De la Espriella: reforma que recorta 20% gasto estatal

Qué contiene la Ley de Rescate Económico que radicó el Gobierno

El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de Rescate Económico con tres ejes declarados: reducir el gasto público, mejorar los ingresos de la Nación y estabilizar las finanzas del Estado. La iniciativa llega en un momento en el que el déficit fiscal del Gobierno central ronda el 9,4% del PIB, según reportó El Tiempo, y en el que el propio Ejecutivo evita la etiqueta de "reforma tributaria": el ministro Miguel Gómez Martínez la ha llamado "ley fiscal" y ha insistido en que "este es el primer gobierno que en muchos años, en lugar de decir 'voy a aumentar los impuestos', dice: primero voy a bajar el gasto", según recogió Infobae.

El proyecto contempla cambios en la administración estatal, en la financiación de la seguridad social y en el sistema tributario. Y aunque el documento ya está en el Congreso, todavía debe surtir su trámite legislativo antes de convertirse en ley: nada de lo que sigue es hoy norma vigente.

Facultades extraordinarias por seis meses para reorganizar el Estado

El componente más ambicioso es la reorganización del aparato público. El articulado plantea otorgar facultades extraordinarias al presidente durante seis meses para suprimir, fusionar o escindir ministerios y departamentos administrativos, modificar la estructura de entidades públicas y reasignar funciones entre organismos para eliminar duplicidades.

¿Y esto cómo se aplica en tu negocio?

Dueños de negocio de Latinoamérica y España usan un agente de IA para ganar más y recuperar su tiempo. El Kit «tu mano derecha con IA» te muestra cómo en un video de 11 minutos, con una ficha para armar el tuyo. CAR está cerrada por ahora; al anotarte, te avisamos cuando abra.

👥 Quiero el Kit →

Esas facultades también permitirían modificar plantas de personal, suprimir empleos y vacantes y centralizar servicios administrativos compartidos entre varias entidades. El texto establece que los cambios deberán sustentarse en criterios de eficiencia y sostenibilidad fiscal, y respetar los derechos laborales previstos en la legislación.

El diagnóstico detrás de esta apuesta lo dio el propio ministro de Hacienda: según Infobae, Gómez Martínez sostuvo que existen 92 establecimientos del orden nacional, más de 60 fondos con destinación específica y 262 leyes que asignan recursos a actividades diversas. En la misma línea, El País Colombia recogió que el Estado gasta cerca de $40 billones mensuales y recibe alrededor de $29 billones.

El recorte al gasto: 50% menos en contratación y 20% nominal en personal

Para las entidades del Presupuesto General de la Nación, el proyecto fija una meta concreta: durante 2027, los costos de contratación de personal para servicios profesionales y de apoyo a la gestión deberán reducirse en 50% frente a la vigencia anterior. Es el punto del articulado con impacto más directo sobre proveedores y contratistas del Estado.

El texto también limita el crecimiento de los gastos de adquisición de bienes y servicios entre 2027 y 2030, de modo que no supere la variación anual del IPC del año inmediatamente anterior. Suma restricciones a viajes, viáticos, arrendamientos, vehículos, telefonía, papelería y publicidad oficial.

En materia de personal, el articulado plantea que para 2028 los gastos de las entidades públicas decrezcan nominalmente 20%, sin incluir a la Fuerza Pública. Para 2029 y 2030, esos gastos no podrían crecer más de 0,5 puntos porcentuales por encima de la meta de inflación promedio proyectada al elaborar el Presupuesto General.

Hay además un frente de activos: el Gobierno propone crear un programa de movilización, enajenación y optimización de activos estatales. Las entidades deberán identificar bienes muebles e inmuebles, participaciones accionarias y otros activos transferibles a la Central de Inversiones S.A. (CISA) para su administración y comercialización. Los recursos netos irían al Presupuesto General y, durante las primeras cuatro vigencias fiscales, al menos 50% se destinaría a pagar el servicio de la deuda.

El contexto de ese esfuerzo es duro. El País Colombia reportó, citando datos del Banco de la República, que la deuda pública del país llegó a $1.059 billones (64% del PIB) en el segundo trimestre de 2026, y que el presupuesto de 2027 aforado en $634 billones contempla un servicio de deuda de $155,4 billones, de los cuales $94 billones son solo intereses.

Seguridad social: exoneración de parafiscales y alza progresiva en salud

Este es el bloque que más debería mirar cualquier empresa con nómina formal en Colombia. A partir de 2027, el proyecto contempla exonerar del pago de aportes parafiscales al Sena y al ICBF, así como de las cotizaciones al régimen contributivo de salud, a las sociedades y personas jurídicas que cumplan las condiciones establecidas en el texto.

Para los trabajadores dependientes, la iniciativa propone una cotización a salud a cargo del empleado que aumentaría progresivamente según el nivel salarial: desde 4% para quienes devenguen hasta un salario mínimo mensual legal vigente, hasta 8% para quienes reciban entre 20 y 25 salarios mínimos.

El documento también plantea cambios en la destinación de recursos de las cajas de compensación familiar y del Fosfec para financiar el aseguramiento en salud. La letra pequeña —qué sociedades califican y bajo qué umbrales— queda por definirse en el trámite legislativo, así que conviene leer el articulado antes de proyectar ahorros.

Impuestos al consumo: licores, tabaco y vapeadores

El proyecto incluye modificaciones a los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas y productos de tabaco. Para licores, vinos, aperitivos y similares propone una tarifa específica de $750 por cada unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, más un componente ad valorem de 35%. La tarifa específica se actualizaría anualmente con la variación del IPC más cuatro puntos porcentuales.

También modifica disposiciones sobre cigarrillos, tabaco elaborado, derivados y dispositivos electrónicos con nicotina, incluidos los vapeadores. El recaudo adicional del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas se destinaría a financiar el aseguramiento en salud.

¿Qué significa esto para tu startup?

El proyecto todavía no es ley, pero su dirección es clara: menos gasto de funcionamiento, más presión sobre la contratación pública y un rediseño de la carga parafiscal. Tres movimientos concretos para los próximos meses:

Modela el escenario parafiscal en tu nómina. Si tu empresa es una sociedad y cumple las condiciones del texto, la exoneración de aportes al Sena, ICBF y salud desde 2027 puede ser material. Antes de celebrar, revisa los requisitos exactos cuando se publique la ponencia: el ahorro depende de umbrales que aún no están cerrados.
Si vendes al Estado, diversifica ya. Una caída del 50% en contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en 2027, más el límite de crecimiento en compras atado al IPC, golpea directo a las startups B2G. Busca contratos con entidades territoriales, sector privado o mercados vecinos antes de que el ajuste se ejecute.
Vigila el frente de activos. El programa de enajenación vía CISA puede abrir oportunidades para quien tenga caja: participaciones accionarias y bienes estatales saldrán al mercado. Es un canal poco explorado por founders y con ventanas de tiempo acotadas.
Si tu producto depende del consumo de licores o tabaco, recalcula precios. Un componente ad valorem de 35% más una tarifa específica indexada a IPC+4 puntos cambia el margen de toda la cadena.

El riesgo de fondo es que el recorte se quede corto. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, citado por El País Colombia, estimó que el déficit de 2026 será de 7,8% del PIB y el de 2027 de 9,5%, con deuda neta en 67,4% del PIB. Bancolombia calculó un recorte de gasto realista de $30 billones para 2027, frente a los $45 billones que proyecta el Gobierno. Para un founder, la lectura práctica es simple: planifica con el escenario conservador, no con el optimista.