Colombia elimina el tope del 30% a las AFP en el exterior

El giro del Gobierno: del 30% a la apertura total

El Gobierno de Abelardo De la Espriella derogó el límite global del 30% que restringía las inversiones de los fondos de pensiones obligatorias administrados por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) en activos del exterior. La decisión quedó formalizada en el Decreto 1490 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda el 6 de octubre, apenas seis meses después de que el gobierno de Gustavo Petro hubiera impuesto ese mismo tope mediante el Decreto 369 de 2026.

En la práctica, el nuevo decreto deja sin efecto los artículos 2.6.12.1.27, 2.6.12.1.28 y 2.6.12.1.29 del Decreto 2555 de 2010 —el marco estructural que regula los portafolios de las administradoras— y elimina también la obligación de presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia un plan de ajuste gradual para converger al 30%.

El cambio no es cosmético: devuelve a las administradoras la autonomía técnica para armar portafolios según criterios de rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, en lugar de una restricción geográfica uniforme. Y, según el Ministerio de Hacienda, responde a una evaluación técnica que concluyó que mantener el tope puede reducir el rendimiento esperado y aumentar el riesgo de los portafolios de los afiliados.

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Por qué importa: los números detrás del tope

Para dimensionar el peso de esta decisión conviene mirar el tamaño del sistema. Las cuatro administradoras que operan el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) —Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual— gestionan un portafolio cercano a los 525 billones de pesos (unos USD 144.206 millones al tipo de cambio de abril de 2026), según cifras de Asofondos, el gremio del sector, recogidas por Reuters.

Hasta abril, el 49,37% de esos recursos estaba en el exterior, equivalentes a 259,1 billones de pesos (USD 71.169 millones). La meta del Decreto 369 era reducir esa proporción al 30% en un plazo de cinco años —con un punto intermedio del 35% a los tres años— y repatriar cerca de 101,6 billones de pesos (USD 27.907 millones) hacia activos locales, según reportó Reuters.

Esos números ayudan a entender por qué el tope generó tanta resistencia. En palabras de Andrés Velasco, presidente de Asofondos, citadas por Reuters: «el mercado local presenta limitaciones estructurales de profundidad y liquidez, lo que impediría absorber flujos significativos de capital sin afectar los precios». En la práctica, obligar a los fondos a repatriar cerca de 28 mil millones de dólares en pocos años habría empujado al alza los precios de los activos colombianos y apreciado aún más al peso.

El análisis técnico que tumbó el Decreto 369

La reversa no fue un capricho político. El Ministerio de Hacienda la apoyó en un ejercicio riguroso de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), que comparó dos portafolios optimizados con la metodología de media-varianza de Markowitz: uno sin límite geográfico y otro con el tope del 30%. Las referencias usadas fueron los índices COLCAP y COLTES para Colombia, y MSCI ACWI y Barclays para el resto del mundo, con datos de 2013 a 2025, según publicó Forbes Colombia.

Los resultados son los que movieron la aguja. En el escenario sin límite, el portafolio óptimo asignaba 41,48% a activos internacionales; con el tope, esa exposición caía a 30%. La diferencia se notó en retorno y riesgo: el rendimiento esperado bajó de 6,80% a 6,26%, mientras que el riesgo subió de 9,88% a 10%.

El ejercicio fue aún más elocuente cuando se miró la ventana 2021-2025. En el portafolio de mínima varianza sin restricción, la exposición internacional llegaba a 49,4% con un riesgo de 10,84%; al imponer el límite, el riesgo subía a 11,28%. Para un mismo nivel de rentabilidad, la URF calculó un incremento promedio del riesgo del 15,8%, con un máximo de 23,6%. Y el indicador de Sharpe —que mide retorno por unidad de riesgo— caía de 0,827 a 0,729, según los cálculos recogidos por La FM.

La lectura práctica es directa: la restricción geográfica no solo reducía el rendimiento esperado, sino que además obligaba a los fondos a asumir más volatilidad para conseguir el mismo retorno.

La reforma pensional cambió el tablero

El otro argumento del Gobierno es estructural. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-264 del 25 de agosto de 2026, declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 (la reforma pensional) y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha de entrada en vigencia de las disposiciones avaladas, según reportó La Opinión.

Esa reforma altera de fondo la composición de los afiliados al RAIS. Cerca del 45% de los saldos administrados en el régimen privado corresponde a beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 75 de la Ley 2381. Esto reduce la base de recursos sobre la cual operaría el límite del 30% y cambia los flujos de nuevas cotizaciones que se habían estimado al diseñar la transición del Decreto 369.

La URF proyecta que los recursos nacionales asociados a esa población llegarán a unos 232 billones de pesos en 2031, aproximadamente 77 billones menos que el monto que está hoy invertido en Colombia. Para el Gobierno, eso significa que el tope «perdería efectividad» frente a los objetivos de política pública que motivaron su creación.

¿Qué significa esto para tu startup?

Aunque la noticia parece lejana para un founder que no trabaja en pensiones, afecta varios frentes relevantes del ecosistema.

Si tu startup está en fintech, wealthtech o insurtech colombiano, el cambio abre una ventana de producto. Las AFP vuelven a necesitar herramientas para gestionar riesgo cambiario, cobertura en moneda extranjera, análisis de portafolios internacionales y reportes de diversificación. Lo que antes era una restricción operativa —cumplir el 30%— se convierte en una decisión de inversión discrecional que exige mejor tecnología y mejor data.
Si operas en mercados de capitales o gestión de activos, el levantamiento del tope reduce la prima de los activos colombianos y reactiva el flujo de capitales de los fondos hacia emisores del exterior. Para startups latinoamericanas que emiten deuda o buscan listarse en bolsas externas, la demanda institucional colombiana vuelve a estar disponible.
Si tu empresa gestiona un fondo de pensiones corporativo o plan de ahorro para empleados, el mensaje regulatorio es claro: el gobierno prefiere decisiones técnicas de largo plazo por sobre restricciones políticas. Es una señal a favor de los esquemas multifondos y de la gestión profesional, no del dirigismo estatal.

Y un punto para no pasar por alto: en seis meses Colombia pasó de limitar a liberar. La velocidad del giro regulatorio es un recordatorio de que en mercados emergentes la política puede modificar el marco de inversión de un plumazo. Un founder que planifique pensiones corporativas o esquemas de ahorro de largo plazo para su equipo debe construir sus modelos financieros con un piso regulatorio incierto, no con el de hoy.