Data centers: 38 de 44 medidas ganan en EEUU

¿Por qué el rechazo a los data centers se volvió mayoría electoral?

Las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre dejaron a los demócratas con el control total del Congreso de Estados Unidos y a los republicanos en la Casa Blanca, un escenario de gobierno dividido que, según TechCrunch, anticipa un choque mayor por los data centers. El dato que explica por qué: según el sondeo a boca de urna de NBC citado por la fuente original, casi el 80% de los votantes se opone a que se construyan data centers en su barrio y casi el 60% dijo que el tema fue un factor crucial o importante en su voto.

No fue solo retórica de campaña. La consultora Redbud Consulting contabilizó 44 medidas en 10 estados orientadas a restringir data centers: 38 se aprobaron, según reportó Ars Technica. La mayoría son moratorias y prohibiciones locales. El impacto no será inmediato —los analistas citados por Ars Technica señalan que no afectan a los proyectos ya en construcción o aprobados hasta 2027, sino sobre todo a los previstos para 2028— pero marca el tono de lo que viene.

Time añade otra capa: los demócratas gastaron más de US$100M en avisos que vinculaban a sus rivales con Big Tech y los data centers, y ganaron en varios de esos distritos, incluidos Ohio, Kansas e Iowa. También se aprobaron prohibiciones y moratorias en condados como Edgewater (Florida) y Bloomington (Illinois), y los alcaldes de Piqua (Ohio) y Yukon (Oklahoma) fueron revocados por su apoyo previo a proyectos de data centers.

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El detalle que mejor retrata el ánimo: una encuesta comparativa de la firma progresista Blue Rose Research, citada por Time, encontró que los estadounidenses preferirían vivir cerca de una prisión, una clínica de metadona o una central nuclear antes que de un data center de IA.

¿Qué estados frenan el buildout y cuáles pesan más?

Texas es el caso más relevante. La demócrata Gina Hinojosa ganó la gobernación con una campaña centrada en oponerse a los data centers y una promesa de moratoria estatal. Según Axios, citado por Ars Technica, Texas iba a concentrar más del 41% de la capacidad de data centers agregada en 2028. Bloomberg estimó que unos 13 gigawatts de capacidad quedan expuestos, y el analista Gordon Johnson, de GLJ Research, advirtió que los proyectos que ya tienen «energía, permisos y acero» siguen, pero los que tienen energía sin permisos ambientales estatales se retrasan 12 a 18 meses.

En Ohio, la fuente original recuerda que OpenAI apuntó a un data center de US$500.000M respaldado por más de US$100.000M en financiamiento de Nvidia, y que el condado donde Meta planeaba una instalación de 700.000 pies cuadrados acaba de aprobar una prohibición. Morgan Stanley anticipa que la gobernadora electa Amy Acton será un riesgo relevante para el buildout del estado.

En Virginia, la fuente original la describe como la capital mundial de los data centers. Según el resumen del presidente de la comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes citado por TechTimes —cifras que ese medio aclara que no fueron verificadas de forma independiente—, el condado de Loudoun recaudó US$1.100M en impuestos de data centers, cerca del 40% de su fondo general.

¿Por qué la factura eléctrica moviliza más que el argumento ambiental?

El punto que convierte el rechazo estético en política concreta es el costo de la energía. Según TechTimes, los precios residenciales de electricidad en Estados Unidos subieron cerca de 11,5% entre fines de 2024 y noviembre de 2025, y los data centers ya consumen alrededor del 4,4% de la electricidad del país. El Lawrence Berkeley National Laboratory proyecta que esa participación casi se triplicará, hasta 6,7%-12% en 2028.

Las proyecciones de costo son el verdadero motor del enojo: un informe de ICF citado por Brookings estima que las tarifas residenciales podrían subir 15% a 40% hacia 2030 sin nuevas reglas de asignación de costos, y el NRDC proyectó que los hogares del territorio de PJM —13 estados— podrían pagar US$70 más por mes hacia 2028, con un costo acumulado de US$100.000M a US$163.000M hacia 2033.

La respuesta legislativa ya empezó: la Cámara aprobó el 16 de septiembre la Ratepayer Protection Act por 417 votos contra 3, la votación más despareja en la historia del Congreso en materia de IA, según TechTimes. El proyecto obliga a los data centers que consumen 100 MW o más a cubrir el costo incremental de la infraestructura de red que disparan. Su límite es estructural: usa el mecanismo de la Sección 111(d) de PURPA, que obliga a las comisiones reguladoras estatales a considerar el estándar, no a adoptarlo. Virginia, Oregon, Ohio y Oklahoma ya tienen normas equivalentes.

¿Qué se viene: moratorias, permisos o más fricción?

La fuente original menciona dos proyectos que ganan terreno con el Congreso en manos demócratas: la moratoria nacional que impulsan Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, y la GRID Savings Act del senador Martin Heinrich, que impediría trasladar a las comunidades los costos de infraestructura de red. Cualquier ley enfrenta, igual, el veto presidencial.

Goldman Sachs proyecta retrasos de construcción en estados como Georgia y Texas por las ganancias demócratas, según la fuente original. Libby Cantrill, responsable de política pública de PIMCO, lo resumió así para Ars Technica: «incluso si no resultan moratorias estatales, esperamos ver mucha más arena en los engranajes del buildout de IA».

La industria ya reacciona. Según Axios, citado por Time, OpenAI prepara una ofensiva de política y comunicación que incluye rebautizar los data centers como «AI compute campuses», y Meta está armando un equipo bipartidista. Mientras tanto, Scott Singer, del Carnegie Endowment for International Peace, advierte en Time: «si el Congreso está bloqueado, lo que pase en California va a gobernar la IA para Estados Unidos y el mundo».

¿Qué significa esto para tu startup?

Cuatro consecuencias concretas, más allá de la política estadounidense.

Modela el riesgo de cómputo en tu roadmap. Si dependes de capacidad en EE.UU., los proyectos con permisos ambientales pendientes son los más expuestos a retrasos de 12 a 18 meses (GLJ Research vía Ars Technica). Antes de comprometer capacidad para 2028, pregunta a tu proveedor en qué estado está el proyecto y si ya tiene permisos.
Prepárate para energía más cara. La tendencia regulatoria es que el gran consumidor pague su propia red. Eso sube el capex de los hyperscalers y, tarde o temprano, el precio del cómputo. Si tu margen depende de inferencia barata, conviene fijar contratos largos ahora o diversificar proveedores.
Hay mercado en la fricción. Transparencia de consumo de agua y energía, software de permisos, gestión de relación comunitaria y divulgación de sitios son necesidades nuevas y con presupuesto. La fuente original documenta el caso de Amazon en Gilroy (California), donde construyó un data center amparado en una ordenanza de zonificación de 45 años y con acuerdos de confidencialidad firmados por funcionarios locales: ese vacío de información es exactamente el tipo de problema que una startup puede resolver.
Si operas infraestructura en LATAM o España, el guion ya está escrito. El rechazo no es a los edificios, sino a la IA y a la falta de voz de las comunidades, como resume la fuente original. Adelantarte con divulgación y consentimiento local es más barato que enfrentar una moratoria después.

Conclusión

El resultado electoral no cambia la demanda de cómputo, pero sí encarece y demora la oferta. Para un founder, la lectura útil no es política sino operativa: el costo de la energía y el permiso social pasaron a ser variables de tu plan de infraestructura, igual que el precio del silicio. Las startups que internalicen eso antes van a tener una ventaja silenciosa sobre las que sigan asumiendo que el cómputo estará donde y cuando lo necesiten.