Colombia: cripto crece 13,8% y sigue sin ley integral

¿Cuánto creció el mercado cripto colombiano frente al resto de la región?

Colombia movió US$29.100 millones en criptoactivos entre julio de 2025 y junio de 2026, un 13,8% más que en el periodo previo. Lo reportó Colombia Fintech con datos de Chainalysis, en un contexto poco favorable: la capitalización global del mercado cripto caía cerca de la mitad desde su máximo y el país se movía en la dirección opuesta.

El ritmo superó el 9,8% promedio de América Latina y dejó a Colombia como quinto mercado de la región, detrás de Brasil, Argentina, México y Venezuela. El vecindario se movió de forma desigual: México creció 25,5%, Argentina 15,3% y Brasil, el mayor mercado latinoamericano, se contrajo 1,6%.

La lectura útil para un founder no es que el país vaya bien en cripto. Es que existe un mercado de casi US$29.000 millones operando con reglas incompletas. Esa combinación —volumen probado y marco legal ausente— es la clase de ventana donde se construyen negocios o se pierden.

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¿Por qué los colombianos compran stablecoins en lugar de bitcoin?

Casi la mitad de lo que se compra en los exchanges del país (48%) son stablecoins, tokens atados al dólar. No es especulación: es gente que necesita una moneda fuerte para pagar, ahorrar y mover dinero hacia y desde el exterior. Solo en el segundo trimestre de 2026, las entradas de stablecoins a plataformas atribuidas a usuarios en Colombia sumaron US$3.500 millones.

El detalle que diferencia a Colombia de sus vecinos: en Argentina y Venezuela el motor de la adopción es la inflación. En Colombia el fenómeno ocurre en una economía relativamente estable, donde abrir una cuenta en moneda extranjera sigue siendo difícil. La stablecoin no compite contra el peso por desconfianza macro; compite contra la fricción administrativa del sistema bancario.

Ese matiz cambia el diseño de producto. Un founder que asume que el usuario colombiano compra cripto para protegerse de la inflación construye la herramienta equivocada. El usuario quiere dólares digitales con la misma facilidad con la que usa una app de banco.

¿Cuánto cuesta enviar una remesa con cripto frente a la banca tradicional?

Enviar dinero por canales tradicionales cuesta entre 5% y 7% del monto. Por rieles basados en criptoactivos, el costo puede bajar de 2%. La diferencia pesa en un país que recibió un récord de US$13.098 millones en remesas en 2025 y que entre enero y julio de 2026 acumuló otros US$7.752 millones, según el Banco de la República.

Sobre ese volumen anual, cada punto porcentual de comisión equivale a unos US$130 millones que hoy se quedan en intermediarios. Ahí está el argumento económico más sólido del informe: no se trata de inventar un mercado nuevo, sino de capturar margen de uno existente. Tres puntos de ahorro sobre un flujo anual de más de US$13.000 millones es un negocio de cientos de millones de dólares al año. Y también es la razón por la que la banca tradicional tiene incentivos claros para frenar el cambio.

¿Cómo está construido el ecosistema cripto colombiano?

Según la Encuesta de Caracterización del Ecosistema Fintech que cita el informe, la vertical cripto y blockchain representa el 8,2% del ecosistema fintech colombiano. Y su perfil no es el de una industria de consumo masivo.

El 66,7% de las firmas se identifica como proveedora de servicios Web3 y blockchain; el 55,6% como proveedora de infraestructura de pagos. Billetera, exchange y custodia aparecen cada uno en el 44,4% de las empresas y funcionan como un paquete integrado de entrada. La tokenización (33,3%) y los contratos inteligentes (22,2%) siguen siendo nichos.

Traducido: el ecosistema colombiano se ve más como plomería que como escaparate. Es una buena noticia para quien vende B2B —infraestructura, cumplimiento, custodia— y una señal de que el mercado de cara al consumidor todavía está concentrado en pocos actores.

¿Por qué Colombia sigue sin una ley integral de activos virtuales?

Colombia no tiene ley integral de activos virtuales. El Proyecto de Ley 510 de 2025, tercer intento tras los de 2021 y 2022, se aprobó en primer debate en mayo de 2025 y se archivó en 2026 sin superar el segundo. Antes, los proyectos 139 y 267 de 2021 tampoco prosperaron en el Congreso.

El piloto de la Superintendencia Financiera en su sandbox, cerrado en junio de 2024, demostró que los riesgos de las operaciones entre bancos y plataformas cripto eran gestionables. Esa evidencia nunca se convirtió en norma.

Mientras tanto, las cartas circulares del supervisor —la 29 de 2014, la 78 de 2016 y la 52 de 2017— han operado en la práctica como prohibiciones y han alimentado el cierre de cuentas bancarias a empresas del sector. Según una respuesta escrita de la Superfinanciera a CriptoNoticias citada por Criptoinforme, el supervisor no lleva registro de proveedores de activos virtuales ni recibe reportes de esas cuentas.

Las obligaciones, en cambio, sí avanzan. Desde el año gravable 2026, la Resolución 000240 de la DIAN obliga a los proveedores a reportar operaciones bajo el estándar de intercambio de información de la OCDE, mientras el régimen cambiario sigue sin reconocer a los criptoactivos como divisas. El informe lo resume en una frase: «El país ha construido las obligaciones sin construir los derechos».

¿Qué cambió en Brasil y qué debería copiar Colombia?

Brasil ofrece el contrapunto. Con las nuevas reglas de su banco central en vigor desde febrero de 2026 —las resoluciones 519, 520 y 521—, las plataformas locales pasaron de recibir el 1,5% de los flujos cripto del país a concentrar el 12,5%, un cambio que Chainalysis asocia, entre otros factores, a la mayor claridad regulatoria.

El tamaño del mercado explica la urgencia brasileña: US$252.500 millones en actividad cripto entre julio de 2025 y junio de 2026, casi la mitad de todo el valor cripto que se mueve en la región, según Chainalysis. El país encabeza además el Índice Global de Adopción Cripto 2026 de la firma, por delante de Estados Unidos y Nigeria entre 117 países.

La contraparte es el costo. Según Cointelegraph, los requisitos de capital mínimo van de 10,8 a 37,2 millones de reales según los servicios ofrecidos, y la revisión de una solicitud puede tardar hasta dos años. Para los exchanges pequeños, cumplir puede ser inviable: el propio marco empuja la concentración del mercado. A partir del 6 de noviembre, además, bancos e instituciones de pago enfrentan restricciones para operar con proveedores no autorizados.

Colombia Fintech tomó como referencia seis jurisdicciones —Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Singapur, El Salvador y Argentina— e identificó seis elementos comunes: certeza jurídica, supervisor definido, reglas proporcionales al riesgo, acceso al sistema bancario, espacios de prueba supervisados e impuestos claros. La advertencia vino de Agustina Pérez, head de Regulación Latam de Binance, en el foro donde se presentó el informe: el riesgo es la «tendencia al copy-paste».

¿Qué propone el gremio para regular el mercado?

En su Hoja de Ruta 2026-2030, Colombia Fintech plantea seis medidas concretas:

Derogar las cartas circulares 29 de 2014, 78 de 2016 y 52 de 2017, y reemplazarlas por criterios objetivos de riesgo para que los bancos evalúen su relación con empresas cripto.
Expedir un marco integral para proveedores de servicios de activos virtuales, con obligaciones proporcionales al riesgo y supervisión coordinada entre Supersociedades, Superfinanciera y UIAF.
Crear un registro público de proveedores, sin carácter de licencia, que garantice acceso a servicios financieros y proteja los saldos ante una insolvencia.
Ajustar los umbrales de reporte a la UIAF al estándar de US$1.000 del GAFI. Como referencia, la Resolución 314 de 2021 de la UIAF fijó el reporte desde US$150 por transacción individual y US$450 por transacciones múltiples.
Permitir el uso de activos virtuales en operaciones de obligatoria canalización cambiaria.
Crear un régimen de tokenización de activos del mundo real que reconozca la titularidad registrada en blockchain y dé al token el mismo tratamiento tributario del activo subyacente.

Ninguna de estas medidas está vigente. Varias dependen de la Superfinanciera, la UIAF o el Banco de la República; el marco integral requiere una ley.

¿Qué significa esto para tu startup?

Si operas con stablecoins o remesas, el calendario regulatorio ya te alcanzó: desde el año gravable 2026 reportas a la DIAN bajo el estándar de la OCDE. Revisa que tu contabilidad separe volumen operado, comisiones y posiciones en stablecoins. Un reporte incompleto no se corrige con facilidad de forma retroactiva.

Si dependes de un banco para fondear o retirar pesos, diversifica rieles ahora. El cierre de cuentas a empresas del sector no sigue criterios públicos, y la propuesta del gremio —un registro con acceso garantizado a servicios financieros— todavía no es ley. Tener dos o tres proveedores de pago y una cuenta en el exterior reduce el riesgo de quedarte sin operación de un día para otro.

Si construyes tokenización de activos reales, el punto no es el token: es la estructura legal del activo subyacente. La propuesta del gremio busca que el token tribute como el activo que representa. Antes de invertir en desarrollo, valida con un abogado tributario cómo se registraría hoy la titularidad.

Si vendes infraestructura B2B, el perfil del ecosistema juega a tu favor: dos tercios de las firmas se definen como proveedoras Web3 y más de la mitad como infraestructura de pagos. El comprador natural no es el consumidor final, es otra empresa cripto que necesita cumplimiento, custodia o rieles.

Conclusión

Colombia tiene el quinto mercado cripto de América Latina y la mitad de su volumen en stablecoins, pero acumula tres intentos legislativos fallidos desde 2021. El informe de Colombia Fintech no pide permiso: pide que el país deje de tratar a la industria como un riesgo a contener y empiece a supervisarla con reglas conocidas.

Para los founders del sector, el mensaje es doble. El volumen ya está y crece más rápido que la región. Pero operar en un país donde las obligaciones tributarias existen y los derechos no es una apuesta que se sostiene mucho tiempo: quien construya hoy debe asumir que la regulación llegará y prepararse para el escenario más exigente, no para el más cómodo.