Homeland Security exige datos a empresas tech sin orden judicial

Subpoenas sin supervisión judicial: el nuevo frente de batalla

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) está utilizando subpoenas administrativas para exigir a empresas tecnológicas que entreguen información sobre usuarios críticos con la administración Trump, según reportes recientes. Este tipo de citaciones, que no requieren aprobación judicial previa, permiten a las autoridades solicitar datos sensibles sin pasar por los controles tradicionales de privacidad.

Las subpoenas administrativas se diferencian de las órdenes judiciales tradicionales en que no necesitan la validación de un juez para ser emitidas. Esto significa que agencias como ICE (Immigration and Customs Enforcement) pueden demandar información directamente a las empresas, incluyendo datos sobre propietarios de cuentas anónimas que documentan operaciones de inmigración.

¿Qué tipo de datos están solicitando?

Aunque el enfoque inicial apunta a empresas tecnológicas, las solicitudes de datos del DHS se han extendido a múltiples sectores. Las autoridades están demandando:

Información de cuentas anónimas en redes sociales que documentan operaciones de ICE
Registros de arrendamiento y aplicaciones de alquiler de inquilinos
Datos personales sensibles como números de seguro social, direcciones y detalles familiares
Historial laboral y documentos de identificación

Si bien no se han confirmado públicamente los nombres de las empresas tecnológicas específicas involucradas, el patrón de solicitudes sugiere que plataformas de redes sociales, servicios de mensajería y proveedores de hosting podrían estar en la mira de estas citaciones.

El contexto de las operaciones de ICE

Este movimiento se enmarca en un contexto más amplio de intensificación de las operaciones de inmigración. La Operación Metro Surge en Minnesota, por ejemplo, resultó en el arresto de aproximadamente 10,000 personas indocumentadas, con videos de ciudadanos documentando tácticas agresivas que incluyen el uso de arietes y la destrucción de ventanas de vehículos.

El caso del asesinato de Renee Good por parte de un agente de ICE en Minnesota generó indignación pública, con videos no confirmados que muestran a la víctima alejándose en su vehículo, lo que alimentó acusaciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza. Estos incidentes han motivado que cuentas anónimas y ciudadanos comunes documenten las operaciones, convirtiéndose aparentemente en objetivos de vigilancia gubernamental.

Implicaciones para la privacidad de datos en el ecosistema tech

Para founders y líderes de startups tecnológicas, esta situación plantea interrogantes críticos sobre la protección de datos de usuarios y las obligaciones legales frente a solicitudes gubernamentales sin supervisión judicial:

Riesgos de cumplimiento

Las empresas que reciben estas subpoenas enfrentan un dilema: cumplir con demandas potencialmente demasiado amplias o enfrentar batallas legales costosas. Muchas organizaciones cumplen sin notificar a los usuarios afectados debido al lenguaje intimidante de las citaciones, incluso cuando estas podrían ser legalmente cuestionables.

Precedentes preocupantes

El acceso del DOGE (Department of Government Efficiency) a sistemas del DHS como SAVE (verificación de estatus migratorio) de manera inadecuada, compartiendo archivos encriptados de contenido desconocido, demuestra que existen brechas importantes en los protocolos de privacidad. En marzo de 2025, una orden judicial temporal bloqueó el acceso amplio de DOGE a datos sensibles, calificándolo como un enfoque de «martillo».

Erosión de la libertad de expresión

Los críticos argumentan que estas prácticas eluden las órdenes judiciales tradicionales, erosionan la libertad de expresión (especialmente declaraciones públicas sobre políticas de inmigración) y habilitan vigilancia masiva en un contexto donde se reportan más de 605,000 deportaciones.

Reacciones de la industria y el sector público

Aunque no se han reportado reacciones públicas específicas de empresas tecnológicas (ya que muchas no han sido identificadas oficialmente), a nivel estatal y local hay resistencia significativa:

Estados como Minnesota han presentado demandas contra las prácticas federales, aunque el Departamento de Justicia las ha desestimado como «frívolas»
Fiscales federales emitieron citaciones de gran jurado (distintas de las administrativas) al gobernador Tim Walz y al fiscal general Keith Ellison de Minnesota, buscando registros sobre presunta obstrucción de operaciones de ICE
El representante demócrata García lanzó un panel de supervisión sobre mala conducta de ICE para documentar abusos

Para startups que manejan datos de usuarios, especialmente aquellas con modelos SaaS o plataformas comunitarias, esta situación subraya la importancia de tener políticas claras de privacidad y protocolos robustos para responder a solicitudes gubernamentales.

Lecciones para founders tech en LATAM

Aunque este caso se desarrolla en Estados Unidos, tiene implicaciones directas para el ecosistema startup latinoamericano:

1. Soberanía de datos: Founders con usuarios en EE.UU. deben considerar dónde almacenan datos y qué jurisdicciones aplican. Servicios de hosting y cloud en múltiples regiones pueden ofrecer mayor protección.

2. Transparencia con usuarios: Implementar políticas claras sobre cómo se responderá a solicitudes gubernamentales genera confianza y diferenciación competitiva.

3. Asesoría legal proactiva: Contar con abogados especializados en privacidad de datos y derecho tecnológico no es un lujo, es una necesidad operativa para startups que escalan internacionalmente.

4. Tecnologías de privacidad: Encriptación end-to-end, minimización de datos y arquitecturas zero-knowledge pueden reducir riesgos legales y proteger a usuarios.

Marco legal: ¿qué dice la ley?

Las subpoenas administrativas de ICE existían antes de la administración Trump, pero su uso se ha intensificado. Estas citaciones son ejecutables solo mediante demanda en corte federal, lo que permite impugnarlas por ser excesivamente amplias. Tradicionalmente, los objetivos han sido propietarios de inmuebles y departamentos de policía, no empresas tecnológicas.

Los tribunales han establecido límites: en marzo de 2025, una orden de restricción temporal bloqueó el acceso amplio de DOGE a datos sensibles. Existen demandas en curso contra estados que se niegan a entregar datos de votantes, citando violaciones a leyes de privacidad.

El caso de Minnesota invoca estatutos federales de conspiración por obstrucción, mientras que demócratas alegan violaciones constitucionales, incluyendo libertad de expresión y arrestos sin orden judicial.

Conclusión

El uso de subpoenas administrativas sin supervisión judicial por parte del Departamento de Seguridad Nacional marca un punto de inflexión en la relación entre gobierno, empresas tecnológicas y privacidad de usuarios. Para founders, este caso subraya la importancia de construir productos con privacidad por diseño, establecer políticas transparentes de manejo de datos y prepararse para navegar solicitudes gubernamentales que pueden poner en conflicto obligaciones legales con valores corporativos.

En un ecosistema donde la confianza del usuario es capital, la forma en que las startups respondan a estas presiones definirá no solo su viabilidad legal, sino también su reputación y capacidad de escalar globalmente. La privacidad de datos no es solo un tema de compliance: es una ventaja competitiva estratégica.

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