Flock Safety: 10 gobiernos cortan sus cámaras de vigilancia

Al menos 10 gobiernos locales y departamentos de policía de Estados Unidos han avanzado para limitar, restringir o terminar su uso de la tecnología de Flock Safety desde el verano, según TechCrunch. La empresa, fundada en 2017, tiene más de 100.000 cámaras desplegadas en el país. Para cualquier founder que venda software al sector público, el caso funciona como una clase práctica de riesgo: el contrato B2G que firmas hoy puede morir en una votación de concejo municipal.

¿Qué es Flock Safety y por qué está bajo presión?

Flock Safety vende software de vigilancia: lectores automáticos de matrículas (LPR), drones, cámaras de video con IA y dispositivos de borde con micrófonos que detectan disparos. Su red supera las 100.000 cámaras en Estados Unidos, según TechCrunch, y el New York Daily News reportó que unos 7.000 organismos policiales tienen contrato con la compañía y consultan su base de datos para buscar sospechosos.

Ese es el corazón del asunto: Flock no es una app de consumo donde el usuario se va a la competencia. Es un negocio B2G donde cada cliente es un municipio, un condado o una policía, y donde la baja no ocurre por churn sino por decisión política.

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¿Qué gobiernos locales han terminado con Flock?

En los últimos tres meses, los ayuntamientos de Monroe (Ohio), Newburgh (Nueva York), Richmond (Virginia), Hopkinton (Massachusetts), New Bedford (Massachusetts) y Lansing (Michigan) avanzaron para terminar sus contratos con Flock, según TechCrunch. Las policías de East Bridgewater y Grafton, ambas en Massachusetts, anunciaron que dejarán de usar sus cámaras. Y los vecinos de League City (Texas) votaron en contra de que su departamento de policía siguiera usando los lectores de matrículas, por lo que los equipos serán retirados.

A esa lista se suman dos casos previos: Asheville (Carolina del Norte), donde la policía perdió acceso después de que la ciudad votara terminar el contrato en agosto, y la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (Colorado), que en septiembre anunció que dejaría de usar Flock. «Tenemos las herramientas, la capacitación y la experiencia para localizar y detener criminales sin depender de las cámaras de Flock», dijo el sheriff Joseph Roybal en el comunicado citado por TechCrunch.

A nivel estatal, Florida prohibió los lectores de matrículas en sus carreteras estatales y Texas pausó el financiamiento estatal para la compañía.

¿Por qué crece el rechazo a la vigilancia con IA?

Las razones se reparten en tres frentes: privacidad de datos, uso indebido y compras sin control.

El uso indebido dejó de ser hipotético. En agosto, un agente de Brentwood (Misuri) fue acusado de usar las cámaras de Flock para seguir a su exesposa durante el divorcio. En septiembre, un agente del este de Texas fue sentenciado a prisión por usar la misma tecnología para acechar a su exnovia y a su familia.

El segundo frente es el acceso de autoridades federales de inmigración. En marzo, Ithaca (Nueva York) aprobó una resolución para terminar su contrato con Flock Group, señalando «casos comprobados» de infraestructura de Flock usada por agentes federales sin autorización de la localidad contratante, y reportes de que la empresa habría permitido —de forma intencional o por negligencia— que ICE y la ATF usaran resultados de su base de datos de matrículas para investigar y perseguir a inmigrantes.

El tercer frente son las reglas de compra. Adam Schwartz, de la Electronic Frontier Foundation, explicó a TechCrunch que muchas policías adoptan la tecnología por su cuenta, con poca supervisión de los concejos municipales. El caso testigo: en South Windsor (Connecticut), las cámaras se instalaron sin aviso público ni votación, y el pueblo votó removerlas en octubre. «Activistas de base en todo el país exigen que los concejos ejerzan su poder de compra para negarse a pagar por LPR», dijo Schwartz.

Tatiana Rice, del Future of Privacy Forum, lo enmarca en una «creciente desconfianza pública hacia la tecnología»: una cámara al final de la calle es tangible de una forma en que el intercambio cotidiano de datos personales en internet no lo es. TechCrunch traza el paralelo con la pelea por los centros de datos, que también se instalaron antes de que los vecinos entendieran qué estaba pasando.

¿La presión se queda en el ámbito municipal?

No, y eso es lo relevante para quien vende infraestructura tecnológica. Rhode Island extendió de forma indefinida su pausa a nuevas instalaciones de lectores de matrículas, y el gobernador Dan McKee dejó en manos de la Asamblea General la creación de salvaguardas estatales vinculantes, según el Providence Journal. La política propuesta por la Policía Estatal de Rhode Island prohíbe usar las cámaras para control migratorio federal, infracciones de tránsito, multas pendientes o faltas civiles, y fija una retención de datos de 30 días. Defensores de la privacidad pedían 7 días: el mismo plazo que Flock adoptó en agosto para nuevos clientes. La ACLU estatal estima que hay al menos 280 cámaras en el estado.

En Nueva York, el NYPD revisa cientos de usos de Flock por parte de sus agentes y aprobó reglas internas sobre proveedores externos, reportó el New York Daily News. El dato incómodo: al menos dos docenas de agentes consultaron la base de datos de la empresa 1.710 veces entre marzo de 2023 y diciembre pasado, aunque el departamento no tiene contrato con Flock y en 614 de esas búsquedas no se explicó el motivo.

En el plano federal, el presidente Donald Trump dijo en septiembre que le gusta la tecnología de Flock «por el trabajo policial», aunque una encuesta de Reuters de ese mismo mes encontró que más estadounidenses la rechazan de los que la aprueban. Ese mes, el representante Thomas Massie introdujo la Flock-Off Act para prohibir el uso de fondos federales en la compra de vigilancia estilo Flock. En octubre, el senador Bernie Sanders, la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Jeff Merkley presentaron la Ban Flock Act.

¿La polémica afecta el negocio de Flock?

La compañía defendió su posición ante TechCrunch: «Todos los días, departamentos de policía de todo el país usan la tecnología de Flock para resolver delitos graves, localizar sospechosos y encontrar personas desaparecidas». Agregó que cada cliente es dueño de sus datos y controla con quién se comparten, que no vende datos y que no tiene contrato con ICE. También acortó en agosto el periodo de retención por defecto para clientes nuevos, de 30 a 7 días, y empezó a exigir un código de caso antes de cada búsqueda.

El negocio, mientras tanto, creció rápido. En marzo de 2025 Flock anunció una ronda de US$275M liderada por Andreessen Horowitz que llevó su valoración a US$7.500M, con participación de Greenoaks Capital, Bedrock Capital, Meritech Capital, Matrix Partners, Sands Capital, Founders Fund, Kleiner Perkins, Tiger Global y Y Combinator. En el mismo anuncio la compañía dijo haber superado los US$300M de ingresos recurrentes anuales, un 70% más que el año anterior.

¿Qué pasa cuando una ciudad cambia de proveedor pero no de tecnología?

Reno es el caso más instructivo. Su concejo votó 5-2 a favor de un acuerdo de ocho años y US$21,8M con Axon Enterprise que incluye lectores de matrículas para reemplazar las cámaras de Flock, además de cámaras corporales, drones y software de IA para redactar informes policiales, según The Nevada Independent. El acuerdo llegó con condiciones: borrar los datos de matrículas no vinculados a una investigación a los 15 días en lugar de 30, auditorías trimestrales, informes públicos del jefe de policía cada tres meses, aprobación del concejo para cualquier tecnología de vigilancia nueva y derecho a terminar el contrato con 30 días de aviso sin penalidad. De 79 comentarios escritos, 71 se opusieron.

«Terminar con Flock fue lo correcto, pero reemplazarlo con Axon solo cambia el logo de la cámara», dijo un vecino en la sesión. La alcaldesa Hillary Schieve, que votó en contra, fue más al hueso: «Esto no se trata de Axon o Flock. Seamos honestos, se trata de confiar en tu gobierno con la tecnología». En Sparks, la ciudad ya había hecho el mismo movimiento en junio, con un contrato de cinco años y casi US$1M con Axon para reemplazar sus cámaras de Flock.

No todas las ciudades cortan. Cleveland votó en el verano extender su contrato con Flock, pero restringió las búsquedas vinculadas a inmigración y limitó el acceso a la base de datos a su propia policía, dejando afuera al Northeast Ohio Regional Fusion Center. Y confirmó que revisa respuestas a un RFP enviado a otros proveedores con la misma tecnología.

El patrón se repite: la demanda de lectores de matrículas no desaparece, migra de proveedor y se vuelve más exigente en gobernanza de datos.

¿Qué significa esto para tu startup?

Si vendes software a gobiernos —en LATAM, España o Estados Unidos— el caso Flock deja lecciones operativas concretas que aplican a cualquier vertical regulado: salud, identidad digital, gestión de residuos, movilidad.

Convierte la retención de datos en propuesta comercial, no en letra chica. Flock pasó de 30 a 7 días por defecto y Rhode Island discute plazos similares. Ofrecer un plazo corto, auditable y configurable por el cliente te adelanta a la objeción antes de que aparezca en una sesión de concejo.
Diseña trazabilidad desde el día uno. Código de caso obligatorio por consulta, logs de quién buscó qué y cuándo, y capacidad de auditar sin fricción. En Reno, exactamente eso terminó como condición del contrato.
Mapea los puntos de veto, no solo al comprador. En B2G no vendes una vez: vendes en cada renovación, cada ciclo presupuestario y cada cambio de concejo. Presupuesta esos ciclos políticos como si fueran parte del costo de venta.
Prepara la portabilidad de datos. Tu cliente puede cambiar de proveedor sin cambiar de tecnología, como pasó en Reno y Sparks. Si tu diferenciador es solo el hardware o el precio, quedas expuesto; si es la gobernanza de datos y la integración con el flujo de evidencia del cliente, la migración te juega a favor.
Sigue la conversación regulatoria, no solo el presupuesto. El debate escaló de privacidad a control migratorio y a supervisión de compras públicas, con proyectos de ley federales en juego. Eso puede frenar un despliegue que ya tenías vendido.

El caso Flock no dice que la tecnología con IA aplicada al sector público esté condenada. Dice que el permiso social y la supervisión política son parte del producto, y que quien los ignore enfrenta un riesgo de contrato que ningún pipeline puede compensar.