Solo el 27% de las comunidades energéticas opera en España

La brecha entre constituir una comunidad energética y operarla

Solo el 27% de las comunidades energéticas constituidas en España está en funcionamiento. El resto sigue en fase de desarrollo, tramitación o despliegue. La cifra viene del III Informe de Indicadores de Comunidades Energéticas, impulsado por Ecodes, Redeia y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), y describe un país con 837 iniciativas contabilizadas en 2025 —182 más que el año anterior— donde uno de cada diez municipios ya tiene una.

El interés existe; la capacidad de ejecución, todavía no. Y ahí está la oportunidad para un founder: hay dinero público, normativa en movimiento y cientos de proyectos que aún no saben operar. Ese hueco se llena con servicios.

Los datos del informe marcan un patrón territorial claro: el 65,5% de los proyectos está en municipios rurales y solo el 22,5% en municipios de mayor tamaño. Según recoge Ecoticias sobre ese mismo informe, más de la mitad de las comunidades ha puesto el foco en actuaciones contra la pobreza energética. En la III Cumbre de Comunidades Energéticas, el consejero andaluz Jorge Paradela señaló que Andalucía roza las 2.000 instalaciones de autoconsumo compartido, también según Ecoticias.

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Qué cambia con el real decreto urgente de comunidades energéticas

El 13 de octubre el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente del Proyecto de Real Decreto que regula las dos figuras jurídicas del modelo: las Comunidades de Energías Renovables (CER) y las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE). El texto se presentó en 2023 y pasó por audiencia pública en la primavera de ese año; desde entonces quedó guardado. La intención del Miteco, que dirige Sara Aagesen, es aprobarlo antes de los comicios del 29N, y la vía de urgencia sirve para acortar plazos: la norma no necesita pasar por el Parlamento.

El Real Decreto-ley 5/2023 y el Real Decreto-ley 23/2020 ya habían incluido en la Ley del Sector Eléctrico definiciones de CER y CCE, figuras previstas en las directivas europeas. Lo que falta es el desarrollo reglamentario completo, y esa ausencia es la que dejó al sector en un limbo de más de tres años.

En paralelo, el Consejo de Ministros también aprobó la tramitación urgente de un Real Decreto que revisa la normativa de autoconsumo compartido. Parte de las medidas ya está en vigor dentro del Real Decreto-ley 7/2026:

Amplía de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre generación y consumo para el autoconsumo colectivo. Eso permite que bloques de viviendas cercanos a polígonos industriales asocien su consumo a las cubiertas fotovoltaicas de esas naves.
Crea la figura del gestor de autoconsumo, que habilita a una sola persona física o jurídica a representar al resto de usuarios de una instalación colectiva.
Reconoce como competencia municipal la promoción y participación en comunidades energéticas, vía disposición final segunda.

Para Joan Herrera, socio fundador de la consultora Samsø y vocal de la sección de Comunidades Energéticas de UNEF, la figura del gestor de autoconsumo se implementó años antes en el marco regulatorio portugués con impacto positivo.

Mientras el Estado no cierra el marco, varias comunidades autónomas avanzaron solas. Aragón, Cataluña, Navarra y Andalucía tienen normas y estrategias propias. Cataluña aprobó el Decreto-ley 22/2025, de 28 de octubre, que declara las comunidades energéticas de utilidad pública, crea un registro con inscripción por declaración responsable y habilita a las administraciones a constituir derechos de superficie o concesiones a favor de estas entidades.

José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), sostiene que el real decreto estatal dará seguridad jurídica y permitirá que estas entidades participen en subastas y certificados de ahorro energético. También reclama un registro nacional oficial. Y menciona una barrera cultural: el modelo crece en las regiones con tradición cooperativista, aunque admite que «con esa filosofía, pensábamos que sería fácil que las cooperativas agrarias se convirtieran en comunidades energéticas, pero está costando».

Socios, plazos y subvenciones: por qué no despegan

El tamaño da la medida de la inmadurez: el 39,1% de las comunidades tiene menos de veinte socios y solo el 2,2% supera los 500. Carlos Pesqué, director del Área de Energía y Personas de Ecodes, lo resume: «Estamos en una fase incipiente, con el riesgo de que se queden en iniciativas testimoniales». Su reto central es que las comunidades pequeñas, que dependen en buena parte del voluntariado, escalen y se profesionalicen.

El otro freno es el tiempo. Desde la instalación de la fotovoltaica hasta que los participantes pueden autoconsumir hay demoras de hasta dos años: ya hicieron la inversión, pero todavía no ven el ahorro. El efecto secundario es de percepción —si el proceso se siente complejo y eterno, mucha gente desiste—, y por eso Pesqué destaca el papel de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), gestionadas por el IDAE. La primera convocatoria creó 74 entidades orientadoras con 18,4 millones de euros; en mayo se lanzó la consulta pública previa de la segunda, dotada con 10 millones.

A eso se suma el programa CE Implementa, que tras seis ediciones cierra con 262 comunidades subvencionadas y 108,4 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación. El detalle incómodo: ante la ausencia de un reglamento definitivo, las órdenes de estas ayudas se convirtieron en el «reglamento» fáctico que rige el funcionamiento del sector en España.

Desde la industria hay una crítica de modelo. Gonzalo Ubieto, director comercial y de marketing de Ampere Energy, plantea que se primó la subvención a la inversión inicial sin mecanismos que incentiven a los participantes a mantenerse vinculados durante los 15 o 20 años de vida útil de la tecnología. Ese goteo de altas y bajas desalienta a la financiación privada, porque la rentabilidad depende de alcanzar un número determinado de participantes. Su propuesta: dar beneficios específicos a las pymes, cuyo patrón de consumo es más exigente y permiten llenar el cupo de la comunidad con menos empresas.

Las startups que ya venden al autoconsumo colectivo

Ampere Energy desarrolló Ampere Communities, una plataforma que combina hardware de almacenamiento —la batería— con software de gestión energética basado en IA para ayuntamientos, comunidades de vecinos, industrias y gestores. Según la compañía, frente a comunidades sin almacenamiento permite hasta un 40% más de ahorro y mejora la autonomía energética hasta un 35%. Ubieto explica el mecanismo: los algoritmos incorporan previsiones de generación fotovoltaica según la meteorología, anticipación de consumo y estimación de precios de electricidad para decidir cuándo almacenar el excedente solar y cuándo conviene a los usuarios.

Zenit se define como «el Airbnb de la energía». Su plataforma conecta productores y consumidores, incluye un mapa de proyectos por toda España donde cualquiera puede introducir su dirección y localizar una comunidad en su zona, y usa una IA propia desarrollada junto al centro tecnológico Eurecat para analizar la curva de consumo histórica del usuario y calcular la compatibilidad con el resto de participantes. El objetivo es el «match» que garantice un aprovechamiento de la energía al 100%. Su CEO, Oihan Goenaga, aclara que los datos de consumo no se comparten con nadie.

Zenit, impulsada por Lanzadera, la aceleradora de Juan Roig, recibió en 2025 el reconocimiento a «Mejor modelo de negocio» en los premios StartUP Solar (convocados por UNEF y Fotoplat), acaba de entrar en el mercado portugués y está en una ronda para captar un millón de euros. Según El Periódico, Lanzadera ha acelerado 1.800 startups en 13 años y admite unas 300 nuevas cada año, un detalle que ayuda a dimensionar la cantera de proyectos energéticos en España.

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El sector está en la fase que más conviene a quien vende herramientas, no a quien solo compra energía: marco incompleto, cientos de proyectos que necesitan automatización, gestión de socios y análisis de datos, y fondos públicos que exigen reporte y cumplimiento. Estas son las jugadas concretas.

Anticipa el real decreto en tu producto. Donoso pide un registro nacional oficial y participación en mecanismos de mercado como subastas y certificados de ahorro energético. Si tu software hoy no puede generar trazabilidad por comunidad, socios y excedentes, empieza a construir esa capa: la exigencia llegará con la norma, no después.
Apalanca el radio de 5 kilómetros. La ampliación de la distancia permitida abre un mercado que antes no existía: viviendas asociadas a cubiertas industriales cercanas. Si tienes producto de autoconsumo colectivo, revisa tu mapa de proyectos rurales —donde está el 65,5% de las iniciativas— y busca naves o polígonos a menos de 5 km.
Ataca la dependencia del voluntariado. El 39,1% de las comunidades tiene menos de veinte socios y opera con trabajo no remunerado. Un servicio gestionado de administración, facturación y reparto de excedentes tiene un cliente que hoy no puede pagar una plantilla, pero sí una suscripción.
Diseña para la retención, no para la subvención. Si tu modelo capta socios solo porque hay ayuda pública a la inversión, vas a sufrir el mismo goteo de altas y bajas que desalienta a los inversores. Mide retención a 24 meses y no solo instalaciones firmadas.
Mira el calendario autonómico. Aragón, Cataluña, Navarra y Andalucía ya tienen normas propias. Antes de elegir dónde pilotar, revisa el régimen regional: en algunos casos ya permite inscribirse por declaración responsable, lo que reduce semanas de trámite.

Conclusión

España tiene 837 comunidades energéticas y solo una cuarta parte operativa, pero también un real decreto en tramitación urgente, un radio de actuación más amplio y programas públicos como CE Implementa y las Oficinas de Transformación Comunitaria financiando la infraestructura. La brecha entre constituir y operar es incómoda para el sector, y a la vez es el mercado más claro para quien venda software de gestión, almacenamiento o servicios de acompañamiento.

La ventana es corta: si el texto sale antes de los comicios del 29N, el reglamento que hoy es un borrador pasa a ser exigible. Quien llegue con producto, datos y casos de uso probados no tendrá que competir por atención.