El alza del mínimo deja a Colpensiones sin COP$5 billones

El desajuste entre lo presupuestado y lo decretado

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 se construyó con la hipótesis de que el salario mínimo subiría 7,5%. El decreto de Gustavo Petro lo terminó fijando en 23,7%: casi tres veces más. Esa brecha, que el grueso del debate político miró por el lado laboral y de competitividad, tiene una segunda cara menos comentada: Colpensiones la está pagando ahora.

Según datos de Colpensiones con corte a julio de 2026, 1,18 millones de pensionados —el 60,8% del total del Régimen de Prima Media— reciben exactamente un salario mínimo. Solo esa masa representa una nómina mensual cercana a COP$2,1 billones, según el análisis del centro de pensamiento ANIF reseñado por Bloomberg Línea.

En términos simples: cuando el mínimo sube muy por encima de la inflación, las mesadas pegan un salto proporcional que el presupuesto no contemplaba.

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Por qué las pensiones se «arrastran» con el mínimo

La Constitución colombiana prohíbe que una pensión sea inferior al salario mínimo. En la práctica eso ata las mesadas bajas al indicador salarial, mientras las pensiones más altas se ajustan por la inflación del año anterior.

Cuando el mínimo crece 23,7% y la inflación cierra muy por debajo (ANIF recalcula el faltante contra un escenario contrafactual de 6% basado en inflación más productividad), el gasto pensional se dispara de manera desproporcionada. A eso se suma el llamado «efecto arrastre»: pensiones ligeramente superiores al mínimo que, tras el ajuste por inflación, quedaron por debajo del nuevo piso legal y tuvieron que nivelarse hacia arriba por mandato constitucional.

ANIF estima hoy el costo anual adicional en torno a COP$3,2 billones. La Ministra de Trabajo Natalia López habló ante el Congreso de cerca de COP$5 billones para cubrir solo las mesadas de noviembre y diciembre, y la Contraloría General calculó COP$4,2 billones. Las cifras no coinciden, pero apuntan al mismo lugar: hay una presión fiscal real.

La otra versión: Asofondos pide mirar el conjunto

En paralelo, Andrés Velasco, presidente de Asofondos (que agrupa a los fondos privados), llevó la discusión a Mañanas Blu y atribuyó el faltante de COP$5 billones directamente a la diferencia entre el 7,5% presupuestado y el 23,7% decretado, según reseñó El Heraldo.

Velasco agregó un dato clave: las pensiones equivalentes a un salario mínimo representan para Colpensiones un gasto anual de entre COP$8 y COP$9 billones. El alza del mínimo también sube el 16% de cotización sobre esa base, pero el efecto neto no alcanza a cerrar la brecha: el faltante se sostiene cerca de COP$5 billones. La cobertura del año se completa con cotizaciones, traslados desde el régimen privado y transferencias del PGN, que en 2026 aportan COP$33,78 billones, según el presupuesto publicado por La República.

Colpensiones paga hoy cerca de COP$80 billones al año en mesadas del régimen general: la mitad se cubre con transferencias del Presupuesto Nacional y la otra mitad con cotizaciones y traslados, de acuerdo con el reporte de Asofondos recogido por El Heraldo.

¿Qué cambia con la reforma pensional que entra en 2027?

El problema no termina este año. La Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 y la entrada en vigencia quedó fijada para el 1 de abril de 2027, según la explicación del abogado pensional Carlos Andrés Boada Mesa publicada en La FM. Desde esa fecha, Colpensiones asumirá un rol mucho mayor dentro del sistema.

El propio Ministerio de Hacienda reconoció necesidades adicionales cercanas a COP$5 billones para 2027 que todavía no están en el presupuesto, y propuso en el ajuste del PGN COP$6,5 billones extra para atender obligaciones del sistema pensional, según el reporte de El Heraldo.

Hay un detalle técnico que importa: Colpensiones construyó su presupuesto de COP$75,67 billones para 2026 sin reforma pensional, asumiendo que la suspensión de la Ley 2381 se mantendría. El fallo de la Corte obliga ahora a recalcular, según la nota de La República.

Qué significa esto para tu startup en Colombia

Aunque la noticia parece lejana —pensiones, ministerios, presupuesto—, te toca directamente si contratas gente en Colombia o si vendes software, servicios B2B o nóminas a empresas colombianas. Tres efectos prácticos:

Costo laboral por encima de lo planificado. Un junior contratado a un mínimo en enero te cuesta 23,7% más de lo que el presupuesto de tu cliente o tu propio P&L había asumido. Si tu modelo se basa en precios fijos a 12 meses, ese delta se come margen.
Presión sobre clientes Pyme. Las MiPymes son las más expuestas. Si tu cliente es una empresa mediana o pequeña, prepárate para renegociaciones de contrato, recortes en proyectos no críticos y demoras en pagos. Varios gremios, entre ellos Fenalco, ya alertaron del riesgo para la supervivencia de negocios chicos, según el reporte de EFE.
Inflación al alza y tasas altas más tiempo. El exministro José Antonio Ocampo advirtió que la indexación va a empujar la inflación y forzar al Banco de la República a mantener tasas altas más tiempo, según EFE. Si tu startup depende de deuda o crédito, el costo financiero no baja tan rápido.

Dos acciones concretas para founders

Recalifica tu costo total por empleado (CTE) hoy, no en diciembre. Si tienes nómina en Colombia, pasa el CTE a precios de 2026 con el mínimo actualizado y suma 10-15% de colchón para posibles incrementos en prestaciones sociales (seguridad social indexada). Si trabajas con contractors, replica el ejercicio para tu tarifa horaria.
Anticípate a renegociaciones. Envía esta semana a tus clientes B2B una nota breve: «Por el ajuste del mínimo y el cambio en cargas a seguridad social, voy a actualizar tarifas a partir del próximo ciclo». Es preferible avisar temprano que ejecutar un aumento unilateral a fin de año. Modela dos escenarios: uno con el cliente aceptando y otro con cancelación parcial, y ten un plan B para el segundo caso.

La lección de fondo

El episodio colombiano es un caso de manual de cómo una decisión política salarial puede convertirse en un problema fiscal sistémico cuando la arquitectura del Estado sigue atada al indicador. El salario mínimo en Colombia indexa seguridad social, pensiones, contratos públicos, multas, vivienda VIS y decenas de rubros más, según el recuento de Marca Colombia. Cada salto del mínimo se multiplica por todos esos canales.

Para un founder, la lectura práctica es doble: por un lado, diseña tu negocio para ser resiliente a sobresaltos regulatorios (planes de personal, contratos y precios con cláusulas de revisión); por el otro, vigila de cerca la política fiscal del país donde operas, porque las decisiones de hoy se traducen en presión sobre tu caja dentro de 6 a 12 meses.