Por Gerardo Schudeck, CEO de Ceptinel y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI.
Si hubiera que elegir tres temas que captaron la agenda pública este año, sin duda el caso «convenios» fue indiscutiblemente de los más bullados. Lo ilógico parece ser que en tiempos en que la tecnología y la inteligencia artificial permean todos los espacios en la denominada transformación digital. Pero, ¿cómo es posible que teniendo acceso a datos las decisiones o los sistemas de alerta no se activen, independiente de los problemas o inclusive errores que puedan existir en los procesos de las organizaciones involucradas?
Hoy en día, existen tecnologías que en base a herramientas de machine learning permiten revisar de forma aleatoria y programada los procesos existentes, generando alertas cuando se identifican patrones anómalos o cuando se registran inconsistencias que sean compatibles con potenciales fraudes. No obstante, mientras en el sector público existen revisiones efectuadas por entes fiscalizadores, lo cual no es suficiente, en el sector privado, pese a las regulaciones e incluso la existencia de políticas internas, se han presentado situaciones identificadas como fraudes e incluso algunos delitos económicos, en base a lo que define la nueva Ley.
Entonces, la reflexión está en entender el por qué se espera a que sea la norma o la exigencia legal la que obligue a las instituciones a invertir en tecnologías que permitan controlar y evitar estos riesgos. La cultura empresarial y del estado en Chile sigue dando señales de ser más reactiva que proactiva, a diferencia de ejemplos que tenemos en otras zonas del mundo. Los esfuerzos gremiales por educar en compliance, siguen respondiendo a lo punitivo de una eventual sanción o lo que es peor, al daño reputacional que ello supone, no se tiene en el foco de estas acciones que la gestión de riesgos y el compliance deben ser parte de la Estrategia y de la Cultura de una organización.
En este contexto, por ejemplo, la ACFE (Association of Certified Fraid Examiners) entrega recomendaciones para mejorar las prácticas internas y así prevenir o identificar flancos de vulnerabilidad; mientras que los proveedores de tecnologías anti-fraudes actuales son capaces de integrarse a las fuentes de datos y sistemas informáticos empaquetados o bien de desarrollo propio, de modo de entrenar a las herramientas, desarrollar filtros y proveer un tablero de notificaciones o alertas tempranas para ejecutivos con cargos estratégicos en compañías de distintas industrias. En el caso específico del fraude, la propia ACFE estima que las organizaciones a nivel mundial pierden el 5% de sus ingresos anuales en este tipo de transacciones, que incluyen la duplicación de gastos, el uso de recursos de la empresa para la vida personal o familiar o el uso de recibos que no corresponden a gastos de trabajo, entre muchos otros.
El gran desafío entonces es mejorar las prácticas y procesos internos, incorporando sistemas de reportes y monitoreo como instrumentos transversales provechosos para la prevención de anomalías en los procesos operacionales y de negocio. Es el momento entonces de evolucionar hacia modelos y sistemas que puedan manejar un alto volumen de datos e información en tiempo real, haciéndose cargo de que los procesos en las organizaciones están vivos. Está en manos de los directores y ejecutivos de las empresas, así como de las autoridades y funcionarios del Estado, que le den espacio a la tecnología, la cual hace bastante tiempo presenta un innumerable set de opciones y alternativas para combatir la corrupción. Los daños reputacionales a una persona y lo que es peor a la organización o la marca que esta representa, es incluso irreparable según algunos estudios, y sin duda tienen un costo de larga recuperación en estos bullados casos de corrupción.
Esperemos que no sea necesario una efemérides como esta para tomar conciencia acerca de la prevención de delitos económicos y la inversión inteligente en tecnologías preventivas, de modo que el 2024 no traiga nuevos casos que indudablemente afectan la reputación de organismos del Estado, de las empresas privadas y de organizaciones de la sociedad civil, generando desconfianza y rechazo en la opinión pública.
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