Sanders busca vetar lectores de placas en el gobierno de EE.UU.

Sanders quiere sacar al gobierno federal de EE.UU. del negocio de los lectores de placas

Flock opera más de 120.000 cámaras en 49 estados y procesa más de 20.000 millones de lecturas de matrículas al mes. El senador Bernie Sanders (Vermont) presentó el viernes el Ban Flock Act, un proyecto que prohíbe a las agencias federales de EE.UU. utilizar lectores automáticos de placas (ALPR) o acceder a datos generados por cámaras operadas por policías locales y empresas privadas. La propuesta llega en medio de un creciente rechazo ciudadano a Flock Safety, el mayor proveedor de esta tecnología en el país, y cuando el Congreso ya celebra audiencias por casos documentados de abuso policial.

A pesar de su nombre, el proyecto no menciona a Flock en su texto y aplica a cualquier sistema ALPR. Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) y Jeff Merkley (Oregón) figuran como copatrocinadores.

¿Qué propone exactamente el Ban Flock Act?

El proyecto articula tres palancas principales:

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Prohibición federal: ninguna agencia del gobierno de EE.UU. podría operar lectores automáticos de placas ni conectarse a bases de datos de ALPR gestionadas por policías locales o por privados.
Excepciones estrechas: solo se permitirían usos para cobro de peajes y los que el Congreso aprobara en el futuro, siempre con retención de datos limitada a 48 horas.
Sanciones económicas a estados y municipios: a partir del primer año fiscal posterior a la entrada en vigor, perderían Grants federales de cinco departamentos (incluidos Justicia y Seguridad Nacional) si no prohíben la tecnología. Los ciudadanos podrían demandar al gobierno federal por violaciones, y los fiscales generales estatales podrían ejecutar la ley.

El proyecto enfrenta «odds largos» en el Congreso, según TechCrunch, pero se inscribe en una ofensiva legislativa más amplia que incluye el Flock-Off Act del republicano Thomas Massie y el Stop Flock Abuse Act del senador Josh Hawley.

Por qué Flock está en el centro de la tormenta

Flock Safety se ha convertido en sinónimo del debate sobre vigilancia masiva en EE.UU. Según datos de la propia compañía citados en un blog de febrero, su red procesa más de 20.000 millones de lecturas de matrículas al mes y, según Sanders, opera más de 120.000 cámaras en 49 estados (Alaska queda fuera).

Medios como The Hill y ABC News, citando al grupo DeFlock que monitorea la red, elevan la cifra total de cámaras ALPR mapeadas en EE.UU. a entre 135.000 y 138.000, de las cuales alrededor del 82% serían de Flock.

La presión se ha acelerado por casos documentados de abuso:

En Milwaukee, un ex oficial se declaró culpable de conducta indebida tras buscar a su entonces pareja y a la ex de esta 179 veces, justificando las consultas como «investigación».
En Indianápolis, cinco oficiales fueron acusados esta semana de utilizar datos de Flock para rastrear exparejas y acosar a desconocidos, según KCUR.
En Kentucky, un oficial fue arrestado tras supuestamente rastrear a su exnovia más de 2.000 veces.
En Florida, Lindsey Isaacs fue identificada erróneamente en una cámara Flock como sospechosa de huir de un accidente fatal y pasó tiempo en confinamiento solitario antes de que se aclarara el error, según CBS News.

La presión tampoco se limita a Washington

La reacción municipal y estatal ha sido, en muchos casos, más rápida que la federal. Según el rastreador de DeFlock, más de 120 agencias o jurisdicciones han cancelado, suspendido o rechazado contratos con Flock desde enero de 2025, y más de 50 ciudades y condados han desactivado o cancelado cámaras ALPR, según ABC News.

Algunos casos destacados:

Texas: el gobernador Greg Abbott ordenó en septiembre suspender toda financiación estatal para cámaras Flock. Dallas planea apagar 321 cámaras financiadas por el estado (mantendrá unas 300 con fondos municipales). Austin ya había descontinuado su política ALPR en julio de 2025; Bastrop aprobó por unanimidad su desmantelamiento el 8 de septiembre.
Arizona: Tempe canceló su contrato en julio y el concejo aprobó un contrato de casi US$7 millones con Axon Enterprise por cinco años, con una cláusula que prohíbe activar la función ALPR. Surprise canceló tras un caso de uso personal de datos por un oficial.
California: el gobernador Gavin Newsom vetó en septiembre de 2025 un proyecto que establecía requisitos de protección de datos para sistemas ALPR. En San Diego, una demanda civil acusa a la ciudad de operar 500 cámaras (cuyo mantenimiento cuesta unos US$2 millones al año, según San Diego Union-Tribune) en violación de la constitución estatal.
Nueva York: la NYPD reveló que al menos 24 oficiales usaron la base de datos de Flock 1.710 veces entre marzo de 2023 y diciembre del año pasado, pese a que el departamento no tiene contrato con la empresa, según New York Daily News.

Flock responde con lobbying y cambios de política

Flock ha pasado al modo defensivo. Garrett Langley, CEO de la compañía, anunció en agosto una reducción del período de retención por defecto de 30 a 7 días y un sistema de auditoría que bloquea a los oficiales pendientes de revisión cuando detecta búsquedas inusuales. En un podcast reciente, el inversor Jason Calacanis propuso un sistema de «doble llave» en el que dos personas deben aprobar una búsqueda, y Langley respondió que la idea está «en la pizarra».

La presión también se mide en dólares. Según OpenSecrets, Flock ha gastado más de US$2 millones en lobbying federal y estatal desde 2025: cerca de US$1,4 millones a nivel federal (con un trimestre récord de US$220.000 entre abril y junio de 2026) y al menos US$1 millón en legislaturas estatales, con presencia activa en 34 estados. Sus competidores Axon y Motorola Solutions (matriz de Vigilant) han gastado más de US$5 millones cada uno en el mismo período, aunque en carteras más amplias.

El gasto en contratos revela el tamaño del pastel: según el profesor Torin Monahan, de la Universidad de Carolina del Norte, algunas universidades pagan US$750.000 por arrendar sistemas Flock, y despliegues municipales pueden superar el millón de dólares. OpenSecrets documenta tarifas típicas de US$2.500 a US$3.000 por cámara al año.

Qué significa esto para tu startup

El caso Flock no es solo una historia de vigilancia policial: es un manual en tiempo real de cómo un sector tecnológico puede pasar de héroe a paria en menos de dos años. Para founders que trabajan en govtech, smart cities, IA aplicada o datos sensibles, hay al menos tres lecciones accionables:

Construye pensando en la auditoría, no en la opacidad. La nueva presión regulatoria en EE.UU. (y por contagio, en otros mercados occidentales) apunta a requisitos de retención corta, doble autorización y trazabilidad de búsquedas. Si tu producto usa datos sensibles, integra desde el día uno logs auditables, expiración automática y un modelo de «búsqueda registrada o no existe». Esa arquitectura es hoy un activo competitivo, no un costo.
Diseña tu política de lobbying como parte del producto. Flock gastó más de US$2 millones intentando contener el daño, pero el gasto solo no gana batallas regulatorias. Antes de contratar lobistas, invierte en comunicación transparente con comunidades, en publicar datos agregados de uso (como propone DeFlock con sus mapas) y en construir Coaliciones con defensores de privacidad. La narrativa se gana en los medios locales, no en K Street.
Prepárate para la migración de proveedores en govtech. Si vendes a municipios (sobre todo en EE.UU., pero también en Europa y LATAM), estate listo para absorber clientes que migran desde Flock o Axon. El movimiento en Tempe (cambio a Axon, pero con prohibición de ALPR) y en Texas (apagado de 321 cámaras) muestra que el mercado se reconfigurará: habrá nuevos players con arquitecturas «privacy by design» y modelos de despliegue que no dependan de redes masivas de retención.

Sanders y AOC saben que el Ban Flock Act enfrenta un camino cuesta arriba en el Congreso. Pero el verdadero cambio está ocurriendo municipio por municipio, contrato por contrato, con ciudadanos que se organizan alrededor de mapas colaborativos como DeFlock. Para los founders del sector, la señal es clara: la próxima década de tecnología aplicada a seguridad pública se va a jugar tanto en el código como en la corte.