CISE reúne al ecosistema para definir la Ley de Startups de Cantabria

Cantabria define el rumbo de su primera Ley de Startups regional

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) reunió la semana pasada a representantes del ecosistema de innovación cántabro para aterrizar las medidas que darán forma a la futura Ley de Startups de Cantabria. La jornada, organizada junto a la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, dio continuidad al proceso de consulta pública que se cerró el pasado 4 de septiembre y dio paso a una nueva fase: priorizar, ejecutar y decidir qué entra en el texto normativo y qué se desplegará después vía programas específicos.

La sesión reunió a Nacho Rodríguez, director de CISE; Javier Puente, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria; y Enrique Salas, consultor y experto en innovación, junto con actores de la cuádruple hélice —administración, empresa, universidad y centros de conocimiento—. El encuentro se enmarca en los trabajos periódicos de la RIS3 Cantabria (Estrategia de Especialización Inteligente) y puso el foco en una pregunta operativa: qué necesita el territorio para que una startup pueda nacer, crecer y escalar sin tener que emigrar.

Los diez bloques que marcarán el texto de la ley

Los participantes trabajaron sobre diez bloques temáticos definidos por la Dirección General a partir de las propuestas previas. Los ejes son los que cualquier founder español reconoce como sus dolores diarios:

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  • Financiación en distintas etapas —desde el ticket semilla hasta el growth— para cubrir los huecos que el venture capital privado no cubre en regiones periféricas.
  • Transferencia de conocimiento universidad-empresa, clave en un ecosistema con fuerte base investigadora como Cantabria.
  • Compra pública innovadora, una palanca infrautilizada en España que permite a las startups validar producto con clientes reales del sector público.
  • Entornos de prueba (sandboxes regulatorios) para testar tecnología en condiciones reales antes de salir a mercado.
  • Acceso a talento e infraestructuras, uno de los cuellos de botella clásicos del norte de España frente a Madrid o Barcelona.
  • Escalado e internacionalización, el gran reto de las startups regionales para evitar el techo de mercado.

Además, se abordó la necesidad de articular un Sistema Cántabro de Emprendimiento Innovador que conecte los recursos existentes desde la ideación hasta la consolidación de la empresa, una queja recurrente en los ecosistemas pequeños: la oferta está, pero fragmentada y descoordinada.

Una hoja de ruta para pasar del papel a la acción

El elemento diferencial de la jornada fue su orientación a resultados. Cada propuesta se filtró por cinco variables —impacto, viabilidad, utilidad, capacidad de ejecución y potencial para movilizar inversión, talento, conocimiento y colaboración— y el resultado será una hoja de ruta con prioridades, agentes responsables, dependencias entre actuaciones e indicadores de evaluación. El objetivo declarado del Gobierno cántabro es que la futura ley no se limite a declarar intenciones, sino que traduzca cada medida en un programa ejecutable con presupuesto, calendario y responsable identificado.

Esa metodología contrasta con la Ley de Startups estatal de 2022, que asociaciones como ASCA y la AEEP han criticado por su lenta implementación y por dejar fuera de regulación en capital a muchos vehículos usados por los business angels. Aprender de esos errores será uno de los retos del texto cántabro.

El contexto cántabro: la región que más ha crecido en innovación

La ley llega en un momento de aceleración inversora del territorio. Según datos ofrecidos por el consejero Eduardo Arasti en los Cursos de Verano de la UIMP y recogidos por El Español/Invertia, la inversión pública en I+D+i de Cantabria pasó de 38 millones de euros en 2023 a 93 millones en 2026, un incremento del 146%. La comunidad destina el 28% de los fondos NextGeneration a políticas de innovación y digitalización, 7,5 puntos porcentuales por encima de la media nacional, lo que la sitúa como la autonomía con mayor orientación a la I+D+i en la gestión de esos recursos.

Además, Cantabria ha escalado diez posiciones en el ranking europeo de innovación en los dos últimos años, convirtiéndose en la segunda comunidad que más ha crecido, solo por detrás de Cataluña. La I Agenda Digital de Cantabria 2024-2028 moviliza cerca de 400 millones de euros a través de 88 medidas concretas para cerrar la brecha digital y potenciar la competitividad empresarial. A esa agenda se sumarán, cuando se apruebe, las medidas de la nueva ley de startups.

En el plano de infraestructuras, el Campus Tecnológico Altamira proyecta una inversión de 3.600 millones de euros, una cifra que lo coloca entre los mayores polos de innovación del norte peninsular si se ejecuta según lo previsto.

CISE, el conector del ecosistema

CISE no es solo el convocante de la jornada: es el hub que articula la comunidad emprendedora cántabra. Está impulsado por el Gobierno de Cantabria, la Universidad de Cantabria y Banco Santander a través de UCEIF (Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero). Según datos del propio centro publicados en su página web, más de 72.000 personas de 22 países han pasado por sus actividades y más de 38.000 han recibido formación online o presencial.

Una de sus líneas con más tracción es el Workshop en Emprendimiento para Investigadores en Formación, que en su décima edición (septiembre de 2026) reunió a 36 doctorandos de 10 universidades españolas para convertir tesis en proyectos con impacto. En sus nueve ediciones anteriores, el programa formó a 295 investigadores, buena parte de ellos futuros fundadores de startups deep-tech. La transferencia de conocimiento que la nueva ley quiere ordenar ya tiene, sobre el terreno, un operador con experiencia ejecutándola.

¿Qué significa esto para tu startup?

Si estás en Cantabria o planeas operarla, la futura ley abre tres ventanas concretas que conviene vigilar de cerca:

  • Presionar por una fiscalidad diferenciada en stock options y carried interest. Las comunidades autónomas tienen margen limitado en IRPF, pero pueden diseñar bonificaciones propias y coordinar con la Agencia Tributaria deducciones autonómicas. Founders cántabros deberían elevar propuestas concretas antes del trámite de audiencia.
  • Aprovechar los entornos de prueba regulatorios. Si tu producto es biotech, fintech o movilidad, los sandboxes cántabros pueden ser un atajo para validar con la administración regional antes de pedir sandbox estatal o autorización CNMV/BEAC.
  • Mapear los fondos NextProofing cántabros. El dato de Arasti —el 28% de NextProofing a innovación, 7,5 puntos sobre la media— se traduce en convocatorias reales. Conviene seguir la web del IDEPA-Cantabria y del propio CISE para no perder plazos de programas de coinversión o compra pública innovadora.

Y si trabajas desde otra autonomía: las leyes regionales de segunda generación (Cantabria se inspira en las de Andalucía, Aragón y Cataluña) están copiando los errores de la estatal pero también sumando flexibilidades locales. Merece la pena leerlas cuando se aprueben: cada vez es más barato instalarse en una región con incentivos explícitos que negociar sede fiscal fuera.

Fuentes

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