La revisión anticipada de la Ley de Startups en España abre el debate sobre marcos regulatorios efectivos para el emprendimiento en Latinoamérica.
Apenas dos años después de su entrada en vigor, el Gobierno de España está evaluando una revisión de la Ley de Startups, aprobada en enero de 2023 con el respaldo de la mayoría parlamentaria. La norma fue recibida inicialmente con entusiasmo por parte del ecosistema emprendedor, al prometer un entorno más favorable para la creación y crecimiento de nuevas empresas tecnológicas e innovadoras.
Sin embargo, a mediados de 2025, el Ejecutivo ha abierto un proceso de análisis para examinar los resultados alcanzados hasta ahora y determinar si son necesarias correcciones o ajustes. La decisión responde a la percepción de que los efectos esperados no se han materializado con la fuerza prevista, lo que ha llevado a sectores del ecosistema y representantes del ámbito empresarial a solicitar mejoras.
¿Qué contempla la Ley de Startups española?
La ley incluía incentivos fiscales para inversores y emprendedores, agilización de trámites administrativos para la constitución de sociedades, visados especiales para nómadas digitales, deducciones para business angels y beneficios para la atracción de talento internacional. Además, establecía definiciones formales de ‘startup’ y creaba un régimen especial para jóvenes empresas innovadoras.
No obstante, el entorno burocrático, la dificultad de acceso al capital y la falta de implementación ágil de algunos beneficios han generado críticas. Frente a esto, el Gobierno ha tomado nota y está dispuesto a reabrir el debate para adaptar la norma a las necesidades actuales del ecosistema.
¿Por qué importa esto a Latinoamérica?
En América Latina, muchos países están transitando procesos similares: creando leyes de fomento al emprendimiento e intentando atraer inversión internacional. Chile, México, Colombia y Argentina han implementado diversas estrategias, pero también enfrentan desafíos similares: marcos regulatorios poco adaptados a la realidad digital, trabas fiscales o burocráticas, y falta de incentivos reales para escalar.
El caso español puede servir de ejemplo sobre la importancia de no sólo decretar leyes ‘pro-startups’, sino de medir sus resultados, corregir errores con agilidad y escuchar a los actores reales del ecosistema.
Latinoamérica tiene una oportunidad enorme: observar experiencias internacionales y adaptar lo aprendido para crear normativas flexibles, eficientes y centradas en el crecimiento sostenible de las startups.
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