La justicia de São Paulo no frena a Enter, pero la obliga a guardar todo
El primer round del pleito entre la OAB-SP y la legaltech Enter no definió el fondo del asunto, pero dejó una señal concreta para cualquier founder del sector: la discusión sobre si una IA puede hacer trabajo reservado a un abogado se resolverá con pruebas, no con medidas de urgencia. La jueza Raquel Fernandez Perrini, titular del 4º Juzgado Civil Federal de São Paulo, rechazó el miércoles 21 las restricciones que la seccional paulista de la Ordem dos Advogados do Brasil pedía aplicar desde el arranque del proceso.
La compañía puede seguir operando mientras el caso avanza. Pero queda atada a una orden de preservación documental: deberá conservar contratos, versiones de sus modelos de inteligencia artificial y registros de uso de su plataforma desde enero de 2024, además de información sobre remuneraciones, la distribución de procesos a abogados y los criterios de éxito aplicados.
La multa por incumplimiento quedó fijada en R$ 50 mil, la mitad de los R$ 100 mil que había pedido la Ordem. El tribunal aclaró que la medida es estrictamente conservativa: por ahora Enter no está obligada a entregar esos antecedentes a la OAB-SP, y la orden no constituye un juicio definitivo sobre la legalidad de su modelo de negocios.
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👥 Probar 7 díasQué pedía la OAB-SP y por qué importa para el sector
La seccional paulista había requerido con urgencia la suspensión de la publicidad que presentara a Enter como un reemplazo del abogado. También buscaba prohibir que la empresa cerrara o ampliara contratos vinculados a estrategia procesal o a la elaboración de piezas sin un abogado responsable identificado.
Para la magistrada, esas peticiones dependen de la prueba que se produzca con contradictorio y con audiencia de las dos partes, de modo que no podían resolverse en esta etapa inicial. En la resolución, los antecedentes públicos y los documentos acompañados por la Ordem revelan una «controvérsia plausível» respecto de lo que hace Enter: el grado de automatización en la producción de minutas, la revisión humana, la definición de estrategias y la relación con los despachos de abogados.
El contexto de fondo lo describió Leonardo Sica, presidente de la OAB-SP, en declaraciones recogidas por O Globo: la entidad dice apoyar el uso de IA en el medio jurídico, pero sostiene que la abogacía debe ser ejercida por abogados. «La Enter no fornece su solución a los despachos de abogados, a los abogados ni al ciudadano. La ofrece a las empresas, para sustituir abogados. Eso es irregular», afirmó.
Según Pipeline, la acción civil pública pide que la compañía quede impedida de vender su sistema a empresas y restringida a despachos de abogados. Es, según ese medio, la primera movida de la orden de abogados bajo presión de despachos que temen la competencia de la inteligencia artificial.
La defensa de Enter: «somos una empresa de tecnología»
En una manifestación preliminar, Enter sostuvo que es una empresa de tecnología y que no presta servicios jurídicos al público. Afirmó que las piezas producidas con apoyo de su plataforma son revisadas y protocolizadas por abogados, y que varias de las medidas exigidas ya se aplican en su operación.
La compañía fue fundada en 2023 y está valuada en US$ 1.200 millones, equivalentes a R$ 6,03 mil millones. Desarrolla agentes de IA para el sector jurídico que, según la propia empresa, usan departamentos legales de grandes compañías para seguir procesos civiles y laborales, analizar datos e identificar fraudes. Entre sus clientes figuran Nubank, Itaú, Bradesco, Latam, Gol y Azul, y según la compañía más de 300 mil procesos pasan cada año por su sistema.
El detalle de su cap table también explica por qué el caso tiene tanta visibilidad. Según O Globo, entre sus inversores están Founders Fund, el fondo de Peter Thiel, además de Sequoia Capital y Kaszek. La startup fue fundada por Matheus Costa-Ribeiro, y entre sus consejeros figuran el exministro del Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso y el presentador Luciano Huck. Según Startups.com.br, una Série B de R$ 500 millones elevó su valuación a US$ 1.200 millones.
En cuanto al tratamiento de datos, la empresa afirma tener certificación SOC 2, ser adherente a la LGPD y mantener acuerdos de Zero Data Retention con OpenAI y Anthropic, con datos segregados por cliente y sin uso de información de clientes para entrenar modelos.
El pedido de Enter que no prosperó
La jueza rechazó, en cambio, la solicitud de Enter de suspender el proceso. La compañía argumentaba que mantenía conversaciones desde hacía meses con el Conselho Federal da OAB sobre el uso de IA en la abogacía y que la seccional paulista no la contactó antes de presentar la acción.
En el fallo se recordó una resolución del propio Conselho Federal según la cual negociar un término de ajuste de conducta (TAC) no impide adoptar medidas judiciales, incluidas las urgentes. La magistrada ordenó oficiar al Conselho Federal da OAB para que informe en diez días en qué estado se encuentran las conversaciones y si existe un acuerdo celebrado o en negociación con Enter. También aceptó la incorporación de la seccional de Río de Janeiro (OAB-RJ) como coautora junto a la paulista.
Los documentos nuevos sobre EnterOS y el frente de datos personales
Tras presentar la acción a inicios de octubre, la OAB-SP acompañó nuevos antecedentes sobre el modelo de contratación de EnterOS, el sistema desarrollado por la compañía. Según la entidad, esos documentos indicarían la existencia de contratos entre tres partes, la designación de procesos a despachos por la propia Enter, la remuneración de esos despachos, la participación en valores de éxito y exigencias de volumen y exclusividad.
La propia Ordem reconoció que parte del material fue recibido de forma anónima y que su autenticidad aún no está confirmada, por lo que pidió someterlo a contradictorio. La jueza decretó secreto de justicia respecto de una parte de esos antecedentes, invocando la posible presencia de información sensible de empresas y de datos personales.
Si se confirman, esos datos reforzarían la acusación de que la startup intermedia la distribución de causas a abogados, práctica vedada por el Estatuto da Advocacia. La seccional paulista considera que las conductas podrían configurar ejercicio ilegal de actividades privativas de la abogacía, mercantilización de la profesión y participación irregular de terceros en honorarios. Según Startups.com.br, la acción también pide R$ 1 millón de indemnización por daños morales colectivos, la identificación del abogado responsable de cada pieza, el registro de las decisiones estratégicas y de las revisiones, y una auditoría independiente semestral por cinco años.
Un mercado legaltech que se calienta en todo el mundo
El caso brasileño no ocurre en el vacío. Según Custom Market Insights, citado por Intereconomía, el tamaño del mercado legaltech se estimó en USD 9.800 millones en 2022 y se proyecta en unos USD 21.400 millones para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,5% entre 2023 y 2032.
Europa muestra el mismo patrón de expansión. La italiana Lexroom, que según Intereconomía anunció en mayo una ronda de USD 50 millones liderada por Left Lane Capital con participación de Base10 Partners, Eurazeo y Acurio Ventures, abrió oficinas en España y ya trabaja con despachos locales. Su enfoque regulatorio es revelador: la plataforma no entrena su modelo con escritos jurídicos previos, sino en colaboración con los despachos, y cada respuesta remite a la fuente oficial verificable.
La diferencia con el caso Enter es de posicionamiento, no de tecnología. Lexroom vende a despachos y abogados; Enter vende a departamentos jurídicos de grandes empresas. Es exactamente el límite que la OAB-SP quiere trazar por vía judicial.
Qué significa esto para tu startup
Si tu producto usa IA para automatizar trabajo profesional regulado —legal, contable, médico, financiero—, este caso deja tres lecciones operativas que puedes aplicar esta semana.
- Documenta la revisión humana desde el día uno. La orden de preservación obliga a Enter a conservar versiones de sus modelos y registros de uso desde enero de 2024. Si tu producto genera entregables que un profesional firma, guarda trazabilidad de quién revisó qué y cuándo. Esa evidencia es tu mejor defensa y también un requisito creciente de compliance.
- Define con precisión a quién le vendes. La acusación central no es sobre la tecnología, sino sobre el cliente: vender a empresas en lugar de a profesionales. Revisa si tu go-to-market podría leerse como «reemplazo» del profesional regulado y ajusta el mensaje y el contrato antes de que lo haga un regulador.
- No confundas conversaciones con acuerdos. Enter argumentó que negociaba con el Conselho Federal, y el tribunal recordó que un TAC en negociación no suspende medidas judiciales. Si estás en un diálogo regulatorio, documenta cada instancia por escrito y no asumas que el proceso informal te protege.
El caso también deja una pregunta abierta para el ecosistema hispanohablante: los colegios profesionales de España y LATAM observan con atención lo que resuelva el tribunal brasileño. La decisión de fondo, cuando llegue, va a marcar el perímetro de lo que una legaltech puede vender sin ser sociedad de abogados.
Fuentes
- Justicia rechaza suspensión inmediata de startup legal de IA – Veredictum (fuente original)
- Justiça rejeita suspensão imediata de serviços de startup jurídica de IA por pedido da OAB-SP – C-Level/Folha
- OAB-SP entra com ação contra a startup Enter – Pipeline/Valor
- OAB-SP entra com ação contra a Enter e pede R$ 1M por dano moral – Startups.com.br
- OAB-SP entra com ação civil pública contra a legaltech Enter – O Globo
- Suandco Abogados elige a Lexroom para desarrollar una IA jurídica – Intereconomía
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