RIGI aprueba US$49.766M en 23 proyectos de energía y minería

¿Qué es el RIGI y por qué importa más allá de la minería?

El Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) es el instrumento que la Argentina aprobó dentro de la Ley Bases de 2024 para atraer proyectos de más de US$200 millones con estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, extensibles a 40 para exportaciones estratégicas de largo plazo. A cambio, baja la alícuota de Ganancias del 35% al 25%, libera el acceso a divisas en forma gradual (20%, 40% y 100% en tres años) y permite elegir tribunal internacional para resolver disputas con el Estado. Las empresas adheridas deben invertir al menos el 40% del monto mínimo durante los primeros dos años contados desde la aprobación.

Según datos del Ministerio de Economía que publicó La Nación, ya se presentaron 48 iniciativas al régimen. De ese total, 23 fueron aprobadas y suman US$49.766 millones; otras 25 están en evaluación y comprometen US$159.713 millones adicionales. En febrero pasado los proyectos aprobados eran apenas 10 por US$25.479 millones: en siete meses, la inversión aprobada casi se duplicó. Doce de los 23 aprobados son mineros.

El cobre concentra unos US$13.300 millones, con el proyecto Vicuña (Lundin Mining y BHP en San Juan, US$9.024 millones) como el más grande, seguido por Los Azules (McEwen, US$2.353 millones) y San Jorge (PSJ Cobre Mendocino, US$613 millones). En litio se aprobaron unos US$5.800 millones repartidos entre seis iniciativas como Salar de Rincón (Rio Tinto) y Cauchari Olaroz (Minera Exar).

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¿Cuánto cobre necesita el mundo y dónde entra Argentina?

La transición energética exige entre 10 y 15 millones de toneladas adicionales de cobre en la próxima década, según el análisis que cruza El Cronista con datos del sector. La presión viene sobre todo de los vehículos eléctricos, que consumen hasta 60 kg de cobre frente a los 8 kg de un auto convencional. La Argentina pasó de producir a gran escala tras el cierre de Bajo de la Alumbrera y hoy podría aspirar a 1,5-2 millones de toneladas anuales hacia 2035, compitiendo con jugadores consolidados y emergentes como la República Democrática del Congo, Zambia, Sudáfrica y Mongolia.

La oportunidad es concreta pero lenta: entre el descubrimiento de un yacimiento y el inicio de la producción pueden pasar más de 20 años. Y la exploración está atrasada: solo el 20% del territorio con aptitud geológica fue explorado en profundidad. La Argentina perfora entre 3 y 5 metros por kilómetro cuadrado, frente a los 10-15 metros de Perú y los 15-20 metros de Chile, según El Cronista. La exploración que no se haga hoy no se traducirá en exportaciones durante la próxima década. ABECEB estima que las exportaciones mineras pasarán de unos US$10.000 millones en 2026 a US$18.500 millones en 2030 y a más de US$35.000 millones en 2035.

¿Qué enseñan 50 años de DL 600 en Chile?

El Decreto Ley 600 (DL 600) chileno se creó en 1974 para atraer inversión extranjera durante la transición del pinochetismo a la democracia. Aunque se derogó en 2014, con vigencia hasta 2016 para contratos previos, su paso dejó dos lecciones que el RIGI mira de cerca. Mientras existió, trajo proyectos greenfield de gran escala: activos como Spence todavía operan bajo contratos del DL 600 anteriores a su derogación. Y durante los doce años posteriores sin ese instrumento, la inversión en activos en marcha continuó, pero no ingresaron grandes proyectos mineros desde cero.

Para Martín Reydó, director ejecutivo de Fundar, ambos regímenes fueron diseñados para atraer inversiones extranjeras en países con antecedentes de inestabilidad macroeconómica. La diferencia operativa, según Reydó, es que el DL 600 no bajaba impuestos sino que solo aseguraba invariabilidad; el RIGI además baja Ganancias del 35% al 25%, suma amortización acelerada y exenciones a otros tributos. Por eso, para un inversor, el costo fiscal de adherir al RIGI es menor desde el primer año, no solo más estable.

¿Pagar más a cambio de certeza? La lógica detrás de la invariabilidad

El paralelismo también muestra el costo de la estabilidad. Chile se encamina a reducir su impuesto corporativo general del 27% al 23% en cuatro años, pero las mineras que adhieran al nuevo régimen de invariabilidad por 30 años pagarán una tasa diferenciada a cambio de protección frente a futuros cambios normativos. Cuando Chile aprobó el nuevo royalty minero, la industria negoció un techo de carga tributaria total del 46%, apenas por encima del rango de 42-45% que aplican Perú, Canadá y Australia.

Ejecutivos trasandinos citados por El Cronista resumen el trade-off así: Estados Unidos, Canadá y Australia mantienen cargas elevadas y aun así captan inversiones gracias a su previsibilidad institucional. Para Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo, el RIGI funciona como «un disparador fuerte porque le da a la Argentina la posibilidad de igualar la cancha con Chile y Perú», aunque advirtió que el país «compite contra su propio pasado de incumplimiento de contratos y de cambios permanentes en las reglas del juego».

Las tres patas que miran las mineras: estabilidad, dólares y glaciares

Para las operadoras, el capítulo más decisivo del RIGI no es solo la estabilidad tributaria sino tres puntos finos. Primero, la libre disponibilidad de dólares: esquema de acceso a divisas con liberalización gradual del 20%, 40% y 100% en tres años. Sica lo considera «el aspecto más crítico». Segundo, la resolución de disputas: la posibilidad de elegir tribunales internacionales para arbitrar con el Estado cambió el ámbito de litigar. Tercero, la aclaración de la Ley de Glaciares, un marco ambiental que se consideró imprescindible para destrabar proyectos de escala en la cordillera.

En la fila de espera aparecen los montos más altos. Argentina LNG, el proyecto de exportación de GNL que impulsa YPF junto con Eni y XRG, prevé una inversión de US$51.000 millones, la mayor de la historia del país según La Nación. YPF también presentó LLL Oil por US$25.000 millones, mientras que Chevron busca ingresar con El Trapial (US$13.800 millones), Glencore con el proyecto cuprífero El Pachón (US$9.500 millones) y MARA (US$4.000 millones).

La trampa del «Compre Local» y el empleo como licencia social

El RIGI fija que un mínimo del 20% de la inversión se destine a proveedores locales no vinculados. Algunas provincias mineras, sin embargo, impulsan regulaciones con porcentajes que, según los casos, llegan al 70% o 90%. Sica advierte que obligar por ley a cupos rígidos reduce las tasas de retorno y «corre el riesgo de frenar la inversión». En Chile, el entramado de proveedores se construyó gradualmente durante tres décadas, con exigencias técnicas, incentivos y puntajes para empresas regionales, no con porcentajes rígidos desde el inicio.

En empleo, la diferencia entre los dos países es grande: la minería formal representa apenas el 0,6% del empleo privado registrado en la Argentina, mientras en Chile explica alrededor del 10% de la fuerza laboral si se cuentan trabajadores directos, contratistas y empleos vinculados, ubicándose entre las actividades con mejores salarios. Para Reydó, el desafío argentino es conectar la demanda minera y de oil & gas con las capacidades metalúrgicas que ya existen en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza: «si no conectamos esas dos Argentinas —la del centro con la de los Andes y la Patagonia— vamos a estar en un problema».

¿Qué significa esto para tu startup?

Aunque el RIGI está pensado para inversiones de más de US$200 millones, genera tres olas de oportunidad concretas para founders.

Proveedores B2B y metalmecánica. El proyecto Argentina LNG (YPF, Eni y XRG) prevé contratar bienes y servicios nacionales por US$15.000 millones, según informó YPF. Solo Vicuña y Los Azules suman más de US$11.000 millones en etapa de construcción. Si tu startup vende servicios a la minería (logística de alta montaña, mantenimiento predictivo con sensores, gestión de campamentos, software de trazabilidad de mineral, equipos de electrificación remota) el RIGI expande el techo del mercado local con un piso de demanda plurianual.
Fintech, pagos B2B y regtech para inversiones cross-border. La liberalización gradual del acceso a divisas (20%/40%/100%) y la posibilidad de arbitraje internacional exigen infraestructura financiera nueva: cuentas en USD para proveedores, hedging cambiario simplificado, KYC para joint ventures, tokenización de contratos de largo plazo.
Marketplace y compliance para proveedores que entran al 20%. El régimen obliga a invertir el 40% del piso mínimo en los primeros dos años, lo que fuerza licitaciones rápidas. Una capa de software que conecte mineras con PYMES metalúrgicas calificadas, o que digitalice compliance ambiental y de origen de fondos, tiene una ventana abierta mientras los proyectos están en fase de ingeniería de detalle.

Tres acciones concretas para aplicar esta semana:

Mapea los 23 proyectos RIGI aprobados y los 25 en evaluación; arma una lista de cuáles entran en construcción en los próximos 24 meses y dónde están tus clientes objetivo.
Si trabajas con proveedores, lee el cronograma de inversiones que publica el Ministerio de Economía —la lista es pública y se actualiza periódicamente— y agenda reuniones con las áreas de procurement antes de que se cierren las licitaciones.
Diseña tu propuesta de valor en torno al problema de integración local: el RIGI premia proyectos que se enchufan con la industria argentina existente, no los que importan todo. Eso es una ventaja para founders que ya operan en el país.