Expropiados por Chávez piden volver al petróleo de Venezuela

El caso Costa Bolívar: el muelle que nunca cambió de dueño

A sus 98 años, Vincenzo Scionti sigue hablando de trabajo. Llegó desde Italia a Venezuela con 26 y durante más de medio siglo levantó alrededor del Lago de Maracaibo una operación que combinaba muelle, atracadero, astillero, gabarras, grúas, talleres, una planta de concreto y hasta un centro de manejo de desechos peligrosos. En su mejor momento, la empresa familiar llegó a dar trabajo directo a unas 1.300 personas y alrededor de 5.000 puestos indirectos, según el recuento que hace su yerno y exabogado, José Menegaldo, a Bloomberg Línea.

En 2009, el Estado venezolano tomó el control de Costa Bolívar Construcciones C.A. junto con decenas de compañías que tercerizaban servicios para la entonces estatal Pdvsa. La legislación habilitada por Hugo Chávez no solo afectó al muelle: la planta de asfalto (380 toneladas por hora), la de agregados en Trujillo y el centro de tratamiento de lodos también fueron intervenidas. La planta de asfalto desapareció, la de agregados quedó prácticamente inoperativa y el centro de desechos está invadido, cuenta Menegaldo.

El detalle clave es que, según los propietarios, el muelle nunca cambió formalmente de dueño. Pasó a control operativo de Pdvsa, después fue vinculado a la rusa Gazprom y hoy forma parte del entorno de PetroZamora, la empresa mixta operada por North American Blue Energy Partners (NABEP). Pero el registro de propiedad, sostienen, sigue a nombre de los Scionti.

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Por qué 2009 importa tanto para entender el vacío actual

En 2009 fueron alrededor de 72 empresas las afectadas por la legislación de expropiación. Algunas recibieron pagos parciales posteriores; otras nunca fueron indemnizadas. Son estas últimas las que ahora se están agrupando.

Menegaldo calcula que unas 40 compañías, principalmente de Maracaibo y de la Costa Oriental del Lago, mantienen reclamaciones pendientes. Exigen que la nueva Ley de Hidrocarburos produzca un efecto concreto sobre sus propiedades. La ley derogó el marco legal que sustentó las expropiaciones, pero el reglamento posterior no estableció un mecanismo específico para revertir aquellas ocupaciones, según el relato de los empresarios a Bloomberg Línea.

Ese vacío es ahora el principal obstáculo. "Si la ley fue derogada, se supone que la propiedad vuelve a nosotros", plantea Menegaldo. La intención, insiste, no es paralizar la producción. Si el operador actual necesita el muelle, una alternativa sería reconocer la propiedad, establecer un alquiler o acordar alguna forma de compensación. El problema es que, después de 17 años, tampoco existe una respuesta formal sobre cómo hacerlo.

El caso de Interlago Transport, fundada en 1953 por veteranos estadounidenses en Las Morochas, ilustra el otro extremo: cuando la familia dueña pudo regresar al muelle hace unos cuatro o cinco años lo encontró en ruinas, con el acceso sedimentado y sin operación. La valoración realizada en su momento situaba el patrimonio expropiado en unos US$27 millones, sin incluir lucro cesante. La empresa llegó a tener unos 360 trabajadores; el 9 de mayo de 2009, recuerda Roberto García, dos tanquetas llegaron al muelle y les notificaron la expropiación.

La nueva Ley de Hidrocarburos y lo que no resolvió

La nueva Ley de Hidrocarburos fue promulgada en enero de 2026, poco después de que el gobierno de Estados Unidos retirara del poder al entonces presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina. En paralelo, el Departamento del Tesoro comenzó a levantar las sanciones petroleras y financieras como parte de un programa coordinado de tres fases de estabilización y recuperación económica.

Un borrador de 63 páginas distribuido por el gobierno venezolano — reportado por Bloomberg News y recogido por Investing.com/Yahoo Finanzas — define las disposiciones técnicas, operativas, fiscales y de control regulatorio para empresas extranjeras y locales. Establece estándares explícitos para operar en segmentos antes monopolizados por Pdvsa: refinación, mejoramiento y comercialización internacional. El borrador deroga formalmente la histórica Ley Petrolera de 1943 y sus regulaciones de 1969.

La especialista en energía y árbitro Elisabeth Eljuri evaluó que el texto indica claramente que es obligatorio implementar recuperación mejorada y recuperación secundaria en cada proyecto. Sin embargo, no fija un procedimiento específico para revertir las expropiaciones de 2009, lo que mantiene en el limbo a las cerca de 40 empresas que reclaman.

NABEP, US$100.000M y la paradoja de los nuevos operadores

El 31 de agosto de 2026, NABEP anunció un acuerdo con Estados Unidos que contempla una inversión cercana a US$100.000 millones para ampliar producción e infraestructura en Venezuela, según el comunicado recogido por Bolsamania y Euronews. El acuerdo, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, otorga a Washington el 35% de la empresa matriz y acceso preferencial al 20% de la producción a precio de costo, con derecho de tanteo sobre el 80% restante. Las concesiones tienen una duración de 100 años sobre 17 yacimientos que suman más de 65.000 millones de barriles de reservas P1, según la Casa Blanca.

En apenas dos años, NABEP pasó de unos 18.000 barriles diarios a más de 200.000, con una inversión cercana a US$1.000 millones autofinanciada, lo que la convirtió en el segundo mayor productor privado del país, detrás de Chevron. Emplea de manera directa a más de 5.000 personas y respalda a más de 10.000 contratistas, según el comunicado de la propia compañía.

Esa es la paradoja que concentra el reportaje de Bloomberg Línea: los nuevos operadores están utilizando infraestructura que, según sus antiguos dueños, nunca fue legalmente transferida. En el caso de Costa Bolívar, el muelle es el único activo que mantiene una operación petrolera y, según los propietarios, alrededor del 70% de la compañía está hoy en manos de ciudadanos estadounidenses por las herencias cruzadas tras 17 años.

El gobernador del estado Zulia, Luis Gerardo Caldera, aseguró desde la 8va Expo Petrolera que los casos ya estaban sobre la mesa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Luigi Pisella, presidente de Conindustria, integra la comisión encargada de revisar los activos. Hasta ahora, los empresarios reportan promesas de avance pero sin un procedimiento concreto de restitución.

Para los antiguos empresarios, la oportunidad económica es concreta. La recuperación de producción requerirá mucho más que capital: hará falta reconstruir infraestructura, modernizar equipos y recuperar conocimiento técnico en campos maduros del Lago de Maracaibo. El capital humano que aún conserva la zona —trabajadores que conocen las rutas del lago, las embarcaciones y la actividad petrolera— es parte de lo que quieren recuperar.

Qué significa esto para tu startup

El episodio venezolano no es ajeno al ecosistema founder. Ilustra tres patrones que se repiten en cualquier apertura de mercado tras una etapa de control estatal:

La seguridad jurídica no se resuelve derogando una ley, sino creando un procedimiento de transición. La nueva Ley de Hidrocarburos eliminó el marco que sustentó las expropiaciones, pero no definió cómo revertir ocupaciones de 17 años. Para un founder que evalúa entrar a un mercado post-estatización (energía, telecomunicaciones, infraestructura en LATAM, África, sudeste asiático), la pregunta clave no es si el marco legal cambió: es si existe un mecanismo administrativo concreto para resolver títulos, propiedad y pasivos preexistentes.
Los activos "abandonados" suelen tener dueños vivos y organizados. Los 72 expropiados de 2009 llevaban 17 años esperando; cuando llegó la apertura, ya estaban agrupados y con representación institucional (Conindustria, Asamblea Nacional, Gobernación del Zulia). Cualquier deal que ignore a esos actores previos enfrenta un riesgo legal y reputacional enorme. La lección: en aperturas de mercado, el due diligence de propiedad no termina en el catastro.
El capital humano local vale tanto como el capital financiero. NABEP produjo su salto de 18.000 a 200.000 barriles diarios con una inversión de US$1.000 millones en dos años — pero apoyándose en infraestructura, técnicos y conocimiento operativo que ya estaba en el Lago de Maracaibo. Para founders en sectores de infraestructura, energía o manufactura avanzada, el mensaje es directo: la velocidad de despliegue depende de quién ya está en el territorio, no solo de cuánto dinero entra.