OpenAI afronta demanda por datos de menores: piden acciones

OpenAI enfrenta un frente judicial nuevo y con un remedio poco habitual: una madre de Hawái presentó el 13 de octubre de 2026 una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito del Norte de California (caso 3:26-cv-11781) que acusa a la compañía de entrenar sus modelos con conversaciones de menores sin consentimiento parental válido. En lugar de una multa, los demandantes reclaman una parte del capital de OpenAI —o su equivalente en efectivo— en proporción al volumen de datos que aportó cada menor.

Para cualquier founder que construye producto con IA, el caso no es una historia lejana: es una auditoría pública de las decisiones de configuración por defecto que casi todas las startups toman sin pensarlo dos veces.

Qué dice exactamente la demanda

El texto, de 81 páginas y publicado en CourtListener, sostiene que un menor puede abrir una cuenta de ChatGPT escribiendo su nombre, declarando tener al menos 13 años y pulsando «Continuar»: OpenAI nunca contacta a los padres, pese a que sus propios términos de uso exigen permiso del padre o tutor.

Los demandantes son dos hermanos identificados como MC1 y MC2. Ella tiene 12 años y usa ChatGPT desde febrero de 2026; él tiene 16 y lo usa desde enero. Según recoge Courthouse News, la niña compartió selfis y pidió al chatbot que identificara sus «rasgos feos», y el chico lo usaba para los deberes y para pedir consejo sobre su novia.

La demanda describe además un patrón de diseño: ChatGPT valida emociones, imita la forma de escribir del usuario y usa su jerga y sus emojis, apoyándose en la función de memoria que OpenAI lanzó en abril de 2024.

La clase propuesta es amplia: todas las personas en Estados Unidos que aceptaron los términos de ChatGPT siendo menores de 18 años y aportaron al menos un token de datos desde noviembre de 2022, incluidos quienes mintieron sobre su edad al registrarse. Conviene dimensionarlo: según OpenAI y en datos recogidos por CNET, un chat de 75 palabras equivale a unos 100 tokens.

Los demandados incluyen a la OpenAI Foundation y a OpenAI Group PBC, la sociedad surgida de la reestructuración de octubre de 2025. Entre los despachos que firman la demanda están Yetter Coleman y EdTech Law Center. Ninguna acusación está probada: a 13 de octubre no constaba juez asignado, no hay clase certificada y OpenAI todavía no contestó en el juzgado.

Por qué los abogados no usaron COPPA

Es la parte estratégica del caso y conviene entenderla. COPPA es la ley federal estadounidense de privacidad infantil: protege a los menores de 13 años y su aplicación depende de la FTC. Esta demanda abarca a todos los menores de 18 y la presentan particulares, así que sus abogados apoyaron el caso en tres fundamentos del derecho de California:

• Código Civil, artículo 1568.5: una norma de una sola frase, vigente desde 2022, que establece que la afirmación de un menor de que sus padres consintieron no cuenta como consentimiento.
• Código de Familia, artículo 6701: una regla que, según la demanda, existe desde 1874 y prohíbe a los menores firmar ciertos contratos. Si los términos de uso son nulos, también lo es la cláusula de arbitraje.
• Enriquecimiento injusto: OpenAI se habría beneficiado de algo que nunca tuvo derecho a tomar.

La lógica es simple: si un menor no puede firmar un contrato, no hay contrato; y sin contrato, la empresa no tenía permiso para quedarse con nada ni para forzar un arbitraje privado. Con COPPA el techo serían los menores de 13 años y la iniciativa estaría en manos del regulador; con el derecho de contratos, el argumento se vuelve mucho más directo.

El argumento más incómodo: los datos de las empresas sí están protegidos

Según la demanda, OpenAI no entrena por defecto con los datos de sus clientes empresariales y les desactiva la memoria, mientras que en las cuentas de menores el entrenamiento y la memoria vienen activados por defecto. El texto cita a Jennifer King, investigadora de Stanford, que describe un «sistema de dos niveles» en el que las empresas obtienen más protección que el público general.

No es un detalle menor para quien vende software B2B: el mismo proveedor que acepta firmar garantías de privacidad con un cliente corporativo puede estar aplicando la política contraria a los usuarios finales de su producto de consumo.

Qué se pide: una indemnización en acciones

Además de restitución y daños punitivos, la demanda reclama para los menores una participación en el capital de OpenAI, o su valor en efectivo, en proporción a los tokens aportados. Los abogados lo explican con una analogía del derecho romano: si alguien roba uvas y hace vino, la víctima cobra por el vino, no por las uvas.

El documento afirma que OpenAI vale más de un billón de dólares (unos 870.000 millones de euros) y que parte de ese valor salió de las confidencias de los menores, invocando los artículos 1031 a 1033 del Código Civil de California sobre accesión. Es la parte con menos probabilidades de prosperar tal cual, pero la demanda no necesita ganar ahí para generar presión: basta con que un juez declare nulos los términos de uso para los menores —y con ellos el arbitraje— para que cada caso deba defenderse en tribunales abiertos. El primer obstáculo será que se admita una clase nacional apoyada en leyes de un solo estado.

¿Qué significa esto para tu startup?

Si tu producto tiene usuarios reales, tres decisiones de diseño te exponen al mismo tipo de argumento que enfrenta OpenAI:

• Revisa tus valores por defecto. Si el entrenamiento con datos de usuario o la memoria del asistente vienen activados al registrarse, tienes el mismo patrón de diseño que se le señala a OpenAI. Pasar a consentimiento explícito (opt-in) para cuentas declaradas como menores es más barato que litigar.
• No confíes solo en la edad declarada. Tanto esta demanda como los fiscales estatales apuntan al mismo hueco: el usuario dice su edad y el sistema continúa sin verificar nada. Define un umbral de acción —por ejemplo, desactivar memoria y funciones emocionales cuando el sistema detecta contexto de menor— y documenta esa decisión.
• Adapta la protección a tu jurisdicción. En la Unión Europea la edad mínima para consentir el tratamiento de datos propios es de 14 o 16 años según el país, como recuerda la experta en ciberseguridad Paloma Llaneza en El País. Un producto diseñado solo para cumplir en California puede quedar corto en tus mercados europeos.
• Cuida la cláusula de arbitraje. El caso demuestra que el arbitraje obligatorio pierde fuerza si el contrato que lo contiene es anulable. Revisa cómo se presenta y se acepta esa cláusula desde el registro, y guarda evidencia del consentimiento con fecha y versión de los términos.

Un frente legal que sigue creciendo

La demanda de Hawái no es un caso aislado; CNET la describe como una más entre las decenas presentadas contra OpenAI en los últimos años. En junio de 2026, Florida demandó a OpenAI y a Sam Altman por la seguridad de ChatGPT, con los menores en el centro y acusaciones de prácticas comerciales engañosas y desleales, negligencia y responsabilidad por producto. La acción de Hawái cambia el ángulo: ya no discute si ChatGPT es peligroso, sino si OpenAI tenía derecho a quedarse con los datos.

En paralelo, y según El Mundo, los fiscales generales de ocho estados —Arizona, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska y Virginia Occidental— demandaron a OpenAI por dañar a menores, engañar a padres e infringir sus leyes de protección al consumidor. El portavoz de la empresa, Drew Pusateri, respondió que OpenAI incorporó «protecciones específicas por edad líderes en el sector» y que seguirá colaborando con expertos para desarrollar más salvaguardias.

La propia solución para ese segmento también está cuestionada. CNET reportó que Common Sense Media calificó la versión ChatGPT for Teens —lanzada el 18 de agosto de 2026— como un «riesgo inaceptable», porque no alertó a los padres cuando los menores hablaban de suicidio, autolesión o trastornos alimentarios. La demanda va más lejos: sostiene que esa versión no exige consentimiento parental al registrarse, no cambia los términos y mantiene activados el entrenamiento y la memoria, y que la vinculación con la cuenta de los padres para recibir alertas la puede desactivar el propio adolescente.

A esto se suma el antecedente regulatorio: en octubre de 2025, y bajo presión legal, OpenAI anunció un sistema de verificación de edad y controles parentales que permiten bloquear el uso de datos para entrenamiento y desactivar la memoria, según El País. Los expertos consultados por ese medio advirtieron entonces que la verificación de edad plantea riesgos propios de privacidad y que no resuelve el fondo del problema.

Conclusión

La petición de acciones en el capital de OpenAI probablemente no prospere en su forma actual. Pero el caso no necesita eso para ser relevante: si un tribunal declara que los términos de uso no son vinculantes para los menores, el arbitraje obligatorio cae con ellos y cada reclamación pasa a discutirse en tribunales abiertos. Para una empresa que enfrenta decenas de demandas, ese es un cambio de costo y de riesgo mucho mayor que cualquier indemnización puntual.

El mensaje práctico para el ecosistema emprendedor es más simple y no depende del resultado del juicio: la configuración por defecto es una decisión de producto con consecuencias legales. Un producto que entrena con los datos de sus usuarios sin preguntar, y que trata la edad como un campo de texto que el usuario rellena, está acumulando riesgo silencioso. Revisar esos ajustes hoy —y documentar el consentimiento— cuesta una tarde de trabajo; defenderlos en un juzgado cuesta años.

Fuentes

• Una demanda colectiva acusa a OpenAI de usar datos de menores sin consentimiento y pide para ellos acciones de la empresa (fuente original)
• OpenAI Sued Over Children's Data Used to Train ChatGPT (CNET)
• OpenAI, demandada por ocho estados de EEUU por causar daños a niños y engañar a padres (El Mundo)
• OpenAI promete proteger a los menores en ChatGPT, pero los expertos advierten (El País)