Aragón: el dinero que los centros de datos no dejan

Aragón: el dinero que los centros de datos no dejan

522.777 euros al año. Es el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que los cuatro centros operativos de Amazon Web Services (AWS) en territorio aragonés deberían ingresar en las arcas de Zaragoza, Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, según la documentación oficial de la primera ampliación. Pero no entra. La compañía paga ese tributo mediante la cuota nacional al Ministerio de Hacienda desde que abrió su primera infraestructura en la región en 2022. El dinero se recauda en Madrid y vuelve a los municipios por una fórmula estatal en la que el origen físico del centro pesa muy poco.

El caso ha abierto una pelea en el ecosistema empresarial aragonés. El 2 de octubre, en el primer Desayuno Empresarial de CEOE Zaragoza, el presidente de la patronal aragonesa Benito Tesier calificó la situación de «cierta deslealtad» y reclamó que «el máximo beneficio de aquello que nosotros hacemos se quede aquí». Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón (CLENAR), fue en la misma línea, recogido por El Periódico de Aragón. La patronal del sector, SpainDC, defendió el cumplimiento normativo por boca de su directora ejecutiva Begoña Villacís.

La pregunta de fondo no es si AWS paga. La paga. La pregunta es a dónde.

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¿Por qué AWS paga el IAE en Madrid y no en los municipios?

El IAE es un impuesto municipal. Lo gestiona el ayuntamiento donde se ejerce la actividad. Pero el sistema tiene una puerta para las empresas grandes: la cuota nacional, prevista en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se aplica cuando una sociedad opera en varias provincias: el tributo se liquida ante la Agencia Tributaria, que después lo reparte entre los municipios según población, número de contribuyentes y volumen de cuotas, no según dónde se asienta el centro físico.

AWS sostiene, como recogió DCD, que su situación está cubierta por la legislación. Una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, de febrero de 2026, clasifica los servicios cloud en el grupo 845 de las tarifas del IAE, que según esa fuente solo tiene cuota mínima municipal. Si se aplicara al grueso de la actividad cloud, la compañía no podría elegir la cuota nacional con esa actividad. La explicación estaría en otros epígrafes, como los de construcción, que sí admiten cuota nacional.

El resultado es que los municipios ponen el suelo, el tendido eléctrico, las acometidas de agua, las molestias de obra y la carga ambiental, pero no ven la factura del IAE en sus cuentas.

¿Cuánto dinero se queda fuera?

Las cifras que maneja la documentación oficial de la primera ampliación de AWS son concretas: 384.503 euros anuales para el Ayuntamiento de Zaragoza, 90.817 para Huesca, 33.400 para Villanueva de Gállego y 14.056 para El Burgo de Ebro. En total, más de medio millón de euros al año que no entra en las haciendas locales.

El IAE es solo una parte. El IBI sí se queda, y ronda los 226.884 euros anuales para el conjunto de las instalaciones. El ICIO no se cobra porque los campus se tramitan como Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA), que los exime. El Impuesto de Sociedades va a la Hacienda estatal. El IVA se reparte por consumo. Y los sueldos tributan por IRPF donde viven los trabajadores.

Para poner la dimensión en perspectiva, el centro abierto las 24 horas del campus de El Burgo opera con unos 180 empleados directos. La inversión total de la compañía hasta 2035 está cifrada en 33.700 millones de euros, con un impacto estimado de 31.700 millones en el PIB español y 18.500 millones en Aragón, según los datos que maneja la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

El municipio de El Burgo de Ebro, con poco más de 2.700 habitantes, pierde 14.056 euros anuales que equivalen a financiar saneamiento y mantenimiento urbanístico. En Villanueva, la pérdida ronda los 33.400 euros cada año, según los cálculos de la fuente original.

¿Qué dicen los alcaldes y qué dice AWS?

Los alcaldes de El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego, ambos del PSOE, calificaron la situación de «lamentable y vergonzosa», según recogió El Mundo. La investigadora en Ecología Política Enol Nieto se preguntó directamente: «¿Dónde está el supuesto interés general?». Algunos vecinos han empezado a decir que no quieren saber nada de estos centros.

AWS, por su parte, abonó esta misma semana los recibos pendientes del IBI de El Burgo de Ebro: 194.000 euros correspondientes a cuatro años de recibos impagados, según El Periódico de Aragón. La compañía lo atribuyó a «un error administrativo». El gesto se interpretó como un intento de apagar el fuego, pero el debate de fondo sigue intacto.

Villanueva de Gállego aporta un caso paralelo. Su ayuntamiento estima que varios proyectos de centros de datos le privarán de unos 100 millones de euros en ICIO. Microsoft prepara allí una inversión de 2.200 millones de euros. Otro campus de Azora suma 1.100 millones.

¿Y qué cambia con la nueva regulación estatal?

El debate fiscal coincide en el tiempo con un choque entre SpainDC y el Gobierno central por el proyecto de Real Decreto de centros de datos. La patronal, en declaraciones de su presidente Emilio Díaz recogidas por El Periódico de Aragón, advierte de que la norma sería «la más restrictiva de la Unión Europea» y pone en riesgo inversiones ya iniciadas. Villacís fue más allá: si el texto sale adelante, podría ponerse en riesgo «entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino».

SpainDC estima una cifra acumulada de 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad. En un escenario restrictivo, esa cifra podría caer un 36%. Aragón está en el centro de la disputa: la región tiene el 24% de la capacidad TI instalada en España (solo por detrás de Madrid, con el 54%), según el último informe sectorial recogido por MuyCanal.

El cuello de botella eléctrico ya se está manifestando. La CNMC acaba de darle la razón a Forestalia en un pleito contra Red Eléctrica por el acceso a la subestación de Magallón, lo que indica que el regulador está interviniendo activamente para desatascar la red, según El Periódico de Aragón. El dato importa: los centros de datos ya acaparan el 34,2% de los 6.329 megavatios concedidos por Red Eléctrica en toda España.

¿Qué significa esto para tu startup?

Si estás pensando en instalar una operación física en España, un data center, una sede industrial o incluso una infraestructura logística relevante, esta pelea fiscal te afecta directamente. Tres lecciones prácticas para founders:

  • Mide el retorno fiscal completo, no solo el empleo directo. Los centros de datos generan empleo muy intensivo en fase de obra y muy poco empleo permanente en operación. El caso del campus de El Burgo ilustra el ratio: 180 empleados para un centro 24 horas. Si tu startup vende servicios al sector (ingenierías, constructoras, proveedores energéticos, MSPs), esa asimetría entre huella física y empleo directo es una oportunidad de nicho.
  • Anticipa el calendario de las cuotas locales. Aunque tu empresa no alcance el millón de facturación que activa el IAE nacional, el IBI, el ICIO y las tasas municipales se negocian con cada ayuntamiento. Cada consistorio puede fijar bonificaciones diferentes, y eso cambia el coste real de una misma operación según el municipio. Antes de firmar suelo, pide un calendario de pagos al consistorio.
  • Vigila la regulación antes de comprometer suelo. Si tu negocio depende de acceso eléctrico, hídrico o de licencias en Aragón, el Real Decreto estatal y los cuellos de botella en los nudos de Red Eléctrica ya están alterando cronogramas. La resolución de la CNMC sobre Forestalia marca un precedente: el regulador está moviendo pieza. Planifica contingencias y negocia hitos flexibles con tu proveedor eléctrico.

El caso aragonés es un laboratorio a cielo abierto de una tensión que se va a repetir en toda Europa: infraestructura digital intensiva, retorno fiscal diluido, regulación todavía sin encajar. Los emprendedores que entiendan cómo se reparte el dinero van a poder negociar mejor con los territorios donde se asienten.

Fuentes

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