RUGE: Colombia da renta del 20% por 16 años a inversores

El RUGE: renta del 20% por 16 años para grandes inversiones

Un proyecto de infraestructura que arranque en Colombia en 2027 podría tributar 20% de impuesto de renta durante 16 años, en lugar del 35% que rige hoy. Ese es el núcleo del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), el mecanismo que el Gobierno de Abelardo De la Espriella incluyó en el proyecto de Ley de Rescate Económico y que ya está en el Congreso.

Para un founder, la pregunta no es si el régimen es generoso —lo es— sino si su empresa califica, cuánto le cuesta cumplir y qué tan probable es que sobreviva al trámite legislativo. El RUGE todavía no es un régimen vigente: es una propuesta.

¿Qué es el RUGE y en qué se parece al RIGI de Milei?

El RUGE agregaría un Libro Noveno al Estatuto Tributario, en los artículos 917 a 925, según el articulado citado por El Colombiano. Su antecedente directo es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado en Argentina por la Ley de Bases que aprobó el Congreso en junio de 2024, durante el Gobierno de Javier Milei.

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Las diferencias son concretas: el RIGI exige una inversión mínima general de US$200 millones y ofrece 30 años de estabilidad jurídica; el RUGE baja los umbrales y ofrece 16 años. También cambian los beneficios: el RIGI aplica una tasa de ganancias del 25%, mientras el RUGE apunta a 20% o 26% según el año de inicio.

Quién puede entrar: los umbrales por sector

El régimen no está diseñado para cualquier empresa. Fija mínimos de inversión en UVT (unidad de valor tributario) que varían por actividad:

Infraestructura, energía y recursos naturales (minería, petróleo, gas, electricidad, agua, transporte, obras civiles): 8.140.000 UVT, equivalentes a $426.324 millones en 2026, con hasta 8 años de ejecución.
Industria y economía digital (manufacturas, telecomunicaciones, procesamiento de datos, hosting): 5.530.000 UVT, unos $289.628 millones, con hasta 6 años.
Agroindustria, turismo, servicios y otras actividades (agricultura, alimentos, software, salud, educación): 2.580.000 UVT, unos $135.125 millones, con hasta 5 años.

El profesor y consultor minero-energético Sergio Cabrales tradujo esos montos a dólares, según El Colombiano: "132,5 millones de dólares para infraestructura, energía y recursos naturales; 90 millones para industria y economía digital; y 42 millones para agroindustria, turismo y servicios".

El comercio, el sector financiero, las actividades inmobiliarias y la administración pública quedan expresamente excluidos. El abogado tributarista Carlos Lizcano lo resumió en el mismo medio: "Exige invertir desde 2.580.000 UVT (unos $135.000 millones). Eso no es para las pymes que quieren crecer. Es para grandes ligas".

Los beneficios: renta reducida, dividendos al 8% y reglas congeladas

El paquete de incentivos tiene cuatro patas:

Tarifa de renta preferencial. 20% para proyectos que inicien ejecución en 2027 o 2028; 26% para los que arranquen desde 2029. La tarifa se mantiene fija durante 16 años, sin sobretasas. Para dimensionarlo: el mismo proyecto de ley bajaría la tarifa general empresarial del 35% actual al 33% en 2027 y al 31% desde 2028, según El Colombiano.
Dividendos al 8%. La retención sobre dividendos distribuidos a inversionistas no residentes sería del 8%, con carácter reducido y definitivo. No aplica a personas naturales residentes, que siguen las reglas generales.
Depreciación acelerada. Hasta 50% anual en maquinaria, equipos y redes, y hasta 10% anual en construcciones y edificaciones.
Estabilidad jurídica y tributaria por 16 años, más exención del impuesto al patrimonio para el vehículo jurídico del proyecto y tratamiento arancelario preferencial y temporal para importar maquinaria y bienes de capital que no se produzcan en el país.

Las solicitudes se recibirían hasta el 31 de diciembre de 2029; en proyectos de Asociación Público-Privada (APP), hasta 2031.

Las contraprestaciones: qué le exige el RUGE a tu empresa

Acceder no es gratis. Las compañías adheridas tendrían que cumplir cuatro compromisos:

Ejecutar al menos el 40% de la inversión comprometida en los dos años siguientes a la inscripción.
Comprar a proveedores nacionales mínimo el 30% de sus bienes y servicios, con al menos un tercio de ese porcentaje reservado para mipymes o proveedores locales.
Pagar al Tesoro una prima anual del 0,1% del valor acumulado de la inversión ejecutada.
Constituir una póliza de cumplimiento de al menos 2% de la inversión comprometida.

Además, los incentivos no serían acumulables con otros beneficios tributarios: quedan fuera zonas francas, ZOMAC, ZESE, determinadas rentas exentas del Estatuto Tributario y los contemplados en el Decreto Legislativo 1413 de 2026. Para una empresa que hoy opera bajo régimen de zona franca, el cálculo no es automático.

Qué enseña el RIGI argentino: la brecha entre anuncios y desembolsos

El espejo argentino es útil precisamente porque ya tiene números. En mayo de 2026, Bloomberg Línea publicó una radiografía del RIGI que identificó 36 proyectos presentados por US$85.000 millones, con participación de 44 empresas de diez países. De ese universo, 12 iniciativas habían recibido aprobación por US$17.198 millones, y datos del Banco Central argentino mostraban ingresos por US$1.205 millones asociados al régimen.

La brecha entre lo anunciado y lo que efectivamente entró a la economía es la advertencia central. Datos de la Secretaría de Minería de Argentina recogidos por Minería & Desarrollo muestran que los 13 proyectos mineros aprobados habían ejecutado apenas el 13% de sus inversiones comprometidas hasta agosto de 2026. En el otro extremo, el 58% de la contratación fue con proveedores locales, frente a un piso regulatorio del 20%.

El RIGI también muestra en qué sectores se concentra el interés: minería por US$46.425 millones y petróleo y gas por US$37.255 millones, según Bloomberg Línea. Y en febrero de 2026 el Gobierno de Milei prorrogó por un año el plazo de adhesión, hasta agosto de 2027.

El costo fiscal: el punto que nadie logra cuantificar

El debate colombiano no es sobre si el RUGE atrae inversión, sino sobre cuánto recaudo sacrifica. Andrés Langebaek, decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, considera que "es una buena medida para estimular la inversión" y recuerda que la inversión representa el 16,6% del PIB colombiano, frente a niveles que llegaron al 23%.

Su reparo está en el costo: la exposición de motivos del proyecto estima un impacto fiscal anual de apenas 0,02%, una cifra que el propio Langebaek pone en duda. Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, añade otra pregunta: "La pregunta es si son necesarios, con el costo tributario respectivo, en un contexto en que el Gobierno es pro mercados".

Del lado crítico, Daniel Munevar, magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Texas, sostuvo en El Colombiano que "el análisis de costos de RUGE es visible por su ausencia". Y Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, calificó el régimen de "absolutamente regresivo": "En vez de eliminar beneficios tributarios, los aumenta".

El Gobierno, en cambio, estima que el RUGE permitiría comprometer cerca de $31 billones (unos US$7.600 millones) en inversiones entre 2027 y 2030 y generar alrededor de 29.000 empleos directos en plena operación, según cifras citadas por El Colombiano. El FMI, por su parte, respaldó la presentación del paquete fiscal ante el Congreso, según reportó El Norte.

¿Qué significa esto para tu startup?

Primero, mide si calificas antes de ilusionarte. El escalón más bajo exige inversiones desde $135.125 millones, unos US$42 millones según la conversión de Cabrales. Si tu startup levanta una Serie A o B, el RUGE no es tu herramienta: es un régimen para proyectos de capital intensivo. Para el resto del ecosistema, la discusión relevante es la baja de la tarifa general al 31% desde 2028.

Segundo, si estás en infraestructura, energía, minería o economía digital, modela el trade-off ahora. El régimen obliga a ejecutar 40% de la inversión en dos años y a comprar 30% local. Eso es capital de trabajo y una cadena de proveedores que hay que construir antes de firmar, no después. Corre el ejercicio con y sin el beneficio: si el proyecto es rentable sin el incentivo, el RUGE es upside; si solo cierra con el incentivo, estás apostando a que el Congreso apruebe.

Tercero, no cuentes con la acumulación. Si hoy operas bajo zona franca o ZOMAC, entrar al RUGE implica renunciar a esos beneficios. Modela ambas rutas antes de decidir cuál te conviene.

Cuarto, mira el calendario legislativo. El proyecto fue radicado el 29 de octubre y, según el cálculo de la firma Orza citado por Infobae, el Gobierno tendría poco más de seis semanas para superar cuatro debates antes del cierre de sesiones ordinarias del 16 de diciembre. Nada de esto es exigible hasta que sea ley.