Una ley de 1634 bloquea las demandas colectivas europeas contra Big Tech

El problema: Europa tiene derecho a demandar, pero no cómo pagarlo

En 2020, la UE aprobó la Directiva de Acciones Representativas tras el escándalo del Dieselgate: Volkswagen pagó más de US$9.500 millones a consumidores estadounidenses, mientras los europeos no tenían vía comparable para reclamar colectivamente. La directiva prometía cerrar esa brecha. Cinco años después, en la jurisdicción donde tienen sede casi todas las grandes tecnológicas —Irlanda— se ha presentado un único caso.

El motivo es una norma de 1634 que sigue plenamente vigente: las figuras de maintenance y champerty, heredadas del derecho inglés, que prohíben financiar un litigio a quien no sea parte del proceso. Inglaterra abolió ambas en 1967. Irlanda no. Como resume Ellen O'Regan en Politico, Irlanda es el único país de la UE con esta restricción, y eso bloquea de hecho cualquier acción colectiva significativa contra Meta, Google, Microsoft, TikTok o Apple.

¿Qué son maintenance y champerty y por qué siguen vivas?

Dos delitos medievales siguen haciendo el trabajo sucio en los tribunales irlandeses. Maintenance es financiar el litigio de otro sin tener interés legítimo en el caso. Champerty es la variante en la que el financiador cobra un porcentaje de lo que se gane. Ambos fueron incorporados al derecho irlandés por una ley de 1634 y los tribunales los han mantenido desde entonces.

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La directiva europea permite que solo entidades sin ánimo de lucro cualificadas presenten acciones representativas. Esas ONG —como el Irish Council for Civil Liberties (ICCL), Noyb o Digital Rights Ireland— no tienen fondos propios para litigar contra empresas con departamentos legales de cientos de abogados. Necesitan financiación externa. Y eso es exactamente lo que la ley irlandesa prohíbe. Johnny Ryan, responsable del área de enforcement del ICCL, lo llama "la contradicción fatal".

Por qué Irlanda es el nudo del problema

Meta, Google, Microsoft, TikTok y Apple operan sus negocios europeos desde Dublín. Cuando el regulador de datos quiere sancionar a Google por infringir el GDPR —vigente desde 2018— o a Meta por sus transferencias a EEUU, la autoridad competente es la irlandesa. Lo mismo ocurre con cualquier demanda colectiva: hay que empezarla en Dublín.

El resultado es un cuello de botella con cifras elocuentes. Cinco ONG registradas en Irlanda para presentar este tipo de acciones. Tres con historial contra grandes tecnológicas. Y un único caso en cinco años, el del ICCL contra Microsoft por su sistema de publicidad programática, financiado con donaciones y filantropía. Según Ryan, "llevar un litigio complejo como este en Irlanda cuesta como mínimo un millón de euros en la primera instancia".

Lo que ofrece Irlanda como alternativa

Cuando Irlanda transpuso la directiva a su derecho nacional, fijó en 25 euros la cuota máxima que un consumidor paga para unirse a una acción colectiva. El Gobierno sostiene que esa cifra cumple el requisito de "costes no disuasorios" de la directiva. Además, según recoge TNW, en las "próximas semanas" se espera que empiecen a perdonarse las tasas del Tribunal Superior —que suman unos pocos cientos de euros— para las ONG cualificadas.

Comparado con el millón de euros mínimo por caso que cita Ryan, la aritmética no cambia. Perdonar la tasa de presentación no mueve la aguja.

Europa tiene reguladores, EEUU tiene demandantes

El contraste con Estados Unidos es directo. La autoridad holandesa impuso este mes 825 millones de euros a Uber por suspensiones automatizadas de conductores; la Comisión ha acusado formalmente a TikTok bajo la Digital Services Act. Pero ese dinero va al Estado, no a los consumidores afectados. Las acciones colectivas son el único mecanismo que mueve la compensación a quienes sufrieron el daño, y en la jurisdicción donde están todos los demandados ese mecanismo está bloqueado.

Mientras tanto, en EEUU un streamer de Twitch demandó la semana pasada a Twitch y Amazon por el uso de sus transmisiones para entrenar IA generativa, como acción colectiva individual, sin necesitar una ONG ni un régimen de financiación. Meta defiende en Oakland un juicio donde cuatro estados reclaman penalizaciones que la propia empresa estima en US$1,4 billones. Europa tiene los reguladores. EEUU tiene los demandantes.

¿Qué puede mover la ley de 1634?

La Law Reform Commission irlandesa publicará antes de final de año un informe sobre si las normas deben modificarse. El ministro de Justicia, Jim O'Callaghan, ya ha adelantado que está "muy reticente" a permitir financiación de litigios por terceros, citando el riesgo de "mercantilizar la justicia". La objeción no es trivial: los críticos del modelo americano apuntan exactamente a esos excesos.

Pero la Comisión Europea también ha tomado nota. En respuesta a Politico, confirmó que está en "estrecho contacto con todos los Estados miembros, incluida Irlanda" y que evalúa cómo cada uno ha transpuesto la directiva. La norma europea recuerda la obligación: donde se prohíba la financiación por terceros, hay que garantizar que los costes no supongan un obstáculo para ejercer el derecho. Un caso en cinco años es el número con el que cualquier revisor empezará a medir.

El precedente está activo: en 2026, Alemania ha perdido los plazos para transponer la Directiva de Transparencia Salarial de la UE, y la Comisión tiene la puerta abierta a procedimientos de infracción con sanciones económicas. El patrón es claro: la UE gana en regulación, pero pierde en ejecución cuando los incentivos de cada Estado no se alinean con el interés del consumidor.

Qué significa esto para tu startup

Si tu startup europea crece hasta un punto donde un consumidor quiera reclamarte colectivamente, tu sede social en Dublín puede ser un escudo —o una trampa. Te bloquea como demandado, pero también significa que tu competidor con sede allí tiene la misma ventaja. Para founders y responsables legales, esto deja tres acciones concretas:

Mapea tu exposición a litigios colectivos. Si tienes cientos de miles de usuarios europeos en un modelo de negocio con publicidad programática, suscripción automática o cláusulas opacas, el ICCL, Noyb o Digital Rights Ireland pueden tenerte en el radar. El caso Microsoft/programática marca el precedente.
No uses Dublín solo como escudo fiscal. El mismo domicilio que te da el paraguas frente a acciones colectivas hoy es el que la Comisión Europea puede atacar mañana con un procedimiento de infracción. Modela tu estructura societaria pensando en que la excepción irlandesa puede no durar.
Invierte en diseño de producto pro-consumidor. Mientras el regulador irlandés esté bloqueado, la única defensa operativa real es reducir la superficie de daño: políticas de cancelación de un clic, opt-out real de tracking, y trazabilidad de decisiones automatizadas. En el momento en que se desbloquee la financiación de litigios —y el informe de la Law Reform Commission se publique— el primer caso modelo caerá sobre quien tenga la fricción más visible.