España aprueba 20 centros de IA y chips sin dinero nuevo

España aprobó un real decreto-ley que crea hasta 20 centros públicos de investigación de «interés nacional» en IA, semiconductores y computación cuántica, y que sube la deducción fiscal por I+D del 12 % al 15 %. El detalle que cambia la lectura para cualquier founder: el texto no incluye dinero nuevo y tiene que convalidarse en 30 días con las Cortes disueltas.

Qué incluye el real decreto-ley de soberanía tecnológica

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto-ley de soberanía científica y tecnológica, impulsado por los ministerios de Ciencia y de Hacienda, con cuatro bloques de medidas. El primero es la creación de una red de hasta 20 centros públicos de «interés nacional» en diez áreas estratégicas: semiconductores avanzados, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, biotecnologías, conectividad, navegación y tecnologías digitales avanzadas, tecnologías de detección, tecnologías espaciales y de propulsión, tecnologías energéticas, robótica y sistemas autónomos, y materiales y fabricación avanzados.

La novedad no son los centros en sí, sino el estatus especial que se les otorga: cinco años prorrogables hasta diez, con más autonomía para contratar, comprar equipamiento científico y llevar resultados al mercado. Podrán recurrir al derecho privado para transferir resultados, crear empresas o participar en ellas. Según ABC, los veinte centros se seleccionarán mediante un procedimiento interministerial y su incorporación deberá aprobarla después el Consejo de Ministros.

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El segundo bloque convierte el Barcelona Supercomputing Center (BSC) en una fundación pública adscrita a la Administración General del Estado, con la posibilidad de crear una empresa para comercializar sus resultados. El tercero reduce trámites en convenios y contratos de I+D+i, elimina autorizaciones previas en ciertos contratos y permite retribuciones más altas a investigadores financiados con fondos externos.

El cuarto es el que toca directamente el bolsillo de una empresa: la deducción fiscal en el impuesto de sociedades por actividades de innovación tecnológica sube del 12 % al 15 %.

¿Qué gana una startup con los nuevos incentivos fiscales?

Dos cambios concretos. Las startups sin beneficios podrán aplicar hasta 3 millones de euros anuales en deducciones, frente al millón anterior. Y la bonificación del 40 % en las cotizaciones sociales por contratación indefinida de personal investigador pasa de tres a cinco años.

Para una empresa en fase pre-revenue con equipo de I+D, ese segundo punto suele pesar más que la deducción: la bonificación se aplica sobre coste real de nómina y no depende de tener resultado contable positivo. La deducción, en cambio, exige documentar qué actividades califican como innovación tecnológica.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, reconoció durante la presentación que, pese al aumento de la inversión en investigación de los últimos años, «la inversión privada sigue estando muy por debajo de lo que querríamos y de la media europea».

¿Cuánto dinero hay detrás del decreto?

Ninguno nuevo. El propio texto se apoya en financiación ya anunciada: la Estrategia Deep Tech España, aprobada en mayo, que moviliza más de 8.000 millones de euros hasta 2030, y una aportación de 300 millones a las gigafactorías europeas de IA aprobada en junio, de las que España tiene dos, en el BSC y en el CESGA.

El punto de partida explica la urgencia. España dedicó el 1,50 % de su PIB a I+D en 2024, frente a en torno al 2,2 % de media en la UE, y se ha fijado como objetivo el 2,12 % en 2027. Según la Fundación COTEC, cumplir esa meta exigiría crecimientos anuales de la I+D cercanos al 24 %, muy por encima del ritmo actual.

El BSC ya funciona como infraestructura para startups

Más allá del cambio jurídico, el BSC lleva meses operando como lo que el decreto quiere multiplicar. Su AI Factory Accelerator Programme salió de la fase piloto y opera a pleno rendimiento, con acceso a cómputo soberano, mentoría técnica y formación para startups españolas, según GCN. La infraestructura se apoya en MareNostrum 5 y ha prestado más de 800 servicios a clientes públicos y privados desde su lanzamiento en abril de 2025.

Algunos de esos servicios ya están disponibles a través del portal de NVIDIA Inception. Entre los casos que recoge GCN: Qatium, que construye IA para redes de agua y ya se usa en más de 250 utilities de 16 países, y Avatia, con un sistema multiagente de voz para equipos de ventas farmacéuticas.

El centro también firma acuerdos con empresas privadas: en septiembre de 2026 anunció una colaboración de dos años con iPronics, startup valenciana de fotónica de silicio, para integrar conmutación óptica programable en su infraestructura de GPU.

Conviene recordar que el BSC no llega libre de sombras. En mayo de 2025 la Fiscalía Europea abrió una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 9,8 millones de euros para un ordenador cuántico financiado con fondos Next Generation, según ABC. El centro sostuvo que actuó conforme a la legislación de contratación pública y que colaboraba con las autoridades.

¿Qué significa esto para tu startup?

Tres movimientos que puedes hacer ya, sin esperar a la convalidación del decreto.

  • Audita tu I+D antes de que cierre el ejercicio. Si tienes personal investigador contratado de forma indefinida, la bonificación del 40 % en cotizaciones ampliada a cinco años es dinero que ya estás dejando sobre la mesa si no la aplicas. Revisa con tu asesor fiscal qué contratos califican.
  • Documenta los proyectos, no solo los gastos. La deducción del 15 % exige justificar qué actividad es innovación tecnológica. Un registro con hipótesis, iteraciones y resultados vale más que una factura suelta.
  • Si eres deep tech, mira al BSC como socio, no como proveedor. Los centros de interés nacional podrán crear empresas y participar en ellas, y el BSC ya tiene vía jurídica para comercializar resultados. Un convenio de investigación con un centro público puede darte acceso a cómputo que en cloud comercial cuesta millones, como señala GCN.

El calendario político es el riesgo real

El decreto llega con las Cortes disueltas por las elecciones generales del 29 de noviembre. Eso significa que debe convalidarlo la Diputación Permanente en un plazo de 30 días, según el artículo 86 de la Constitución, y el próximo Gobierno podría modificarlo.

Pedro Sánchez defendió la medida con una frase que resume el marco: «Soberanía es no depender de multinacionales ni intereses extranjeros». El diagnóstico es compartido en medio continente, pero un texto que reconoce no traer financiación nueva y que depende de una validación parlamentaria en plena campaña deja abierta la pregunta central: con qué dinero se construyen las gigafactorías, los chips y la computación cuántica.

Conclusión

Para un founder en España, el decreto es una señal útil y una palanca incompleta. Los incentivos fiscales y la desburocratización son reales y aplicables desde ya, y la conversión del BSC en fundación pública abre la puerta a acuerdos con el sector privado. Lo que no cambia es la brecha de financiación: España sigue por debajo de la media europea en inversión en I+D y el objetivo del 2,12 % para 2027 exige un ritmo de crecimiento que ningún decreto administrativo produce por sí solo.

La lectura práctica: aprovecha lo que ya está en vigor —deducciones, bonificaciones y acceso a cómputo público— y no construyas tu plan de negocio sobre un presupuesto que todavía tiene que pasar por el Parlamento.

Fuentes

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