Colombia ante el FMI: claves de un acuerdo distinto

Por qué Colombia vuelve a tocar la puerta del FMI en 2026

A finales de septiembre de 2026, el gobierno de Abelardo De la Espriella solicitó formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantar la misión técnica de la Consulta del Artículo IV, el primer paso formal para profundizar la cooperación con el organismo multilateral. No es todavía un acuerdo de financiamiento: es la auditoría anual que el Fondo realiza a cada país miembro sobre estabilidad fiscal, política cambiaria, inflación y sistema financiero. Pero la solicitud habilita eventuales líneas de crédito si el diagnóstico es favorable y el gobierno presenta un plan creíble.

La diferencia clave frente a los casos que suelen venir a la mente (Argentina, Bolivia, Ecuador) es que Colombia no parte de una crisis macroeconómica comparable. Conserva acceso a los mercados internacionales, mantiene un banco central independiente y un sistema financiero que el propio FMI reconoce como resiliente. Lo que arrastra es un deterioro fiscal acumulado que se aceleró en los últimos ejercicios.

Las cifras que explican el deterioro fiscal

El Ministerio de Hacienda presentó a finales de septiembre un cuadro crudo: el Estado gasta cerca de COP$40 billones mensuales y recauda COP$29 billones, según reportó La FM. Eso se traduce en un descalce operativo de COP$11 billones al mes. El servicio de la deuda consume uno de cada tres pesos del Presupuesto General de la Nación, lo que limita la capacidad de inversión, según el mismo ministerio.

El gobierno subió la proyección de déficit fiscal a 7,2% del PIB para 2026 y 9,4% para 2027, según reportó el diario Cambio. La deuda pública podría cerrar el ejercicio por encima del 66% del PIB, según el Banco de la República. A eso se suma el costo de reconstrucción del terremoto de magnitud 7,4 de agosto, estimado entre US$9.500 y US$14.000 millones por el diario El Heraldo.

ANIF estima que las necesidades de financiamiento del gobierno para 2027 ascienden a COP$87,7 billones en desembolsos externos y COP$150,8 billones en internos. La pregunta ya no es si Colombia necesita apoyo externo, sino bajo qué condiciones y a qué costo.

Qué mira la misión técnica que llega al país

La Consulta del Artículo IV no es un crédito: es la evaluación periódica que el FMI realiza a cada uno de sus 191 países miembros. En este ciclo, el equipo técnico revisará crecimiento, empleo, inflación, sistema financiero, principales riesgos macroeconómicos y el plan fiscal del gobierno.

Una parte sensible será la validación de la llamada Ley de Rescate, con la que el ejecutivo espera recortar el gasto público en alrededor de COP$45 billones anuales (2,2% del PIB), según Cambio Colombia. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reconoció que «el daño de estos cuatro años no se resuelve en los 50 días que llevamos administrando el desastre».

Hasta que el FMI publique su reporte, no existen cifras concretas sobre un eventual desembolso, ni carta de intención, ni lista de programas a recortar. Lo que sí hay es una ventana política: las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, del 12 al 18 de octubre, son el espacio donde suelen negociarse programas de ajuste fiscal y créditos multilaterales.

Por qué un eventual acuerdo se diferenciaría del caso argentino

Argentina es el país que más rápidamente viene a la mente, pero las diferencias son profundas. Desde su ingreso al FMI en 1956, el país firmó 23 acuerdos con el organismo, según la cronología recogida por Bloomberg Línea. El episodio de 2018 —un programa Stand-By por 36 meses, luego sustituido— dejó al país como el mayor deudor del Fondo en la región. En 2022, el directorio aprobó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas por unos US$44.000 millones, destinado en buena parte a refinanciar los vencimientos del acuerdo anterior.

Para Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, la diferencia no es solo macroeconómica sino política: «El problema es que Argentina es un despelote permanente y existe una división muy profunda sobre la necesidad de hacer el ajuste fiscal». Y agrega: «Nosotros sí queremos hacer el ajuste fiscal».

Colombia, según Echavarría, no debería replicar el camino de Milei: «No creo en un recorte en Colombia como el que está haciendo Milei, porque sería demasiado traumático y no es necesario». El FMI, bajo esta lectura, podría funcionar como respaldo técnico de un plan de ajuste que el propio país diseñe, no como imposición externa.

Bolivia y el camino de estabilizar primero

El caso boliviano ilustra la ruta inversa: estabilizar primero, luego mantener la relación con el Fondo sin grandes desembolsos. La cooperación se vinculó al proceso de estabilización iniciado en 1985, tras una crisis con hiperinflación y deterioro fiscal. La inflación pasó de 18% en 1990 a 3,1% en 1999, mientras la deuda externa pública se redujo como proporción del PIB.

Desde mediados de los 2000, la relación se concentró principalmente en supervisión económica y consultas del Artículo IV, sin nuevos acuerdos financieros significativos. Esa transición es la que Colombia podría aspirar a replicar si el eventual programa cumple su función de anclar confianza, más que de inyectar liquidez.

Ecuador: el precedente con condicionalidad estricta

Ecuador es el caso más reciente de condicionalidad estricta. En 2019, el FMI aprobó un acuerdo de Facilidades Extendidas por US$4.200 millones, cancelado en 2020 por la pandemia. Ese mismo año se aprobó uno nuevo por US$6.500 millones, completado en diciembre de 2022. En 2024, el directorio aprobó otro EFF a 48 meses por unos US$4.000 millones inicialmente.

ANIF destaca que estos programas combinan financiamiento con consolidación fiscal y reformas, y los desembolsos quedan sujetos al cumplimiento de metas cuantitativas y estructurales. Para Colombia, sería el modelo más exigente, justamente el que el gobierno de De la Espriella quiere evitar imponer unilateralmente.

La opción más probable: PLL o Stand-By

ANIF considera que las alternativas más probables serían una Línea de Precaución y Liquidez (PLL) o un Acuerdo Stand-By. La PLL exige un desempeño sólido en varias áreas y requiere medidas fiscales creíbles; el Stand-By tiene condicionalidad más amplia y permite negociar el ajuste dentro del programa.

El atractivo concreto: según cálculos de ANIF citados por Bloomberg Línea, una PLL tendría un costo cercano a 3,7% efectivo anual, frente a los bonos externos colombianos con vencimientos similares, que rondan 6,6%. La diferencia estimada es de unos 290 puntos básicos.

Colombia ya no tiene vigente la Línea de Crédito Flexible (LCF) que utilizó entre 2009 y 2025 —la usó una vez, en 2020, para la pandemia, según el recuento de Cambio Colombia—. Antes de eso, el país firmó una Facilidades Extendidas en 1999 (US$2.700 millones) y dos Stand-By en 2003 y 2005, según el economista Luis Fernando Mejía, de Lumen Economic Intelligence.

Qué significa esto para tu startup

Para founders y empresas en Colombia, el desenlace de esta negociación impacta directamente en tres frentes:

• Costo de capital y tipo de cambio. Un programa con el FMI suele venir acompañado de una mejora en la percepción de riesgo soberano. Eso abarata el crédito para todos. Si operas en pesos colombianos, una señal de credibilidad puede traducirse en menores tasas en créditos PyME, factoraje y leasing en los próximos 12-18 meses. Prepárate para renegociar líneas si el acuerdo avanza.
• Contratación pública y plazos de pago. El recorte del 1,8% del PIB en gasto que plantea el gobierno golpea primero a la nómina estatal y a los contratos con proveedores. Si tu startup vende al Estado o depende de cadenas de pago que incluyen empresas contratistas del gobierno, el flujo de caja puede estrecharse entre el último trimestre de 2026 y el primer semestre de 2027. Adelanta cobranzas y no esperes a los 90 días.
• Talento y subsidios públicos. El llamado «Gabinete por la Vida», grupo de exfuncionarios del gobierno Petro que se opone al acuerdo, advierte sobre el riesgo de recortes en inversión social, según reportó el portal Área Cúcuta. Si contratas talento junior o dependes de programas de formación pública, prepárate para que algunas becas o subsidios se recorten o reasignen.

Conclusión

Colombia tiene algo que no tuvieron Argentina ni Ecuador antes de sus últimos programas: tiempo, acceso a mercados y disposición política para ajustar. La diferencia no es menor. Si el gobierno presenta un programa fiscal creíble y el directorio del FMI lo avala, el país podría conseguir financiamiento barato y, sobre todo, una señal de credibilidad que hoy está cara. Si la negociación fracasa o se politiza —el gobierno tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el de 2027—, el costo será un mercado de deuda más estricto y un ajuste que llegará de todos modos, pero sin red de seguridad.

Fuentes

• Bloomberg Línea — FMI y Colombia: por qué un eventual respaldo sería distinto al de Argentina, Bolivia y Ecuador
• Cambio Colombia — Colombia vuelve a mirar al FMI: las claves del posible acuerdo del gobierno de De la Espriella en medio de la crisis fiscal
• ABC Economía — Gobierno destapa crisis fiscal: hueco mensual de $11 billones y acude al FMI
• La FM — Gobierno pide al FMI evaluar la economía colombiana en medio de la situación fiscal
• El Heraldo — «El FMI es clave para la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible de Colombia»: vicepresidente Restrepo
• Área Cúcuta — El FMI manda misión la próxima semana y el petrismo responde: ir al Fondo es «inconveniente»

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