Qué está pasando con los permisos sectoriales en Chile
La Mesa Regional de Inversiones del Biobío arrancó hace dos semanas con una tarea concreta: destrabar 27 proyectos de inversión por US$ 2.452 millones que, según la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía, podrían generar alrededor de 3.800 empleos directos una vez superada la evaluación ambiental. El número surge tras ampliar un catastro inicial que partía en siete iniciativas y que, según el jefe de la OASI Pablo Eguiguren, creció al sólo conformar la mesa regional.
El dato que más llamó la atención en la sesión, y el que abre esta nota, fue el siguiente: los permisos con el récord de ser los más demorosos del país son los de obra hidráulica mayor de la Dirección General de Aguas (DGA) y los de concesión marítima mayor de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Para un founder o un inversionista que evalúa entrar a Chile —o escalar una operación existente— esto no es un dato técnico aislado: significa que un tranque de relave de un proyecto minero, un acueducto o cualquier obra hidráulica relevante puede tardar tres o cuatro años desde que se solicita el permiso hasta que sale la resolución o el decreto.
Es decir, en Chile el cuello de botella no está solo en la evaluación de impacto ambiental, sino en los más de 30 organismos sectoriales que firman después. Esa es la razón de ser de la OASI.
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👥 Probar 7 días¿Por qué existe la OASI y qué cambia con la Ley MAS?
La oficina nace al amparo de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley MAS), promulgada tras el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó las impugnaciones de diputados oficialistas, según reportó El País Chile en agosto de 2025. Eso le da a la OASI algo que anteriores intentos de coordinación no tuvieron: atribuciones legales para exigir acciones a otros organismos públicos.
La diferencia con intentos previos es clave. Eguiguren lo resumió así: la OASI no entrega resoluciones directamente. Su trabajo es analizar la regulación para que sea consistente y coherente y buscar el menor costo posible sobre quien solicita un permiso. En la práctica, la oficina funciona como una capa de coordinación entre reguladores que, históricamente, han operado como un "archipiélago de islas inconexas", como lo describió un análisis de El País Chile.
La ley, además, fija una Carta Gantt con silencios administrativos y plazos máximos para el próximo año. Pero el propio Eguiguren advirtió: poner un plazo legal no sirve si no hay recursos tecnológicos o humanos para cumplirlo. Por eso, la OASI está entrando al detalle de la gestión interna de los servicios —estudiando flujos, automatizando y explorando uso de inteligencia artificial en la revisión de expedientes—, en alianza ya con la Subsecretaría para las FF.AA.
El caso Biobío: por qué empezó acá y no en otra región
La decisión de iniciar el despliegue operativo en Biobío no fue al azar. Eguiguren explicó que la región tiene "un muy alto nivel de articulación entre gremios, empresas y servicios públicos" — y eso es justamente lo que la OASI busca potenciar. El gobernador regional Sergio Giacaman, presente en el lanzamiento de las mesas según reportó CNN Chile, lo planteó en términos operativos: "es una mesa ejecutiva —porque no queremos carpiteros, no queremos llenarnos de mesas— esta es una mesa ejecutiva que va a sesionar cada cierto tiempo, y en un modelo de PMO va a controlar los avances".
Los números ya empezaron a moverse: el catastro pasó de 7 a 27 proyectos en pocas semanas. El Ministerio de Economía, encabezado por el biministro Daniel Mas, se comprometió a agilizar la totalidad de estos proyectos antes de que termine 2026. En el lanzamiento original en Talcahuano se revisaron 19 iniciativas equivalentes a US$ 1.945 millones con potencial de 2.800 puestos de trabajo; el número creció a 27 y US$ 2.452 millones en la sesión más reciente.
Las mesas se replicarán en todas las regiones del país antes de diciembre de 2026, presididas por los seremis de Economía, con apoyo presupuestario del Gobierno Regional y articulación con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), cuya presidenta Susana Jiménez comprometió seguimiento gremial.
¿Qué pasa con la DGA y la Subsecretaría para las FF.AA.?
El dato que arroja la OASI al cruzarse con análisis de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) es concreto:
- Dirección General de Aguas (DGA): organismo con más permisos pendientes acumulados y responsable de los permisos de obra hidráulica mayor —tranques de relave, acueductos, obras hidráulicas relevantes para minería y agricultura—, con demoras promedio de 3 a 4 años.
- Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: responsable de los permisos de otorgamiento de concesión marítima mayor, clave en proyectos portuarios, acuícolas, energéticos costeros y de infraestructura.
Para una startup que evalúa dónde instalar infraestructura física en Chile —data centers, plantas, operaciones logísticas, proyectos energéticos—, estos dos organismos son el punto a mapear antes de cualquier plan de ejecución. Ningún cronograma de 18 meses aguanta un trámite de 3 a 4 años.
El contexto macro: por qué esta noticia importa más de lo que parece
La Cuenta Pública 2026 del presidente José Antonio Kast, según la cobertura de El País Chile, marcó un récord que el gobierno utilizó como argumento: mayo de 2026 fue el mes con mayor monto de inversión aprobada en los últimos once años, con US$ 13.900 millones. El gobierno atribuyó el avance a la resolución del 60% de la inversión que estaba trabada vía recursos de reclamación y a una reducción del 45% en los tiempos de resolución.
Pero esa foto contrasta con la realidad laboral: Chile acumula 40 meses seguidos con desempleo sobre el 8%, con más de 940.000 personas desempleadas según el discurso presidencial. En Biobío, según dijo Mas, son más de 80.000 desempleados.
Ahí se entiende la urgencia de la OASI: el Banco Central proyectaba un crecimiento de la inversión de 8% para el próximo año, y cada proyecto trabado en DGA o en la Subsecretaría para las FF.AA. es empleo que no llega. Eguiguren fue explícito: "Para crear empleo de verdad, con buenas condiciones, empleo formal, se requiere inversión. Eso es como una norma básica de la economía".
¿Qué significa esto para tu startup?
Si operas en Chile o estás evaluando entrar, esta noticia cambia tres cosas en tu radar de riesgo:
- Mapea permisos sectoriales antes de comprometer CAPEX. Si tu proyecto toca obra hidráulica mayor o concesión marítima mayor, asume 3 a 4 años de trámite solo en esos dos organismos. No es un escenario pesimista: es la media que reporta la OASI.
- Usa las Mesas Regionales como canal formal. Antes de declarar un proyecto "bloqueado", verifica si está en el catastro regional. La OASI pasó de 7 a 27 proyectos en pocas semanas simplemente por armar la mesa. En Biobío el gobernador regional comprometió un equipo dedicado y la CPC ofreció seguimiento gremial. En el resto de las regiones, las mesas están instalándose hasta fin de año.
- Prepárate para los silencios administrativos de la Ley MAS. Cuando la ley entre en plena vigencia, los plazos serán exigibles. Eso abre una ventana para que tu equipo legal solicite resoluciones acogimiento si el organismo excede el plazo legal — un derecho nuevo que cambia la dinámica de negociación.
Dos acciones concretas que puedes implementar esta semana:
- Audita tu pipeline de proyectos en Chile e identifica cuáles dependen de DGA o Subsecretaría para las FF.AA. Sepáralos del cronograma financiero: no los trates como "ejecución 2026" sino como "tramitación 2026–2028".
- Contacta al seremi de Economía de tu región para confirmar si tu proyecto entra al catastro de la Mesa Regional de Inversión más cercana. Si la respuesta es tibia, insiste con datos: la OASI respondió al volumen, no a casos individuales aislados.
Fuentes
- El plan de la OASI para destrabar permisos sectoriales (DF Regiones)
- 'Permisología' y la coordinación que falta (El País Chile)
- Biministro Mas inaugura Mesas Regionales de Inversión en Biobío (CNN Chile)
- Cuenta Pública 2026 (El País Chile)
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