pasó.
La tecnología no va a reemplazar a los abogados. Esa narrativa me parece más distracción que análisis. Lo que sí ocurrirá es que redefinirá qué hacen con su tiempo: cuando el trabajo rutinario se automatiza, el abogado queda libre para lo que ninguna máquina puede hacer —ejercer el juicio, comprender el contexto humano, diseñar estrategias creativas.
Chile tiene la oportunidad de liderar esa transformación en la región. No porque lo merezcamos especialmente, sino porque hemos construido las condiciones para hacerlo. Ahora hay que tener la valentía de aprovecharlo, y la lucidez de no desperdiciar lo que ya construimos.
