No FLOCK Act: 10% de fondos federales en juego por Flock

El No FLOCK Act pone 10% de fondos federales en juego

Los congresistas Raja Krishnamoorthi (Demócrata por suburbios de Chicago) y Michael Cloud (Republicano por un distrito de Texas que incluye Corpus Christi) presentaron el 16 de septiembre de 2026 el No FLOCK Act, una propuesta bipartidista que ordena al Secretario de Transporte de EE.UU. retener el 10% del apoyo financiero federal anual para carreteras y puentes de cualquier estado que no restrinja el uso de las cámaras de Flock Safety y de otros lectores automatizados de placas (ALPR). Si la ley se aprueba este año, los estados que no cumplan empezarían a perder desde decenas hasta cientos de millones de dólares anuales en fondos de transporte a partir de octubre de 2028, según reportó WIRED.

La ley solo permitiría cinco usos de las cámaras: cobro de peajes, identificación de vehículos robados, localización de personas desaparecidas o en peligro, rastreo de vehículos registrados a personas con orden de captura por un delito grave (felony) e investigación de vehículos involucrados en un delito grave. Quedan explícitamente fuera los estudios de tráfico, la investigación de delitos menores de drogas, la fiscalización de estacionamiento y las multas de velocidad.

Es la primera vez que el Congreso de EE.UU. ata directamente un recorte de fondos federales —el mismo mecanismo que usó para imponer la edad mínima de consumo de alcohol o las reglas de DUI— al despliegue de una tecnología de vigilancia operada por una empresa privada. Y llega cuando el tema se ha vuelto tóxico a nivel nacional: el 16 de septiembre, Ars Technica reportó que la legisladora de Texas y el gobernador Greg Abbott acaban de ordenar a las agencias estatales dejar de financiar la red Flock.

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La escala del mercado que está en juego

El tamaño del negocio en riesgo es considerable. La ACLU estima que Flock Safety opera hasta 100.000 cámaras en todo EE.UU., y la propia empresa dice que más de 7.000 agencias de seguridad las utilizan, según el Chicago Sun-Times. En Texas, una investigación del Texas Tribune reveló que la Motor Vehicle Crime Prevention Authority ayudó a instalar al menos 3.200 cámaras Flock desde 2023, y el Department of Public Safety añadió casi 1.200 más bajo un contrato de US$15,9 millones. Gran parte de ese dinero salió de una ley de 2023 que añadió US$1 a las pólizas de seguro de auto para combatir el robo de convertidores catalíticos, fondos que los legisladores dijeron nunca fueron discutidos para vigilancia.

Un oficial de policía de Lufkin, Texas, enfrenta 100 cargos por supuestamente vigilar a 11 personas con el sistema, y al menos seis departamentos texanos tienen oficiales suspendidos o bajo investigación, reportó Yahoo News citando al Texas Tribune.

Flock, con sede en Atlanta, no respondió de inmediato a la solicitud de comentario sobre el No FLOCK Act. Su CEO, Garrett Langley, dijo en una entrevista en Fox News que los estadounidenses deberían buscar un "compromiso" sobre privacidad, sugiriendo que quienes plantean el debate como una elección entre privacidad y seguridad "están priorizando lo incorrecto". La empresa asegura haber asistido en más de un millón de investigaciones y miles de casos de personas desaparecidas, pero al menos 56 agencias han cancelado sus contratos con Flock en los últimos meses, reportó Palo Alto Online.

Por qué el modelo de Flock se rompió (y qué lo detonó)

El negocio de Flock no es solo vender cámaras: es operar una base de datos nacional donde las consultas se comparten entre departamentos. Ese diseño es lo que hace la red poderosa para perseguir vehículos robados, y lo que la hace tóxica cuando un oficial decide abusar del sistema.

Casos documentados en los últimos meses, según Newsweek, incluyen oficiales acusados de acosar a exparejas en Tennessee, un oficial bajo investigación en Arizona, y registros de uso indebido en múltiples estados. En Grand Rapids, Michigan, una búsqueda quedó registrada con el motivo "orden de deportación" en el sistema Flock del departamento, y en Menlo Park, California, una auditoría de 214.147 búsquedas externas encontró que el 0,33% (~700) incumplían la política departamental. En Illinois, una auditoría de la Secretaría de Estado descubrió que datos generados en Illinois fueron accedidos por agentes federales de inmigración y por funcionarios que monitoreaban abortos, según el Chicago Sun-Times.

La presión regulatoria se está acumulando desde varios flancos. El senador Bernie Sanders prometió legislación federal para detener lo que llamó "vigilancia masiva con IA", y un proyecto paralelo en el Congreso busca directamente prohibir el uso de fondos federales para comprar cámaras Flock, según WIRED. La ACLU y el NYU Policing Project estiman que unos 25 estados y territorios ya tienen leyes sobre ALPR, pero pocas limitan los tipos de uso permitido. Al menos cinco republicanos (Burchett, Massie, Perry, Self, Crane, Clyde) han presentado proyectos propios en los últimos meses.

El momento político es incómodo para la empresa: el presidente Donald Trump expresó su apoyo a las cámaras Flock el domingo previo a la presentación del proyecto, y Flock ya contrató una quinta firma de lobby en Washington en los últimos 18 meses, según registros federales citados por WIRED.

Qué significa esto para tu startup

Si tu startup toca alguno de estos verticales, el caso Flock es un riesgo operativo real, no una noticia curiosa:

Visión por computadora y edge AI: cualquier piloto con ciudades, departamentos de policía o DOTs queda expuesto a cláusulas de cumplimiento que ahora se endurecerán. Los contratos empezarán a exigir logs auditables, geofencing estricto y cláusulas explícitas de no-compartir con agencias federales.
Smart cities y GovTech: el modelo de negocio basado en datos de movilidad compartida entre agencias —que varios proyectos han promocionado como "intelligence layer" municipal— está bajo presión regulatoria. Auditar a quién le llegan tus datos ya no es opcional.
Privacidad, compliance y legaltech: hay una demanda concreta de herramientas que automaticen auditorías de ALPR, redacción de políticas de uso aceptable y cláusulas contractuales para clientes de seguridad pública. Es un nicho subatendido y de alta urgencia.
Movilidad y datos de tráfico: si tu modelo depende de Uber drivers o flotas crowdsourced para capturar placas (Fock ya exploró ese esquema), tu roadmap regulatorio necesita una capa legal seria antes de salir a producción.

Tres acciones concretas que puedes tomar esta semana

Mapea tu exposición contractual. Si trabajas con alguna agencia de seguridad pública en EE.UU., revisa si tu contrato te expone a cláusulas sobre ALPR, biometría vehicular o data sharing interestatal. Pregúntale a tu cliente si tiene plan de cumplimiento para el No FLOCK Act: aunque la ley no se apruebe, el cambio de tono regulatorio ya está aquí y va a permear a los RFPs municipales.
Construye un audit trail por diseño. Las ciudades y condados ya están exigiendo logs consultables de cada query a sus bases de datos. El caso de Menlo Park (auditoría trimestral de más de 100.000 búsquedas) será estándar en 18 meses. Diseña tu sistema con logging inmutable desde el día uno, no como feature a futuro.
Diversifica el pipeline de GovTech. Si tu cliente promedio depende de fondos federales de transporte, modela un escenario donde ese 10% desaparece. Los departamentos que dependen de matching grants federales son los primeros en recortar innovation budgets cuando el flujo cae, y los siguientes en cancelar contratos de vigilancia.