Massachusetts exige energía limpia propia a data centers de más de 25 MW

Massachusetts obliga a los data centers a llevar su propia energía limpia

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó el 8 de septiembre la Executive Order 658, una orden ejecutiva que obliga a los nuevos data centers de más de 25 MW de demanda pico a generar o contratar su propia electricidad limpia, cubrir el coste de las mejoras de red necesarias y obtener primero el aval de la comunidad local antes de iniciar cualquier trámite estatal. El texto resume la posición de la gobernadora: "A menos que una comunidad diga sí a un data center, estamos diciendo no".

La orden llega apenas dos meses después de que el estado pausara en junio las solicitudes de exención del impuesto sobre ventas para data centers, un beneficio fiscal de 20 años que había entrado en vigor apenas un mes antes y que la propia Healey atribuye a la legislatura, no a su administración. Massachusetts se convierte así en el tercer estado en pocos meses en endurecer la regulación sobre hyperscalers, después de que Nueva York firmara en julio la primera moratoria estatal para data centers de 50 MW o más y de que Texas anunciara en agosto auditorías obligatorias para nuevos proyectos, según el mismo reporte de TechCrunch que cubrió el anuncio.

¿Qué cambia exactamente con la orden de Healey?

El Boston Herald, que cubrió la firma de la orden, detalla cinco condiciones no negociables para cualquier proyecto que supere los 25 MW:

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Aprobación local primero: los desarrolladores deben cerrar un community benefits agreement con los municipios que cumpla con los estándares de justicia ambiental del estado antes de que MassDEP, la Energy Facilities Siting Board o la oficina de MEPA toquen una sola solicitud de permiso.
Energía limpia propia: deben procurar electricidad limpia nueva suficiente para cubrir todo su consumo anual bajo el Massachusetts Clean Energy Standard.
Sin coste para los usuarios: deben pagar todas las mejoras de interconexión y red sin trasladarlas a la tarifa.
Agua protegida: sin comprometer disponibilidad ni calidad del recurso hídrico local, especialmente en sequías.
Fondo de protección al usuario: si no cumplen los requisitos de energía limpia, deben pagar al Ratepayer Protection Fund, un fondo nuevo que se devuelve directamente a los hogares.

Además, la orden prohíbe que las agencias estatales firmen acuerdos de confidencialidad (NDA) con los desarrolladores, una práctica habitual en los procesos de permisos que, según la administración, blindaba los costes de red y los impactos comunitarios antes de que nadie pudiera revisarlos. El Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts tiene hasta el 31 de diciembre para diseñar el mecanismo de pago alternativo al fondo.

El WBUR, la radio pública de Boston, subraya que la orden también pausa indefinidamente las aplicaciones a la exención fiscal sobre ventas que la propia Healey había vetado en junio. La mandataria no aclaró cuándo reabrirán las solicitudes, y el texto reenvía la decisión al resultado del proceso regulatorio en curso.

Una exigencia menos ambiciosa de lo que parece

El "clean energy" de la orden no es lo mismo que 100% renovable. Healey explicó que la exigencia se mide contra el Massachusetts Clean Energy Standard, una ley estatal que fija un porcentaje creciente de generación limpia por año: en 2030, las fuentes aprobadas (eólica, solar e hidráulica) deben representar al menos el 40% del total. El año exacto de referencia varía, y la cifra ratchet up con el tiempo. Es decir: un data center puede cumplir la orden sin operar con cero emisiones fósiles, siempre que su mix eléctrico cumpla el umbral anual que corresponda.

Según Yahoo News, Massachusetts ya tenía cerca de 40 data centers antes de esta orden, una cifra que el rival republicano de Healey, Mike Minogue, comparó en enero con los 665 de Virginia para argumentar que el problema no son las instalaciones, sino la falta de capacidad eléctrica del estado. La propia orden reconoce esa tensión: pide a los desarrolladores que "asegure sufficient water supplies, wastewater and infrastructure capacity", pero también les exige no sobrecargar la red.

Por qué importa: la ola regulatoria ya no distingue partidos

El caso de Massachusetts se inscribe en un giro mucho mayor que documentan el Washington Post y la National Conference of State Legislatures. Las cifras concretas:

375 proyectos de ley sobre data centers se han presentado en legislaturas estatales en lo que va de 2026, más que en los tres años anteriores combinados, según el análisis del Washington Post citado por Finance & Commerce.
Tres de cada cuatro proyectos buscan restringir data centers, no facilitar su llegada.
15 estados han presentado proyectos de moratoria o prohibición total, según el listado de la NCSL: Nueva York (aprobada), Nueva Jersey, Pensilvania, Vermont, Maine (vetada), Delaware, Maryland, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Georgia y Wisconsin.
Una encuesta de Gallup recogida por el mismo análisis muestra que 7 de cada 10 estadounidenses se oponen a un data center cerca de su casa.
En Texas, otrora el estado más amigable, el gobernador Greg Abbott anunció el 3 de agosto auditorías de la comisión de servicios públicos y de ERCOT para nuevos proyectos, lo que en la práctica ha pausado aprobaciones de conexión a red.
En Virginia, conocida como la "capital de los data centers", la legislatura ha aprobado este año cinco proyectos restrictivos sobre consumo de agua, emisiones de generadores de respaldo y ruido de los ventiladores, según el Post.

El giro es bipartidista. El reportaje de Star Advertiser sobre Texas señala que republicanos en al menos cinco estados (Michigan, Wisconsin, Pensilvania y otros) han endurecido su discurso contra data centers en los últimos meses, rompiendo con el apoyo de la Casa Blanca a la expansión de IA. Una encuesta del Texas Politics Project encontró que solo el 30% de los tejanos apoya un data center en su comunidad.

El propio sector tecnológico está reaccionando. El super PAC "Leading the Future", financiado por Marc Andreessen, Ben Horowitz y Greg Brockman (cofundador de OpenAI), está comprando anuncios en estados bisagra, según TechCrunch. En Texas, super PACs vinculados a Anthropic llevan gastados más de US$2,6 millones y los vinculados a Brockman más de US$4,8 millones en elecciones federales y estatales, según filings públicos citados por Star Advertiser.

El contexto energético detrás de la presión

La regulación no es ideológica: es física. La Agencia Internacional de la Energía estima que los data centers consumieron 485 TWh en 2025 a nivel global y proyecta 950 TWh para 2030, según Oilprice.com. Aunque esa cifra representa solo alrededor del 3% de la demanda eléctrica mundial, la IEA advierte que aproximadamente el 20% de los proyectos planeados podrían enfrentar retrasos si no se desbloquean los cuellos de botella del sector eléctrico.

El problema no es la generación, sino la inflexibilidad. Un campus de IA puede necesitar cientos de MW detrás de una sola conexión, mientras que las líneas de transmisión tardan 4 a 8 años en planificarse y construirse, según el mismo análisis. Casi la mitad de la capacidad estadounidense existente se concentra en cinco clusters regionales, y aproximadamente la mitad de los nuevos proyectos se están ubicando en esos mismos clusters ya congestionados.

La ONU, a través de UNU-INWEH, publicó en septiembre un policy brief que resume el dilema: la IA es a la vez causa y posible solución del problema. El texto recomienda que los data centers operen "primariamente con energía renovable verificable" y que los reguladores exijan modelos de IA "domain-informed" y transparentes para planificación de capacidad. Google ya anunció en marzo de 2026 que incorporó 1 GW de demanda flexible en acuerdos con varias eléctricas de EE. UU., desplazando cargas de entrenamiento cuando la red está bajo estrés.

¿Qué significa esto para tu startup?

Si tu startup corre workloads de IA o tiene clientes con data centers en EE. UU., la pregunta ya no es si tu proveedor eléctrico te va a cobrar más, sino dónde y bajo qué reglas podrás operar. Massachusetts acaba de crear el modelo más replicable: comunidad primero, energía limpia propia, sin subsidios cruzados.

Acciones concretas que puedes tomar esta semana:

Audita la ubicación de tus proveedores cloud y de inferencia. Pregúntales explícitamente en qué estado operan sus racks, qué tipo de generación los alimenta y si firmaron community benefits agreements. Estados como Massachusetts, Nueva York, Texas o Pensilvania ya condicionan permisos; tu SLA puede quedar atrapado en un litigio de zonificación municipal.
Mide el consumo eléctrico real por inference request, no solo por token. Con 950 TWh proyectados para 2030 y el 20% de proyectos en riesgo de retraso, los proveedores con flexibilidad contractual (estilo Google) van a conservar capacidad; los que dependen de conexión firme, van a esperar. Diseña tu arquitectura para poder mover entrenamiento batch a regiones con holgura y dejar inferencia cerca del usuario final.
Si vendes a municipios o utilities, esta es tu ventana. La orden de Healey obliga a publicar guías municipales antes del 31 de diciembre y exige reporting transparente. Hay producto nuevo que construir ahí: plataformas de simulación de impacto en red, herramientas de community benefits agreement, o software de cumplimiento del Clean Energy Standard por data center. El policy brief de la ONU pide explícitamente modelos de IA transparentes y auditables para planificación de capacidad, no LLMs genéricos.