AWS podrá usar un 48% más de agua en su centro de Aragón

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha autorizado a Amazon Web Services (AWS) a aumentar un 48 % la dotación de agua de su centro de datos de El Burgo de Ebro, en Zaragoza. El organismo no aprecia efectos significativos sobre el medio ambiente y da por hecho que la misma medida se extenderá a los complejos de Villanueva de Gállego y Huesca, para los que la compañía presentó solicitudes idénticas. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de Aragón en los próximos días.

Para cualquier founder que corra producto sobre infraestructura cloud, la decisión importa más de lo que parece: fija el coste ambiental y regulatorio de la capa sobre la que se construye todo lo demás. Y Aragón se ha convertido en el laboratorio europeo de ese debate.

Qué ha autorizado el Inaga y qué obliga a AWS

Lo relevante no es solo el permiso, sino el trámite que AWS se ahorra: el proyecto no tendrá que pasar por una evaluación de impacto ambiental ordinaria. A cambio, la compañía deberá modificar su autorización ambiental integrada y aportar información detallada sobre consumos previstos, caudales de abastecimiento, volúmenes de aguas residuales, sistemas de tratamiento y capacidad de los depósitos.

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También tendrá que cumplir la normativa contra la legionelosis y de protección contra incendios, aplicar un plan de vigilancia ambiental con seguimiento continuo y restaurar el terreno cuando se desmantele la instalación. Es decir: menos escrutinio previo, más obligaciones documentales y de vigilancia durante la vida útil del centro.

Por qué AWS pidió más agua

La solicitud se presentó a finales de 2024. El diseño original calculaba 555 horas al año de uso de agua para refrigeración; la memoria elaborada por la consultora Tauw Iberia eleva esa cifra a 900 horas. La compañía argumenta que, tras dos años de funcionamiento, los valores aprobados no reflejan con exactitud las condiciones climáticas del emplazamiento.

Como contrapartida, AWS ha retrasado el umbral al que el sistema pasa del free cooling a la refrigeración con agua: de 28,3 ºC a 29,4 ºC, lo que según el propio documento reduce el consumo. La demanda actual del centro es de 36.662 m³, el 0,009 % del total del Canal Imperial de Aragón, del que se abastece.

El número que importa: 0,92 hectómetros cúbicos al año

La dotación autorizada para El Burgo de Ebro, 53.961 m³, no es el consumo total de AWS en la zona. Con la ampliación de la región de datos, el agregado máximo asciende a 917.603 m³ al año, es decir, 0,92 hectómetros cúbicos. Para dimensionarlo, las papeleras de la Ribera Baja superan los 20 hectómetros cúbicos.

Un estudio ambiental previo hablaba de unos 755.000 m³ para las nuevas instalaciones, y Ecologistas en Acción ya advertía de que sería difícil comprobar cuánta agua se extrae realmente. Ahí está el nudo del problema: la regulación no obliga a las empresas a informar de lo que gasta cada centro por separado.

Las medidas de AWS: nanofiltración, depósitos y 25 kilómetros de tuberías

La compañía ha fusionado dos plantas de tratamiento previstas en una sola, con nanofiltración, que debería recuperar cerca del 70 % del agua, y ampliará el almacenamiento in situ hasta 72 horas. A eso se suman tres tanques de tormentas en los nuevos centros.

El proyecto más visible es la financiación de 25 kilómetros de renovación del Canal Imperial de Aragón. Según la información publicada por Interempresas, la actuación —junto a la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial y con apoyo técnico de Agrow Analytics— sustituirá acequias de riego a cielo abierto por tuberías cerradas, incorporará sensores de humedad e imágenes por satélite y creará un gemelo digital del sistema hídrico. La inversión prevista es de 3,73 millones de euros y el objetivo declarado, ahorrar más de 10.000 millones de litros al año cuando el proyecto esté completo en 2030.

Las cifras de reposición las da la propia AWS: según Interempresas, la compañía asegura que por cada litro que necesitan sus centros en Aragón repone unos 15 litros al sistema hídrico local, y que ha elevado su inversión en proyectos de recuperación de agua en la comunidad por encima de los 21 millones de euros.

La sequía como telón de fondo

El contexto hídrico no ayuda. El 15 de septiembre, la acequia de Camarera, en la cuenca del Gállego, vio recortada su concesión al 35 %: era la segunda restricción del verano, tras el 60 % de agosto, y afectó a unas 4.500 hectáreas. El colectivo No es sequía, es saqueo vincula esos recortes con los proyectos de Villanueva de Gállego, Villamayor y La Puebla de Alfindén.

En Teruel, la comunidad de regantes de Gaén mantiene bloqueadas las negociaciones para ceder agua del Ebro. Y en el centro de Huesca, una investigación de El País estimó que el complejo consumió casi el doble de lo concedido, un antecedente que Ecologistas en Acción y Tu Nube Seca Mi Río usaron en sus alegaciones. Ambas organizaciones reclaman controles independientes porque la normativa no les da acceso a los datos de consumo.

AWS defiende que necesita margen para años anómalos como 2022 y asegura que sus centros solo usan agua por encima de los 30 grados.

Un decreto más blando y el pulso político

Mientras la región autoriza más agua, el marco estatal se mueve en la dirección contraria, aunque con menos fuerza de la esperada. El borrador de decreto que el Gobierno central presentó a finales de agosto aplicaba las normas a partir de 1 MW; según Reuters, el umbral sube ahora a 10 MW, con un 80 % de suministro renovable y un régimen transitorio de hasta cinco años. El Gobierno de Aragón había presentado cinco alegaciones al texto. Los colectivos del agua señalan que fija parámetros de eficiencia, pero no límites al consumo en sequía.

El desgaste reputacional también se juega en el plano fiscal y vecinal. Cuando Heraldo reveló que AWS pagaba el IAE en Madrid, el alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, lo calificó de lamentable y vergonzoso. Semanas después, la compañía anunció que pagará el impuesto en los municipios y abonará cuatro años de atrasos, sin dar cifras. Según la prensa aragonesa, también saldó 194.000 euros de IBI pendientes en El Burgo de Ebro.

Los precedentes existen: en Cuarte los vecinos lograron que Amazon desviara una línea de alta tensión y en Walqa (Huesca) rechazaron un centro en la primera consulta vecinal de Aragón.

Aragón, el Virginia del sur de Europa

La escala del fenómeno explica por qué el agua se convirtió en tema político. Según NPR, en Aragón se proyectan 27 centros de datos, que ocuparían unas 7 millas cuadradas de terreno, y AWS declaró a la emisora que creará 6.200 empleos permanentes cuando estén construidos. Microsoft y el fondo Blackstone también han firmado acuerdos para levantar instalaciones en la región.

NPR detalla además que las empresas llegaron atraídas por incentivos fiscales y una tramitación acelerada que les concede un estatus especial: poder de expropiación, eliminación del veto de los alcaldes y un plazo de objeción pública de solo 23 días hábiles. En paralelo, AWS calcula una inversión global de 33.700 millones de euros hasta 2035. Los centros emplean a pocos trabajadores directos —el campus de El Burgo de Ebro contempla 122, según la documentación publicada en el BOA que recoge El Periódico de Aragón— y, a pleno rendimiento, consumirían más electricidad que toda la comunidad.

¿Qué significa esto para tu startup?

El conflicto por el agua de los centros de datos no es un tema de otro sector: es el coste de tu propia infraestructura entrando en la conversación pública. Tres movimientos concretos:

Audita dónde vive tu stack. Si tu producto corre en una región cloud europea, esa región tiene ahora un expediente hídrico abierto y un conflicto vecinal activo. Para un cliente enterprise o una administración pública, la ubicación de tus servidores ya forma parte de la due diligence ambiental.
Modela el coste regulatorio, no solo el precio por hora. El nuevo umbral de 10 MW y la exigencia de 80 % de suministro renovable encarecen operar en zonas con estrés hídrico. Si dependes de GPU, la región que elijas afecta precio, latencia y continuidad a medio plazo.
Mira la demanda que abre el conflicto. El proyecto del Canal Imperial incluye sensores de humedad, imágenes satelitales, gemelo digital y riego de precisión sobre 24.000 hectáreas y cerca de 10.000 agricultores, según Interempresas. Es una señal clara de que hay presupuesto para software de gestión hídrica y agtech en la cuenca del Ebro.
Prepara la respuesta incómoda. Si tu startup usa IA de forma intensiva, tus clientes empezarán a preguntar por el agua y la energía que hay detrás de tus modelos. Tener una respuesta documentada, aunque sea imperfecta, es mejor que improvisarla en una reunión de compras.

Conclusión

La autorización del Inaga deja tres preguntas abiertas: quién mide cuánta agua usa cada centro, qué prioridad tendrá el regadío cuando se declaren restricciones y qué dirá la justicia sobre el PIGA, el plan que Ecologistas en Acción llevó a los tribunales en enero de 2026.

Aragón apostó por ser la Virginia del sur de Europa y ha conseguido los centros de datos, los empleos prometidos y una factura hídrica que ahora se discute en los tribunales y en las calles. Para el resto del ecosistema, el aprendizaje es útil: cuando la infraestructura digital se vuelve visible en el territorio, la licencia social deja de ser un capítulo de sostenibilidad en la memoria anual y se convierte en una variable operativa más.