Lyft pagará US$272,5M por conductores mal clasificados

Lyft pagará US$272,5M: ¿qué dice este acuerdo sobre la gig economy?

El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció este jueves un acuerdo de US$272,5 millones con Lyft para cerrar la mayor demanda por misclasificación de trabajadores en la historia del estado. La demanda, presentada en mayo de 2020, acusaba a la empresa de cometer "robo salarial" al tratar a sus conductores como contratistas independientes en lugar de empleados entre 2016 y 2020. Para cualquier founder que esté construyendo un marketplace o un modelo de "Uber para X", este fallo es una señal de alerta que va mucho más allá de una nota regional californiana.

¿Cuánto dinero va a parar a los conductores?

El acuerdo, que aún necesita aprobación del Tribunal Superior de California en San Francisco, cubre presuntas violaciones ocurridas entre abril de 2016 y el 15 de diciembre de 2020, según reportó Yahoo Finance. Los demandantes incluyen al fiscal general Bonta, las fiscalías de ciudad de San Francisco, Los Ángeles y San Diego, la Oficina del Comisionado Laboral de California (LCO) y dos demandantes privados que actuaron bajo la Ley de Procuradores Generales Privados (PAGA) del estado.

De los US$272,5 millones, al menos US$237 millones irán directamente a los conductores elegibles, calculados según las horas y millas recorridas en el período cubierto, según la oficina del fiscal general. La comisionada laboral Lilia García-Brower calificó el acuerdo como el más grande en la historia del estado en materia salarial. En total, el 87% del monto va directamente a los conductores, según Insurance Journal.

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Adicionalmente, la LCO redirigirá su parte de las penalidades — US$5,45 millones — a más de 1.600 conductores que habían presentado reclamos salariales por la vía administrativa, quienes además recibirán un multiplicador que duplica las millas utilizadas para calcular su pago.

Lyft podrá pagar el acuerdo en hasta cuatro años, con un interés simple del 5% que se activa después del primer año, hasta un tope de US$12,4 millones en intereses, sin penalidad por prepayment. La compañía negó admisión de responsabilidad y reiteró que sus conductores siempre estuvieron correctamente clasificados. En su presentación ante la SEC, Lyft registró una provisión de US$210 millones relacionada con el caso en el cuarto trimestre de 2025, y excluyó el monto del acuerdo del cálculo de su EBITDA ajustado.

¿Qué son AB5 y Proposition 22, y por qué importan?

El origen legal está en el Assembly Bill 5 (AB5), la ley estatal que codificó la "prueba de las tres partes" (ABC test) para determinar cuándo alguien debe ser clasificado como empleado y cuándo como contratista independiente. Bajo esa vara, corresponde al empleador demostrar que el trabajador es un contratista — un estándar mucho más alto que el de la mayoría de legislaciones laborales.

La demanda original fue presentada en mayo de 2020 por el entonces fiscal general Xavier Becerra — hoy candidato demócrata a gobernador de California — contra Lyft y Uber. En agosto de ese mismo año, la LCO presentó una demanda separada en el Tribunal Superior del Condado de Alameda. Los casos se consolidaron en el Tribunal Superior de San Francisco en septiembre de 2021.

En noviembre de 2020, los votantes californianos aprobaron la Proposition 22, una iniciativa impulsada por Lyft, Uber, DoorDash y otras plataformas que eximió a los conductores de rideshare y reparto de la aplicación de AB5, permitiéndoles seguir siendo contratistas con un piso de ganancias por viaje y cierta cobertura médica y de accidentes. La Prop 22 entró en vigencia en diciembre de 2020, lo que explica por qué el acuerdo cierra el período cubierto el 15 de diciembre de ese año: todo lo posterior queda fuera del caso. "Este acuerdo cierra un capítulo de un tiempo muy distinto, antes de Prop 22", dijo Lyft, según reportó KQED.

¿Por qué Uber no se sumó al acuerdo?

El acuerdo no resuelve la demanda contra Uber, que sigue litigando. "El trabajo no está terminado cuando se trata de proteger a los conductores aquí en California que han sido mal clasificados, y Uber es un gran violador", dijo Bonta, según KQED. En 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó escuchar el pedido conjunto de Uber y Lyft para mover los reclamos estatales a arbitraje privado — una estrategia de la industria para sacar los casos del sistema judicial y llevarlos a tribunales cerrados, generalmente más favorables a las empresas.

Un tribunal estatal de apelaciones había confirmado en 2020 una orden que obligaba a las empresas a reclassificar a sus conductores como empleados, aunque la aprobación de Prop 22 semanas después neutralizó en la práctica esa decisión para los años siguientes.

¿Qué significa esto para tu startup?

Este caso no es solo historia legal californiana. Es un mapa de riesgos para cualquier founder que esté construyendo un marketplace o un modelo de trabajo bajo demanda. Algunas implicaciones concretas:

Revisa tu prueba de clasificación hoy, no después de la demanda. La ABC test de California es una de varias docenas de variantes en el mundo. La mayoría de jurisdicciones de LATAM y Europa se están moviendo hacia estándares más protectores del trabajador. Si tu modelo depende de contratistas para funciones centrales del producto, mapea qué pasaría si un juez aplicara la vara más estricta posible. El costo de hacerlo hoy es una hora de tu abogado laboral; el costo de no hacerlo puede medirse en cientos de millones.
El "modelo Prop 22" es muy difícil de replicar fuera de California. Lyft, Uber y DoorDash impulsaron la Prop 22 como ballot measure, un mecanismo específico de ciertos estados de EE. UU. En la mayoría de países hispanohablantes no hay equivalente realista, lo que deja mucho menos espacio de maniobra legal para los founders.
El arbitraje privado no es la salida definitiva. Uber y Lyft intentaron mover los casos a arbitraje individual. La Corte Suprema de EE. UU. les cerró la puerta en 2024. Si tu contrato con usuarios o trabajadores incluye cláusulas de arbitraje obligatorio, asume que cada vez son más vulnerables a ser declaradas inaplicables en acciones colectivas de interés público.
El precedente ya existe fuera de California. En septiembre, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani anunció una acción de cumplimiento de US$131,5 millones contra DoorDash por violaciones a las leyes de trabajadores de reparto de la ciudad, reportó KQED. La tendencia global apunta a más fiscalización, no a menos.

La pregunta estratégica que un founder de marketplace debería hacerse no es "¿podemos permitirnos contratar empleados?" sino "¿cuánto nos está costando hoy no hacerlo, en provisión contable, riesgo de demanda y costo de capital?". Lyft provisionó US$210 millones en su balance antes de cerrar el acuerdo — una cifra que suele superar con creces el costo de ajustar el modelo.