Adigital y AMETIC: la Ley de Startups se queda corta

Una ley diseñada para nacer, no para crecer

España supera las 2.100 empresas emergentes certificadas por ENISA hasta marzo de 2026 y el balance oficial presume de cerca de 5.000 startups en 2025, casi un 40% más que el año anterior. Casi cuatro años después de la aprobación de la Ley de Startups, las cifras acompañan. El problema es otro: la norma limita sus beneficios a los primeros cinco años de actividad, ampliables a siete en determinados sectores, y deja fuera del tratamiento a compañías que todavía necesitan inversiones fuertes para consolidarse.

Esa es la paradoja que Adigital, AMETIC, la Fundación I+E Innovación España y APTE han trasladado a DISRUPTORES-EL ESPAÑOL. Las cuatro organizaciones coinciden en el diagnóstico: la ley resolvió el nacimiento y dejó descubierto el crecimiento. Por eso reclaman al Gobierno que salga de las elecciones del 29-N una reforma de mayor calado.

El resultado del primer capítulo es agridulce. Hay más startups que nunca y más certificaciones que nunca, pero las empresas españolas siguen encontrando dificultades serias para crecer, atraer financiación y competir internacionalmente. La conclusión del sector es incómoda pero clara: una norma pensada para el momento cero no sirve para el momento en que la compañía empieza a facturar de verdad.

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¿Qué le pide el ecosistema al próximo Gobierno?

La petición central de Adigital es crear una categoría legal de scaleup innovadora. La idea es que los incentivos fiscales y regulatorios acompañen también a las empresas que ya superaron la fase inicial y siguen necesitando inversión, con una transición automática desde la condición de startup y una retirada gradual de ventajas en lugar de un corte seco.

César Tello, director general de Adigital, lo resume así: «Es momento de evaluar y actualizar la Ley de Startups hacia un nuevo marco para empresas de alto crecimiento e innovación». Su organización suma tres demandas más al paquete: un régimen fiscal de stock options más competitivo, medidas para atraer talento internacional y una mayor implicación española en el régimen europeo EU Inc para simplificar la expansión dentro de la Unión.

Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, añade el eje de la seguridad jurídica. Su patronal advierte de que la acumulación de obligaciones derivadas del Reglamento Europeo de IA, la directiva NIS2 y otras normas digitales puede golpear con especial dureza a startups y pymes. «Pedimos un marco claro, estable y proporcionado, que proteja derechos sin poner barreras innecesarias a la innovación, la inversión y el crecimiento empresarial», sostiene.

La categoría de scaleup innovadora: ¿qué cambiaría en la práctica?

Hoy el problema es de reloj. Cuando una startup certificada supera el umbral temporal, cae en la orfandad normativa: pasa a tributar como cualquier gran empresa y compite por talento sin las herramientas de equity que tenía en fases anteriores. Según recogía Cinco Días en un análisis sobre la ley, ese corte llega también al superar los diez millones de facturación, y el mismo texto cita el informe Ecosistema Scale-up 2024 de EsTech y Deloitte, según el cual el 61% de las scaleups españolas identifica los desafíos regulatorios como el principal freno a su crecimiento.

La propuesta de Adigital ataca justo ese punto: que la pérdida de beneficios sea progresiva y no coincida con el momento de máxima necesidad de capital. Es una diferencia relevante frente al diseño actual, donde el incentivo desaparece por antigüedad y no por madurez real del negocio.

El marco anterior tampoco fue un fracaso. El mismo análisis de Cinco Días recuerda que la Ley 28/2022, en vigor desde enero de 2023, subió la exención de stock options de 12.000 a 50.000 euros anuales y difirió la tributación al momento en que las acciones se hacen líquidas. También mejoró el régimen del carried interest, con tributación al 50% de la base del IRPF. Son avances concretos que el sector no quiere perder: quiere que se extiendan más allá del quinto año.

El fin de los fondos Next Generation deja un hueco de financiación

El agotamiento de los fondos europeos agrava el escenario. Adigital reclama mecanismos estables de coinversión público-privada, mejor coordinación entre ENISA, SEPIDES y COFIDES e incentivos fiscales para que las grandes corporaciones inviertan en startups. También pide flexibilizar el criterio de «empresa en crisis» aplicado a ciertas ayudas, que puede dejar fuera a compañías tecnológicas sin ingresos pero con proyectos viables.

AMETIC insiste por su lado en simplificar las convocatorias, mejorar las deducciones fiscales a la I+D+i y usar la contratación pública como puerta de entrada comercial. Hortigüela pide presupuestos estables tras el fin de las ayudas europeas, cuyo efecto su patronal ya mide en una caída del 7,2% de la inversión TIC de las administraciones durante 2025.

El contexto de mercado no ayuda. El Observatorio de Startups de la Fundación Innovación Bankinter, recogido por Europa Press, cifró en 2.059 millones de euros la inversión captada por startups españolas en el primer semestre de 2026, en 193 operaciones: un 5% más en volumen. Pero el crecimiento lo sostienen 11 megarrondas de más de 50 millones que concentran 1.197 millones, el 58% del capital. Sin ellas, el mercado de base cae un 9% y la ronda media baja a 5,2 millones. Las series B y C, precisamente las del escalado, retroceden un 24% y un 29%.

¿Por qué las startups industriales son el caso más difícil?

El segmento industrial concentra el problema. Inés Bermejo, vicepresidenta de la Fundación I+E Innovación España y directora general de HP Iberia, sitúa en algo más de 800 empresas emergentes de este tipo en el país, todas necesitadas de financiación para fabricar y comercializar. «El desafío que afrontan es el de saltar de la fase de investigación a la de industrialización y salida al mercado», advierte.

Soledad Díaz, directora gerente de APTE, añade la capa de infraestructura: laboratorios, bancos de prueba, líneas piloto y espacios de fabricación para validar tecnología antes de comprometer grandes inversiones. Pide además ayudas más accesibles, procedimientos ágiles y contratos públicos que ayuden a conseguir los primeros clientes comerciales.

El ecosistema tiene masa crítica para sostener esa apuesta. El Spain Global Startup Hub 2026 de ICEX, citado por Servimedia, estima el valor del ecosistema español en 125.000 millones de euros, con más de 400 scaleups y 17 unicornios. Y el Mapa del Emprendimiento de South Summit e IE University, publicado por ABC, muestra que el 18,1% de las startups españolas ya es rentable, el doble de la media europea. El capital privado en primeras rondas, en cambio, cayó del 32% en 2023 al 19,9% en 2026.

¿Qué significa esto para tu startup?

Si tu empresa está cerca del quinto año de certificación, el calendario regulatorio es tan importante como el plan de negocio. Tres movimientos concretos:

Audita tu fecha de caducidad fiscal antes de la próxima ronda. Si estás a menos de doce meses de perder la certificación, calcula el impacto real en stock options e impuesto de sociedades y llévalo a la mesa de negociación con inversores. Un cap table construido sobre beneficios que expiran se convierte en un problema de retención de talento en el peor momento.
Diseña el plan de equity con el escenario sin incentivos. Si la reforma no llega a tiempo, tu capacidad de retener perfiles senior caerá al régimen general. Modela ese coste ahora y no cuando el empleado clave tenga la oferta de la competencia en la mano.
Mira la financiación pública como cartera, no como boleto. Con los Next Generation agotados y la coordinación entre ENISA, SEPIDES y COFIDES aún por resolver, conviene mapear qué instrumentos siguen vivos y combinarlos con capital privado en lugar de depender de una sola convocatoria.

Conclusión

La Ley de Startups cumplió su primer objetivo: poner a España en el mapa con un marco propio y más de 2.100 empresas certificadas. Lo que el sector dice ahora es que el segundo capítulo está sin escribir. Con el 61% de las scaleups señalando la regulación como freno principal y un mercado donde las series B y C se contraen, la reforma deja de ser una petición sectorial y pasa a ser una decisión sobre qué tipo de tejido productivo quiere tener el país. El próximo Gobierno tiene la pelota: crear la categoría de scaleup, escalonar la retirada de incentivos y resolver la financiación de la fase de crecimiento. Para un founder, mientras tanto, la lectura práctica es no esperar la ley para planificar el año en que su empresa deja de ser startup a efectos fiscales.