Citi avala la tributaria de Colombia: 2,35% del PIB en 2027

Citi respalda la Ley de Rescate: un ajuste de 2,35% del PIB

Citi sostiene que la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella mejoraría el balance primario del Gobierno central en 2,35% del PIB en 2027 y en 4,09% hacia 2030 frente a un escenario sin medidas. El banco estadounidense califica el texto como "un paquete más amplio y ambicioso de lo esperado" y como el primer esfuerzo integral por atender las presiones fiscales del país.

Para un founder en Colombia, la lectura práctica es directa: si el paquete sobrevive al Congreso, cambian el costo de contratar, el IVA que pagas y el impuesto de renta corporativo a partir de 2027. La pregunta ya no es técnica, es legislativa.

¿Qué contiene realmente la Ley de Rescate?

El proyecto, radicado el 29 de octubre ante el Congreso según El País, combina seis frentes: consolidación fiscal, reforma tributaria, cambios en el financiamiento de la salud, reestructuración del Estado, incentivos a la inversión y una reescritura de la regla fiscal. Son 106 artículos, de los cuales 17 son orgánicos y requieren mayoría absoluta.

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Según Citi, la composición del ajuste "difiere de la presentación pública del Gobierno". Mientras el Ejecutivo lo describe como cerca de 70% basado en gasto, El País reportó que alrededor de tres de cada cuatro pesos que el Gobierno busca reducir en el desbalance fiscal vendrían del lado de los ingresos y no de los egresos. Esa diferencia no es un detalle contable: define quién termina pagando.

El 2,35% del PIB: cómo se lee la cifra

Citi aclara que el 2,35% no equivale a una mejora anual del balance fiscal. Es la diferencia entre un déficit primario de cerca de 4,5% del PIB en 2027 sin medidas y uno de unos 2,1% con el proyecto.

Medido año contra año, Hacienda proyecta que el déficit primario pase de 3,5% del PIB en 2025 a 3,3% en 2026 y a 2,1% en 2027. Esa mejora de cerca de 1,2 puntos porcentuales sería, según Citi, uno de los mayores ajustes fiscales anuales de las últimas tres décadas en Colombia.

El punto de partida es delicado. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyecta un déficit de 7,2% del PIB en 2026 y 9,4% en 2027, con la regla fiscal suspendida hasta ese año, según Infobae. Colombia incumplió la regla fiscal en 2025.

¿Recorte de gasto o traslado de la carga?

Aquí está el hallazgo más útil del informe. La reducción directa del gasto aporta 0,58% del PIB en 2027, apenas una cuarta parte del efecto total de la ley. Las contribuciones a nómina y salud, junto con los impuestos selectivos, aportan 1,46% del PIB y explican la mayor parte del ajuste del primer año.

La razón es de velocidad: aumentar contribuciones con destinación específica y recaudos de impuestos al alcohol y al tabaco genera ahorros más rápido que reestructurar el gasto discrecional. Esas medidas engrosan los recursos de la Adres, el Sena y el ICBF, lo que permite al Gobierno central reducir transferencias. En términos fiscales bajan las necesidades de financiamiento del Tesoro; en términos económicos, parte de la carga pasa a empleadores, trabajadores y consumidores.

2027 y 2028: dos reformas distintas en un mismo paquete

Citi subraya que la estructura del ajuste cambia después del primer año. "2027 es principalmente una historia de contribuciones y financiamiento de la salud", mientras que a partir de 2028 el protagonismo pasa al IVA y al impuesto de renta de personas naturales. Las medidas de IVA y renta aportan solo 0,30% del PIB en 2027, pero 1,62% en 2028, cuando entran en vigor las principales medidas del IVA y comienzan los ahorros de personal.

La consecuencia práctica es que la negociación del IVA y la renta en el Congreso puede cambiar la composición de mediano plazo sin alterar necesariamente el resultado inmediato de 2027.

Los pilares que tocan a las empresas

Reestructuración del Estado. Permite diferir ciertas transferencias sin aval del Confis, ordena revisar fondos especiales y rentas de destinación específica, reduce a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027 y plantea un recorte nominal de 20% en gasto de personal en 2028. También otorga seis meses de facultades extraordinarias para fusionar, escindir o eliminar entidades y ministerios.
Salud. Estrecha las exenciones de los empleadores a los aportes de Sena, ICBF y salud, introduce un esquema de contribución más progresivo para empleados e independientes y traslada un punto de nómina de las cajas de compensación hacia la salud.
Impuestos. El IVA elimina la tarifa de 5% desde 2028 —que hoy aplica a bienes como café, azúcar o vino— y crea EfectiVA, una devolución focalizada para hogares de menores ingresos. En renta de personas se reducen umbrales de exención, se crea un tramo de 9% y se grava más a los ingresos altos. La tarifa general corporativa baja de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028.
Inversión. El nuevo régimen RUGE ofrece a grandes proyectos tarifas reducidas, depreciación acelerada y estabilidad jurídica hasta por 16 años. Según El País, el umbral de inversión arranca en 2,58 millones de UVT (unos 135.000 millones de pesos) y llega a 8,14 millones de UVT (unos 426.000 millones) según el sector, con una tarifa de renta del 20%.

La regla fiscal: estabilizar la deuda, no reducirla

El proyecto mantiene la arquitectura de la regla fiscal, incluidos el ancla de deuda de 55% del PIB, el límite de 71%, el balance primario neto estructural y el CARF. El cambio principal es que cada gobierno fijaría por decreto sus propios pisos de balance estructural a cuatro años, en lugar de seguir una senda establecida por ley. Se agregan una cuenta de control para desviaciones, mecanismos automáticos de corrección cuando la deuda supere ciertos umbrales y condiciones más estrictas para activar la cláusula de escape.

Con todas las medidas, la deuda neta se estabilizaría cerca de 64% del PIB: por debajo del límite de 71%, pero por encima del nuevo umbral preventivo de 63% y del ancla de 55%. Por eso Citi concluye que se trata de "una estrategia de estabilización de la deuda, más que de reducción". Para los tenedores de bonos significa un piso creíble frente a nuevos deterioros, pero no la trayectoria descendente que suele acompañar a las mejoras de calificación.

El costo en inflación y el gran ausente: el FEPC

Hacienda estima que el paquete podría sumar hasta 0,6 puntos porcentuales a la inflación en 2027, sobre todo por los impuestos al alcohol y al tabaco, y cerca de 1,4 puntos en 2028, principalmente por el IVA. El Gobierno los califica como efectos únicos sobre el nivel de precios; Citi considera que no alteran la narrativa de desinflación, pero que podrían complicar el calendario de convergencia a la meta del Banco de la República.

El proyecto también "deja en gran medida intacta" la política de precios de los combustibles. Modifica el impuesto al carbono y retira el IVA al diésel desde 2028, pero no fija una senda de convergencia de precios ni incluye ahorros del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en las cuentas del ajuste. Citi califica la omisión de notable, porque el fondo sigue siendo una fuente visible de presión fiscal.

La prueba ahora es legislativa

Para Citi, "el desafío ahora es legislativo más que técnico". La carga se reparte entre empleadores, hogares y empleados públicos, lo que reduce el riesgo de que un solo sector bloquee el paquete, pero multiplica los frentes donde las medidas pueden diluirse. El banco anticipa cierta dilución y sostiene que la pregunta clave es si sobreviven las medidas que sostienen el ajuste de 2027: las contribuciones de los empleadores, la reforma de financiamiento de la salud y los impuestos al alcohol y al tabaco.

El antecedente no es alentador. El País recordó que una propuesta similar de devolución de IVA, impulsada en 2021 por el Gobierno de Iván Duque con Alberto Carrasquilla en Hacienda y el hoy vicepresidente José Manuel Restrepo en Comercio, terminó en un paro nacional y nunca salió adelante. Y a finales de 2025 el Congreso no aprobó la reforma tributaria que el presupuesto de 2026 daba por descontada, según el análisis de QNOMOS recogido por El Colombiano.

¿Qué significa esto para tu startup?

Para founders con operación en Colombia, el paquete define cuatro variables de costo que conviene modelar ya, antes de que el texto final se conozca:

Costo laboral. Las contribuciones a nómina y salud son la columna vertebral del ajuste de 2027. Si tu plan de contratación depende de un costo por empleado estable, recalcula: las exenciones de los empleadores a Sena, ICBF y salud se estrechan y el esquema de contribución se vuelve más progresivo.
Impuesto de renta corporativo. La tarifa general baja de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028, lo que mejora el flujo de caja. Si planeas CAPEX de gran escala, revisa además si tu proyecto califica al régimen RUGE: la estabilidad jurídica de hasta 16 años y la tarifa reducida pueden pesar más que el ahorro general.
Precios y consumo. Si vendes bienes con tarifa de IVA del 5% —café, azúcar, vino, queso fresco—, el salto al 19% desde 2028 te obliga a decidir cuánto trasladas al precio. En paralelo, EfectiVA devuelve IVA a millones de hogares de menores ingresos, lo que puede sostener la demanda en ese segmento.
Costo del crédito. Mientras el ajuste no se materialice, la presión fiscal sigue. El CARF proyecta un déficit de 7,2% del PIB en 2026 y 9,4% en 2027, según Infobae, y el deterioro de las cuentas públicas puede encarecer el financiamiento para empresas y familias.

Para startups fuera de Colombia, el caso es un recordatorio regional: los paquetes de consolidación fiscal casi siempre aterrizan primero sobre las contribuciones laborales y el consumo, no sobre el gasto. Modelar ese traslado antes de que se apruebe es más barato que reaccionar después.