Azul Azul: 63% a la venta entra en jaque por la U. de Chile

El cronómetro corre: la venta del 63% de Azul Azul se juega en octubre

El proceso de venta del 63,07% de Azul Azul —la sociedad anónima deportiva que gestiona el plantel de la Universidad de Chile— entró en una etapa decisiva que mezcla fútbol, derecho concursal y M&A. El paquete accionario está en manos del fondo Tactical Sport, controlado a su vez por Asesorías e Inversiones Sartor, la matriz del Grupo Sartor hoy en liquidación. El liquidador Eduardo Godoy Hales acaba de nombrar a Landmark y Vector Capital como asesores financieros y corredores de bolsa para ejecutar la operación, y ya apareció un primer grupo de interesados: exalumnos de la casa de estudios liderados por un empresario con vínculos en minería.

Pero el deal tiene una bomba de tiempo debajo. La Universidad de Chile sostiene que Azul Azul incumplió de forma grave y reiterada el convenio que regula el uso de sus marcas y símbolos —el «Búho», el «Chuncho», la «U»— y exige renegociarlo con derecho a veto sobre inversiones, auspiciadores y una mejora del royalty que hoy es 1,05% de los ingresos brutos o 4% de las utilidades netas, lo que sea mayor. La concesionaria provisionó $384.973.000 por ese concepto para 2025, según su memoria anual, pero cálculos extraoficiales de la universidad apuntan a elevarlo hasta el 10% de los ingresos brutos.

El liquidador fue directo en la entrevista con Diario Financiero: el proceso debería resolverse «más o menos en el orden de seis meses», pero espera que el conflicto con la universidad esté resuelto antes de diciembre para que los potenciales compradores no liciten con ese tema pendiente. «No es el mejor escenario, pero los tiempos no los elijo», resumió.

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Un convenio de 2008 que hoy pone en jaque a la operación

El documento en disputa se firmó el 18 de agosto de 2008, un año después del contrato original de concesión a Azul Azul (del 8 de junio de 2007), y la concesión subyacente se extiende hasta 2052. La universidad encargó al abogado Andrés Jana un informe de 80 páginas que más que un dictamen es un «plan estratégico» de acción: allí se documentan incumplimientos previos al caso Sartor, como vínculos con casas de apuestas ilegales en Chile —el auspicio de Jugabet en la camiseta— o intentos de inscribir a nombre de Azul Azul signos antiguos de la universidad como Club Universitario de Deportes ante el Inapi, solicitud que se presentó en marzo de este año y a la que se desistió en mayo. También se menciona el intento de vender criptomonedas con el nombre de la Universidad de Chile.

La ofensiva de la universidad está liderada por la prorectora Dorotea López y un consejo consultivo integrado por los decanos Gabriel Hernández (Derecho), Óscar Landerretche (FEN) y Susana Mondschein (Ciencias Físicas y Matemáticas), todos asesorados por el propio Jana, quien trabaja ad honorem. La universidad quiere además normas de mayor transparencia para futuras ventas de la concesionaria, justamente para evitar que se repita un caso como el de Sartor.

Desde la vereda opuesta, en Azul Azul responden que no ha habido incumplimientos y que la universidad aprovecha políticamente la crisis para forzar cambios en un convenio plenamente vigente. «Es arrogante pensar que ellos tienen el toro por las astas. Azul Azul tiene los derechos federativos y la plantilla de jugadores. Es quien está inscrito en el torneo«, expuso un cercano a la concesionaria. Si no hay acuerdo, el camino es el arbitraje, una vía que la propia cláusula del convenio contempla y que podría prolongarse años porque no hay renuncia a recursos judiciales.

Qué dice el liquidador: cronograma, KYC y posibles compradores

Godoy Hales adelantó el calendario en la entrevista con DF Mas: el 8 de octubre se realiza la junta ordinaria de acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor, donde se analizará un peritaje contable que podría derivar en acciones penales. En paralelo, se trabaja con Landmark y Vector Capital en un vendor due diligence para producir el teaser que se repartirá entre potenciales interesados.

El proceso tendrá candados especialmente duros. Habrá KYC (know your customer) exhaustivo para identificar beneficiarios finales del vehículo comprador, no solo los que aparezcan formalmente. «Es parte de la ley que dice que no pueden participar personas que tengan participación en otros clubes. Pero esto podría ser sumamente fácil de baipasear por la vía de constituir testaferros. No es que seamos infalibles, pero vamos a poner el máximo de los cuidados», explicó el liquidador. Aun cuando el comprador participe vía fondo de inversión, se exigirá que reporten los beneficiarios finales y sus créditos.

El liquidador también confirmó que Tactical Sport dejará de existir y se liquidará, y que lo que se venderá es el paquete accionario directo de Azul Azul, no las cuotas del fondo. La operación tiene un techo: el 63% se estima en torno a US$15 millones, según el propio Godoy Hales. Sobre esa base, dijo, «podría ser del orden de un 20%» lo que quede para pagar a los acreedores verificados (alrededor de $30.000 millones), después de pagar la deuda con Cerro El Plomo (cerca de $9.000 millones) y los gastos del proceso.

La historia que llevó hasta aquí es más grande. La formalización del caso Sartor comenzó el 30 de julio de 2026 y se extendió durante una semana, con 11 formalizados y un perjuicio total estimado por la Fiscalía en US$78.562.257 más $104.640.516.271 —sumadas, cerca de US$191 millones. La tesis de la Fiscalía es que los fondos públicos de Sartor AGF eran desviados a sociedades vinculadas a sus propios gestores, con el factoring Emprender Capital como caso testigo: Sartor AGF le siguió inyectando fondos pese a sus problemas financieros desde 2018 y luego, vía la sociedad Danke SF SpA creada por los Larraín Mery, tomó control de la empresa. Pedro Pablo Larraín, Michael Clark (ex director de Azul Azul) y Sergio Yáñez Astete continúan en prisión preventiva, según reportó La Tercera.

Lecciones de M&A cuando el vendedor está en problemas

El caso contiene tres patrones que cualquier founder o comprador debe reconocer antes de firmar.

1. KYC real, no de formulario. El liquidador lo dijo textualmente: vetar a personas con participación directa «podría ser sumamente fácil de baipasear por la vía de constituir testaferros». En cualquier M&A de empresas latinoamericanas con propietarios en distintas jurisdicciones, esto obliga a ir más allá del representante legal y reconstruir la cadena de beneficiarios finales, incluyendo fondos de inversión. La práctica de pedir solo el RUT o la escritura de constitución es insuficiente.

2. Los contratos de largo plazo son un riesgo vivo. El convenio Azul Azul–Universidad de Chile tiene 18 años de antigüedad y la concesión subyacente vence en 2052. Mientras tanto, las condiciones de la industria —regulación de apuestas, criptoactivos, nuevos modelos de ingresos— cambiaron. Para un founder que esté adquiriendo una concesión, licencia o activo regulado, el contrato subyacente no es un dato histórico: es una variable viva. Renegociar el royalty de 1,05% al 10% es exactamente el tipo de shock que un due diligence estándar no captura, pero que cambia el precio de la operación.

3. El accionista en problemas puede trancar todo. Aunque Azul Azul sostiene que «es quien está inscrito en el torneo», la realidad operativa es que la concesionaria depende del paquete de Tactical Sport y de su matriz Asesorías e Inversiones Sartor. Una reestructura concursal en uno de los eslabones congela la operación aunque la sociedad gerenciada esté financieramente sana. Comprar una SAD cuya matriz está en liquidación implica aceptar que las decisiones de capex, refinanciamientos y gobierno dependen de un liquidador, no de un management libremente designado.

¿Qué significa esto para tu startup?

Si vas a comprar una empresa con socios en problemas concursales, pide un «escrow de cambio regulatorio»: un monto retenido que cubra renegociaciones forzosas del contrato principal del negocio. En Azul Azul, una cláusula así habría evitado que el comprador herede el riesgo de pasar de un royalty del 1,05% a uno del 10%.
Diseña tu KYC de M&A con un módulo de beneficiarios finales: rastrea la cadena hasta las personas naturales, incluyendo las inversiones en otros vehículos del comprador. Si el comprador usa testaferros, no es un buen comprador: es un vector de riesgo reputacional.
Cuando dependas de una licencia regulada, modela el escenario de renegociación contractual en tu plan financiero: ¿qué pasa si el cedente exige un cambio de royalty? La universidad pide 10%; la concesionaria ofrece 1,05%. Esa brecha es la que define si tu IRR se mantiene positivo.