Colombia: déficit 9,4% en 2027 y la prueba fiscal arranca ahora

El hueco que se destapó: por qué Wall Street habla de «sinceramiento» y no de «nuevo gasto»

El presupuesto radicado por el gobierno de Abelardo De la Espriella lleva el déficit del Gobierno Nacional Central de Colombia a 7,2% del PIB en 2026 y a un 9,4% en 2027, un salto de 1,9 y 4,9 puntos respecto de la guía anterior. El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 quedó en $634,9 billones, unos $59 billones más que el texto de $575,6 billones que dejó la administración anterior. Esa diferencia no es un capricho: la nueva propuesta incorporó COP$37,4 billones (US$11.700 millones) de servicio de deuda que no aparecían, más $23 billones en obligaciones que la administración Petro había dejado por fuera del radar.

Según la lectura de Santiago Téllez, economista de Goldman Sachs (GS), las cifras muestran que el punto de partida para el ajuste fiscal es «peor de lo que se entendía anteriormente». Citi (C), a través de Esteban Tamayo, lo resume como un «reinicio fiscal» más que como un nuevo choque: se suman pasivos, atrasos y gastos antes subfinanciados, y al mismo tiempo se baja una base de recaudo que resultaba optimista. Lo mismo recoge JPMorgan (JPM): la revisión «es un paso adelante significativo» porque prefiere mostrar el desequilibrio antes que ocultarlo. Natixis, vía Benito Berber, coincide en que el sinceramiento es «positivo en términos netos», aunque insiste en que los déficits de 2026 y 2027 son demasiado altos para ignorarlos.

En criollo, según reporta Infobae: el país necesitaría entre cuatro y ocho años para ordenar las finanzas públicas, según José Ignacio López, presidente de Anif.

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Qué obligaciones estaban escondidas y cuáles se conocieron ahora

Goldman Sachs identificó COP$9,6 billones (US$3.000 millones) vinculados al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), junto con subsidios de gas y electricidad y obligaciones insuficientemente financiadas en salud y pensiones. JPMorgan amplía la lista y suma cerca de COP$23 billones (US$7.200 millones) en pensiones, salud, salarios públicos, universidades y FEPC. El Tiempo desglosa el faltante: $4,5 billones en nómina, $6,5 billones en pensiones, $2,0 billones en salud, $700.000 millones en universidades públicas y $9,6 billones en subsidios de energía y gas.

A esto se añade el costo de la emergencia del terremoto del 10 de agosto en San José del Palmar (Chocó), que según el Gobierno dejó un golpe equivalente a unos COP$30 billones (US$9.417 millones), cerca de 1,5% del PIB. Bloomberg Línea confirma que, tras el terremoto, el CDS colombiano pasó de 143 pb el 7 de agosto a 136 pb el 25 de agosto: el mercado no se asustó, pero tampoco relajó la calificación implícita.

Deuda y financiamiento: la otra mitad del problema

El déficit cuenta la mitad de la historia. El otro medio es cómo se paga. Goldman Sachs proyecta que la deuda neta del Gobierno Central pasará de 59,7% del PIB en 2026 a 66,2% en 2027, con necesidades brutas de financiamiento de COP$266 billones (US$83.000 millones). Citi detalla el calendario: desembolsos internos por COP$150,9 billones (US$47.100 millones) y externos por COP$87,7 billones (US$27.400 millones), con amortizaciones que suben de COP$26,6 billones a COP$57,2 billones. El peso de los intereses también crecerá: JPMorgan estima que el costo financiero subirá de 3,8% del PIB en 2026 a 4,9% en 2027.

Para Citi, «para los mercados, el financiamiento sigue siendo la cuestión central». La duda es cuánto saldrá de bonos internacionales, multilaterales o líneas bilaterales, y cuánto se refinanciará dentro del país —probablemente mudando deuda de corto plazo hacia TES más convencionales, como apuntan los analistas del banco estadounidense.

Riesgo país, calificadoras y la lectura del mercado

Bloomberg Línea reportó que la prima de Colombia está en el rango alto de América Latina: CDS a 5 años en 136,18 pb frente a 41 pb de Chile, 51 pb de Uruguay, 59 pb de Perú y 79 pb de México, según datos del IIF al 25 de agosto de 2026. La calificación de S&P para Colombia es BB-, un escalón por debajo de Brasil (BB) y a dos del último escalón del grado de inversión.

Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), le dijo a Bloomberg Línea que el mercado «ya había vuelto a suscribir el crédito contra la señal política, antes de cualquier evidencia de ejecución», y que por eso el spread actual «funciona más como un pronóstico que como una valuación, con un perfil asimétrico»: si el ajuste se cumple, hay poco margen para que el riesgo baje; si se desvía, el castigo puede ser fuerte. La IED acumulada cayó 31% interanual en julio hasta US$629 millones y suma 15 meses por debajo de US$1.000 millones, según el Banco de la República, lo que muestra que la confianza financiera y la productiva todavía no se mueven al mismo ritmo.

La «Ley Rescate»: qué se necesita aprobar en el Congreso

El Gobierno busca un ajuste equivalente a 2,2 puntos del PIB, concentrado en recorte de gasto más que en nuevos impuestos. Si se aprueba, Citi calcula que el déficit de 2027 podría bajar a un rango de 7,2%-7,4%, frente al 9,4% de la línea base. JPMorgan advierte que «la trayectoria legislativa de la Ley de Ajuste Fiscal es el riesgo clave de ejecución» y recuerda que esos 2,2 puntos todavía deben recibir el aval del Congreso. Goldman Sachs mantiene por eso una visión cautelosa de mediano plazo, aunque ve posible que el ajuste empiece en 2027 y que la consolidación se asiente en 2028.

Como ancla de disciplina, JPMorgan identificó COP$17,5 billones (US$5.500 millones) en medidas de austeridad —compras de bienes y servicios, proyectos de inversión de baja prioridad y ajustes distribuidos en más de 250 partidas— y Goldman suma una reducción de gasto cercana a COP$21 billones (US$6.600 millones) para 2026, equivalente a cerca de 1% del PIB. Anif, según Infobae, pidió una «cirugía» al gasto que recorte $22 billones en rubros como funcionamiento, contratos de prestación de servicios e inversiones con baja ejecución, por ejemplo en vías terciarias a cargo de Invías. El ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez, ya anunció una congelación preventiva de $21,9 billones en gastos.

¿Qué cambia para founders y empresas que operan en Colombia?

Reevalúa el costo de fondeo a 12-24 meses. Si tu startup tiene créditos indexados a TES o a la tasa de intervención del Banco de la República, asume que el componente de intereses seguirá subiendo: JPMorgan proyecta que el servicio de la deuda pasará de 3,8% a 4,9% del PIB en 2027. Modela dos escenarios de tasa y revisa covenants.
Anticipa licitaciones y pagos del Estado con holgura. El presupuesto 2027 prioriza funcionamiento ($392,5 billones) y servicio de deuda ($155,4 billones) sobre inversión: la inversión pública pasa de $85 billones a $86,9 billones, un crecimiento mucho menor que el resto del gasto. Si vendes al Estado, ajusta tu pipeline y tu calendario de caja.
Prepárate para volatilidad cambiaria y de spreads. El CDS de Colombia a 5 años está en 136 pb, lejos de los 41 pb de Chile o los 51 pb de Uruguay. Cualquier tropiezo en la Ley Rescate puede ampliar el spread; cualquier señal de ejecución firme puede comprimirlo. Cubre exposiciones en moneda extranjera y evita descalces grandes mientras el Congreso debate el ajuste.
Usa el sinceramiento como ventaja competitiva. Anif estima que Colombia podría conseguir cerca de tres puntos del PIB sin tocar el bolsillo de la mayoría de los hogares vía eficiencia tributaria, petróleo, gas y minería, incluidos los descubrimientos offshore. Si tu tesis depende de energía, infraestructura o sectores extractivos regulados, dale un peso mayor a Colombia frente a pares de la región.

Qué mirar en las próximas semanas

Trámite de la Ley Rescate en el Congreso: si se aprueban los 2,2 puntos del PIB, el déficit de 2027 se movería al rango 7,2%-7,4% según Citi. Si se cae o se diluye, Goldman ve posible que la consolidación arranque recién en 2028.
Estrategia de financiamiento externo: Citi pide claridad sobre el mix entre bonos internacionales, multilaterales y bilaterales para cubrir los COP$87,7 billones (US$27.400 millones) del componente externo.
Calificadoras: el próximo movimiento de S&P, Fitch o Moody’s será una señal dura sobre si la calificación BB- se sostiene o se ajusta.
Ejecución de los recortes anunciados: $21,9 billones congelados y $17,5 billones de austeridad son la primera prueba de que la voluntad política del nuevo gobierno se traduce en ahorro efectivo.