España exige a data centers el 80% renovable y por horas

España pone condiciones al oro de los centros de datos: el 80% de la energía, renovable y a la misma hora

España se ha convertido en uno de los destinos más codiciados del mundo para construir centros de datos. El cóctel lo explica casi todo: suelo disponible, conectividad submarina de primer nivel, energía renovable abundante y precios eléctricos competitivos. El resultado, según el Gobierno, es una avalancha de proyectos que ya no cabe en la red: más de 12 GW de permisos de acceso concedidos desde 2021 frente a los 3,5–4 GW que la Estrategia de IA preveía como techo de demanda en 2030, según recoge el propio borrador del real decreto. Con esa foto, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha decidido cambiar las reglas del juego: si una tecnológica quiere enchufar su centro a la red, tendrá que traer la energía bajo el brazo.

Qué exige el borrador y por qué es disruptivo

El proyecto de Real Decreto, aprobado el 25 de agosto por el Consejo de Ministros para su tramitación urgente, aplica a instalaciones con potencia igual o superior a 1 MW y pivot sobre tres ejes:

Adicionalidad: el 80% del consumo eléctrico debe provenir de renovables nuevas o de contratos PPA ligados a renovables nuevas. Cada MW adicional de demanda tiene que estar respaldado por 1 MW de generación renovable puesto en servicio en los 18 meses previos a la entrada en funcionamiento del centro.
Correlación horaria: en cada hora, al menos el 80% de la electricidad consumida por el centro tiene que estar cubierta por generación renovable producida en esa misma hora, no en cómputo anual como hacen los tradicionales certificados de origen.
Soberanía digital: los operadores deben ser entidades constituidas en la Unión Europea y los datos deben permanecer en territorio europeo, blindando el acceso de autoridades de terceros países no autorizados por la ley comunitaria.

Según el análisis publicado por pv magazine tras revisar el borrador, el mecanismo de cumplimiento es nítido: el incumplimiento se traduce en recargos crecientes sobre los peajes de red y, en última instancia, en la pérdida del derecho de acceso a la red. Los proyectos ya en trámite tienen un período de gracia de seis meses para adaptarse, o tres si están a la espera de un concurso de acceso.

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Por qué los hyperscalers lo llaman “inviable”

La patronal SpainDC estima que el sector podría movilizar cerca de 67.000 millones de euros de inversión directa e indirecta hasta 2030 en España, según Europa Press. Pero entre el 80% y el 90% de esa inversión quedaría en el aire si el texto definitivo no se suaviza, según fuentes del sector consultadas por ABC. El punto más conflictivo no es tanto la adicionalidad como la correlación horaria: un centro de datos funciona 24/7, mientras que la solar solo genera de día y la eólica no sopla cuando uno quiere.

Amazon Web Services (AWS) rompió su silencio la semana pasada con un comunicado recogido por El Periódico de Aragón: la compañía afirma haber igualado el 100% del consumo eléctrico de sus centros operativos en España hasta 2025 con renovables, y cuenta con una cartera de 3,8 GW de potencia renovable instalada entre AWS y Amazon en el país. Aun así, advierte de que los “proyectos maduros con permisos concedidos y capital comprometido significativo no deberían enfrentarse a requisitos retroactivos”. En Aragón, AWS proyecta la mayor inversión tecnológica del sur de Europa, 33.700 millones de euros, y rechaza que se cambien las reglas a mitad de partido. Iberdrola, Endesa y Naturgy, además de gobiernos autonómicos como Castilla-La Mancha —que se juega el megacentro de Talavera de la Reina, estimado en unos 750 millones de euros—, han presentado alegaciones en el mismo sentido.

Qué cambia respecto a Europa y a Estados Unidos

España no está sola en esta cruzada. Massachusetts aprobó el 8 de septiembre una orden ejecutiva que exige a los data centers firmar acuerdos de beneficio comunitario, financiar nueva generación limpia y compensar vía un fondo de protección al consumidor si su consumo dispara la factura eléctrica, según reportó USA Today. Australia anunció en agosto una regla equivalente: los grandes centros deben aportar a la red al menos tanta energía como consumen. Y en la UE, el próximo sistema de etiquetado de eficiencia energética y hídrica obligará a los centros cubiertos por el decreto español a obtener la categoría A en ambos indicadores.

El contraste con Estados Unidos es relevante para cualquier founder con infraestructura allí: el pacto firmado en marzo de 2026 por Amazon, Google, OpenAI, Meta, Microsoft, Oracle y xAI solo compromete a “construir, traer o comprar” la energía necesaria, sin exigir que sea renovable. La versión española es bastante más ambiciosa y, según pv-tech.org, similar a la australiana.

El precedente que nadie quiere repetir: lo que ya pasó con la factura de la luz

El borrador reconoce sin ambigüedades el riesgo: un crecimiento desordenado puede empujar al gas como marginalista y, con él, al alza del precio eléctrico. Es exactamente el patrón que ya se ve en dos hubs estadounidenses:

En Virginia, los gastos de combustible de Dominion Energy pasaron de 2,31 mil millones de dólares en 2021 a 4,35 mil millones proyectados hasta junio de 2027, un alza del 88%, según documentos regulatorios recogidos por Reuters y analizados por Citybiz. La factura residencial media podría subir hasta un 13%, hasta unos 195 dólares mensuales.
En Texas, las tarifas residenciales subieron cerca de un 40% desde 2020 y la conexión de centros de datos al sistema de ERCOT representa el 90% de las 474 GW de solicitudes pendientes, lo que llevó al gobernador Greg Abbott a congelar nuevas conexiones hasta completar una auditoría.

Para España, según el borrador, esa transferencia de coste a hogares sería la “línea roja” a evitar. De ahí el diseño disuasorio: penalizaciones, pérdida de acceso y la exigencia de internalizar el coste energético antes de conectar.

Qué significa esto para tu startup

Si tu producto corre sobre infraestructura cloud o vende a clientes que la consumen, el decreto español te afecta aunque no tengas un centro propio: condiciona dónde se construye capacidad, a qué precio y con qué certidumbre regulatoria. Tres movimientos concretos que conviene tener en el radar:

Revisa tus contratos de nube en Iberia. Pregunta a tu proveedor qué porcentaje de su energía en España está cubierto por PPAs de adicionalidad y correlación horaria. Las cláusulas de resiliencia y de “energía verde verificada” dejan de ser marketing para volverse un requisito legal.
Modela el coste eléctrico de escenarios IA. Entrenar o servir modelos grandes ya es caro; con este decreto el coste marginal de operar cargas intensivas en España durante horas sin viento ni sol subirá. Si tu arquitectura es sensible al precio spot, los PPA a largo plazo vuelven a ser una herramienta, no un opcional.
Piensa en jurisdicciones si estás levantando capital para infraestructura. ABC documenta que España podría convertirse en uno de los mercados más exigentes de Europa; Francia, Italia, Portugal y los nórdicos están posicionándose como alternativa. Si tu pitch incluye capex en centros de datos, ten lista una comparativa de cómo queda tu caso de negocio en cada jurisdicción.

El calendario y lo que viene

El período de consulta pública del borrador cerró el 10 de septiembre de 2026. El Ejecutivo tiene ahora la última palabra y, según ABC, podría aprobar el texto definitivo por Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso. El sector da por hecho una suavización de la correlación horaria —por ejemplo, permitir hibridación con almacenamiento—, pero no un cambio de fondo: ni la adicionalidad del 80% ni el anclaje de soberanía digital parecen negociables. La pregunta para los próximos meses es cuánto margen real quedará para los 12 GW de proyectos ya con permiso, y cuántos de esos gigavatios terminarán moviéndose a otra latitud.