LibreOffice exige a la UE usar formatos abiertos ODF

La Comisión Europea en el ojo del huracán: .xlsx en una consulta sobre ciberseguridad

El 3 de marzo de 2026, la Comisión Europea publicó una convocatoria de feedback para las guías de implementación del Cyber Resilience Act (CRA), la ley de resiliencia cibernética de la UE. Hasta ahí, todo normal. El problema fue la herramienta elegida para recibir esas respuestas: una hoja de cálculo en formato .xlsx, el formato propietario de Microsoft Excel.

Para una institución que lleva años promoviendo la soberanía digital, la reducción de dependencias de proveedores y el uso de estándares abiertos, exigir implícitamente software de Microsoft para participar en una consulta pública resultó, cuanto menos, contradictorio. Y así lo hizo saber The Document Foundation, la organización sin fines de lucro detrás de LibreOffice.

El pedido: coherencia entre discurso y práctica

La petición de The Document Foundation fue directa y bien argumentada: ofrecer el formulario de consulta también en ODF (Open Document Format) —concretamente en ODS para hojas de cálculo—, el estándar abierto e interoperable reconocido por ISO y adoptado por decenas de gobiernos en el mundo.

El argumento central no era técnico, sino político y democrático. Requerir un formato propietario para participar en un proceso de consulta pública genera un sesgo estructural: favorece a quienes tienen licencia de Microsoft Office y excluye —o dificulta la participación de— ciudadanos, organizaciones y empresas que usan software libre o alternativas open source.

Este sesgo resulta especialmente grave en el contexto del CRA, una regulación diseñada precisamente para fortalecer la resiliencia digital de Europa y reducir la dependencia de soluciones tecnológicas con vectores de riesgo concentrados en pocos proveedores. Pedir que la gente use Excel para opinar sobre ciberseguridad es, en cierta medida, un oxímoron institucional.

El contexto más amplio: soberanía digital y la Interoperable Europe Act

La tensión que evidenció este episodio no es nueva. La Comisión Europea ha impulsado en los últimos años una serie de políticas orientadas a la soberanía digital:

La Interoperable Europe Act, que promueve el intercambio de datos entre entidades públicas mediante estándares abiertos.
Iniciativas de open source como la Estrategia de Software de Código Abierto de la Comisión (2020–2023).
El propio CRA, que busca que los productos digitales con componentes de software sean más seguros y transparentes desde el diseño.

En este marco, la Agenda de Interoperable Europe para 2026 —adoptada por el Interoperable Europe Board en colaboración con la comunidad— refuerza la necesidad de que las instituciones públicas europeas lideren con el ejemplo en el uso de estándares abiertos. Usar .xlsx como único formato de consulta va exactamente a contramano de esa agenda.

The Document Foundation también señaló que el formato OOXML (.xlsx) —aunque cuenta con certificación ISO— es un estándar complejo, con partes no documentadas públicamente y con cambios que solo Microsoft controla de facto, lo que lo hace problemático en términos de independencia tecnológica real.

La respuesta de la Comisión: una victoria rápida para el software libre

Lo más destacable de este episodio —además del planteamiento de fondo— fue la rapidez de la respuesta institucional. En menos de 24 horas tras la publicación del pedido de The Document Foundation, la Comisión Europea aceptó la solicitud y publicó una versión ODS del formulario de consulta, disponible desde el 6 de marzo de 2026.

Si bien se trató de un ajuste puntual, el impacto simbólico es significativo: demuestra que la presión organizada de la comunidad de software libre puede traducirse en cambios concretos dentro de una burocracia del tamaño de la UE, y en tiempo récord.

Para el ecosistema de LibreOffice y el movimiento open source en Europa, este resultado —aunque modesto— es una señal alentadora de que el diálogo con las instituciones tiene sentido y puede generar resultados.

Implicaciones para founders y empresas tech en LATAM

¿Por qué debería importarle esto a un founder latinoamericano? Porque refleja una tendencia global que ya está afectando las decisiones de compra de tecnología en el sector público y privado:

Soberanía digital como requisito regulatorio: cada vez más gobiernos y organismos multilaterales exigen o priorizan software con estándares abiertos. Las startups que construyen sobre stacks propietarios podrían enfrentar barreras de entrada en licitaciones o integraciones institucionales.
Interoperabilidad como ventaja competitiva: adoptar ODF, APIs abiertas y arquitecturas sin vendor lock-in no es solo una decisión ética; es un diferenciador de mercado en sectores regulados (gobierno, salud, educación, finanzas).
El modelo open source escala: LibreOffice y The Document Foundation demuestran que las organizaciones basadas en comunidad pueden influir en política pública real. Para founders que construyen comunidades alrededor de sus productos, este es un caso de estudio poderoso.
Riesgo de concentración tecnológica: depender de un solo proveedor para formatos de datos críticos (documentos, hojas de cálculo, correo) expone a empresas e instituciones a riesgos operativos y geopolíticos que el mercado está empezando a pricear.

¿Qué es el Cyber Resilience Act y por qué importa?

El Cyber Resilience Act (CRA) es una regulación de la Unión Europea que establece requisitos de ciberseguridad para productos con componentes digitales —desde dispositivos IoT hasta software empresarial. Entró en proceso de implementación en 2024 y sus guías de aplicación práctica son precisamente lo que la Comisión estaba consultando en marzo de 2026.

Para startups tech que venden o planean vender en mercados europeos, el CRA es una regulación crítica: implica responsabilidades de seguridad desde el diseño del producto (security by design), gestión de vulnerabilidades, documentación técnica y, en algunos casos, certificación. Entender sus guías de implementación —y participar en su discusión— es parte de una estrategia de go-to-market europea bien informada.

Conclusión

Lo que comenzó como una queja puntual sobre un formulario en .xlsx terminó siendo una lección sobre coherencia institucional, soberanía digital y el poder de la comunidad open source para incidir en política pública. The Document Foundation no solo consiguió que la Comisión Europea añadiera el formato ODS en tiempo récord: puso sobre la mesa una pregunta que debería resonar en cualquier organización que se diga defensora de la interoperabilidad, ¿practicas lo que predicas?

Para los founders del ecosistema tech, el mensaje es claro: los formatos y estándares que eliges hoy no son decisiones técnicas neutras. Son decisiones estratégicas que afectan tu acceso a mercados, tu resiliencia operativa y tu alineación con el marco regulatorio que se está configurando en Europa y, progresivamente, en el resto del mundo.

Profundiza estos temas con nuestra comunidad de founders y expertos en tecnologia y regulacion digital.

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